El Congreso rechaza de nuevo el déficit del Gobierno y aprueba retrasar Verifactu
Los objetivos de estabilidad han recibido los votos en contra de PP, Vox y Junts. El Gobierno ahora elaborará sus cuentas reservándose el desvío del 2,1% del PIB y sin permitir a las comunidades incurrir en números rojos
Dos votaciones y un vacío legal: ¿qué pasa con los Presupuestos si el Congreso tumba de nuevo el déficit del Gobierno?
El Congreso ha rechazado, por segunda vez consecutiva, los objetivos de estabilidad del Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Por otro lado, ha aprobado el retraso de la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos, al 1 de enero de 2027.
La vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido el “importantísimo respaldo financiero” que suponía la senda de déficit rechazada (2,1% del PIB en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028), que permitía a las comunidades autónomas un desvío del 0,1% durante los tres ejercicios, lo que permitía un mayor margen de gasto para las regiones por valor de 5.500 millones de euros.
El debate de este jueves parecía un ‘déjà vu’, ya que se repitieron los mismos argumentos que hace dos semanas, cuando la Cámara baja consideró por primera vez los objetivos de estabilidad del Ejecutivo.
“Esta senda de déficit va a representar un importantísimo respaldo financiero para las comunidades locales, las entidades locales y, en definitiva, para los servicios públicos garantes del Estado del Bienestar”, ha dicho la ‘número dos’ del Gobierno.
El Ejecutivo ha asegurado que tumbar esta senda –que ha contado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y las abstenciones de Podemos y Compromís–, no bloquea la elaboración de las Cuentas Públicas. Pero sí abre un vacío legal sobre las reglas fiscales a aplicar. Esto es así porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo fija que los objetivos tengan que votarse en dos ocasiones, pero no explicita qué sucede si es rechazada en ambas ocasiones.
En el Gobierno argumentan que la decaída de este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. Así, sin objetivos en vigor, podría hacer sus Cuentas con lo acordado con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo a finales del año pasado. Estos son los números rojos que marca la senda: 2,1% en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y como ahí no se pactó un reparto por subsectores, en Hacienda señalan que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio.
Con todo, Junts ya ha advertido de que la negativa a los objetivos va aparejado al de las Cuentas Públicas. “Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”, ha remarcado el diputado neoconvergente Josep Maria Cruset.
Verifactu, retrasado hasta enero de 2027
Por otro lado, el Gobierno también ha conseguido el visto bueno del Congreso al Real Decreto-Ley aprobado la semana pasada para permitir a las entidades locales y comunidades autónomas invertir el superávit de 2024 en inversiones financieramente sostenibles. En esta norma, el Ejecutivo integró el retraso de la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y hasta el 1 de julio de ese mismo año para los autónomos.
La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de ‘huella digital’ para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de mes que el Consejo de Ministros aprobaría un Real Decreto-Ley con varios compromisos pendientes de cumplir con Junts. Entre ellos, el retraso de esta obligación, que había sido un reclamo de las patronales catalanas.