Tensión de los servicios públicos y herederos millonarios: hora de hablar de impuestos
Recibe Contraoferta en tu correo – Apúntate para que te enviemos cada semana las claves de cómo afecta la economía a tu día a día
Estamos volviendo a escuchar la matraca recurrente en los últimos años sobre la sostenibilidad de las pensiones, amplificada por el último informe de la OCDE que advierte de la presión financiera que supondrá la inminente jubilación masiva de los baby boomers. Un día abordaré con detenimiento ese “desguace” narrativo del sistema público de pensiones, pero hoy creo que es necesario abrir el foco. Quedarse solo en el debate de las nóminas de los jubilados es un error: la realidad que se avecina es mucho más compleja.
España está a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes, consolidándose como el tercer país con mayor esperanza de vida (84 años) y el quinto más envejecido de la UE. Seremos más y viviremos más tiempo, lo cual es un éxito social, pero plantea un reto mayúsculo.
Vivir más no siempre significa vivir mejor. Un reciente informe del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) nos recuerda que, a partir de los 65 años, más de la mitad del tiempo se transita con algún tipo de discapacidad, una realidad que golpea especialmente a las mujeres. Esto anticipa una presión sin precedentes de las costuras del sistema de servicios públicos.
Estamos viendo ya las largas listas de espera en la sanidad pública, las urgencias saturadas en varias comunidades y un sistema de dependencia que no llega a todos: el último informe del Observatorio Estatal señala que más de 280.000 personas dependientes están esperando para ser valoradas o recibir su prestación, y que más de 150.000 personas no reciben el servicio que ya tienen reconocido por derecho.
La AIReF pone cifras a este desafío: calcula que el gasto público crecerá casi cuatro puntos hasta 2041 (del 44,7% al 48,4% del PIB), impulsado no solo por las pensiones, sino muy especialmente por el gasto sanitario y los cuidados a largo plazo.
Ante la pregunta del millón —¿quién va a pagar todo esto?—, surgen aliados inesperados. La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBESS), que es una especie de sucursal de la patronal catalana Fomento del Trabajo en Madrid, ha propuesto un pacto social para esta España de los 50 millones, reconociendo la necesidad de la inmigración para sostener la estructura económica. Es una señal de que incluso el capital empieza a ver las orejas al lobo demográfico.
Pero la inmigración no basta. Es inaplazable un debate profundo y un gran pacto de Estado sobre la financiación de los servicios públicos, de la misma envergadura que otros grandes acuerdos económicos, como los Pactos de la Moncloa (1977), o el Pacto de Toledo sobre pensiones de 1995 (pero sin trampa).
Aquí es donde entra la fiscalidad. Aunque la presión fiscal ha subido en España en los últimos años, de los datos de la OCDE se desprende también que nuestra recaudación sigue por debajo de las grandes potencias europeas. El camino está marcado en el olvidado Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, que el Gobierno encargó a un grupo de expertos en 2022: aumentar la progresividad del IRPF, limitar los beneficios fiscales para elevar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas, repensar la imposición patrimonial y desplegar de una vez la fiscalidad verde, donde España sigue a la cola de Europa.
No se trata de freír a impuestos a la clase media, sino de equiparar nuestro esfuerzo fiscal al de los vecinos con los que queremos compararnos en servicios. Los datos demográficos están tan claros hoy como lo estaban los indicios del actual drama de la vivienda (boom demográfico y desplome de la oferta de vivienda social, tanto de compra como de alquiler). No podemos permitirnos ignorarlos hasta que el sistema colapse.
El dato
66%
Es el porcentaje de ultrarricos españoles (cuyo patrimonio supera los 1.000 millones de dólares), que lo son por herencia, según el informe Billionaire Ambitions Report 2025, que elabora UBS. En España hay 32 ciudadanos con megafortunas, ocho más que un año antes. Entre ellos acumulan unos 213.100 millones de dólares (unos 183.000 millones de euros), un 21,5% más que el ejercicio anterior. Amancio Ortega a concentra más de la mitad de este patrimonio (124.000 millones de dólares). El fundador de Inditex es un ejemplo de rico hecho a sí mismo, que son una minoría. El banco suizo calcula que más de 162.000 millones de dólares se transferirán a los sucesores en los próximos 15 años. En el mundo, este año se registró el volumen de transferencia de riqueza más importante en los once años que se produce este informe, con 91 herederos que recibieron un récord de 297.800 millones de dólares.
Resulta más oportuno que nunca plantear el debate sobre cómo tributan las grandes fortunas para incrementar su contribución al bienestar general. La brecha de la desigualdad sube en el mundo porque los ultrarricos progresan más rápido, advierte el Laboratorio Mundial de las Desigualdades (WIL, en sus siglas en inglés), publicado este miércoles. Recuerda que mientras la mitad de los adultos del mundo viven con unos 425 euros mensuales de media, el 0,001 % más rico (unas 56.000 personas) recibe 10.000 veces más.
La riqueza está todavía más concentrada que los ingresos. El 10% más rico posee tres cuartas partes del total mundial, mientras la mitad de los habitantes de la Tierra sólo poseen el 2%. Los autores del informe subrayan que esta concentración no sólo persiste, sino que se está acelerando, porque la riqueza de los multimillonarios ha progresado desde la década de 1990 a un ritmo de aproximadamente el 8% anual, casi el doble que para la mitad más pobre de la población.
El gráfico
El crecimiento de la economía española está siendo poco equilibrado geográficamente. Vuelven las diferencias entre el norte y el sur. Todas las comunidades autónomas han recuperado su nivel de actividad anterior a la pandemia gracias al tirón de la demanda interna sostenida por el shock demográfico. Pero las previsiones de Funcas dibujan dos sendas de crecimiento. La primera incluye las comunidades del valle del Ebro, Islas Baleares y Galicia, con una tasa de paro reducida, una productividad elevada y con capacidad de atraer nuevo talento. Madrid y Catalunya se asimilan también a este grupo. En el sur peninsular y Canarias, en cambio, el paro sigue siendo elevado. Más allá de que se “priorice la inserción de los parados para sustentar el crecimiento y avanzar en la reducción de las desigualdades territoriales”, según Funcas, convendría una evaluación y replanteamiento de las políticas y los recursos destinados a la convergencia territorial.
No todo nos parece mal
Ebro ha celebrado el primer aniversario del inicio de la producción de vehículos en Barcelona, en las antiguas instalaciones que Nissan Motor Ibérica clausuró en 2021, con los deberes hechos y con buena nota. No solo ha cumplido con el compromiso de contratación que adquirió con los sindicatos y las administraciones en el acuerdo de industrialización –1.000 empleados–, sino que acaba de lanzar el nuevo modelo s900, un todoterreno híbrido enchufable llamado a ser el buque insignia de la marca. El grupo, que preside Rafael Ruiz, confía en alcanzar el umbral de rentabilidad este 2025. Ebro EV Motors produce gracias a la alianza con el gigante chino Chery, en la que la empresa catalana tiene la mayoría de la joint venture, con el 60%. De momento, una historia de éxito.
Tipos (y tipas) de interés
François Marciano
François Marciano, director general de Duralex. ¿Por qué es interesante? En realidad, es un reconocimiento a todos los trabajadores de esta emblemática empresa francesa de vasos y platos situada a las afueras de Orleans, a orillas del Loira, que ha logrado superar la quiebra gracias a la movilización popular y al compromiso de sus trabajadores.
Duralex celebra este año su 80 aniversario y es una cooperativa desde hace algo más de 18 meses, cuando, tras años de crisis, 180 de los 243 trabajadores la adquirieron para que no desapareciera y presentaron un plan de viabilidad ante el juzgado mercantil. Se encontraba en el cuarto concurso de acreedores en 20 años y Marciano, que es nieto de un soplador de vidrio y se incorporó en 2016, fue quien sugirió la operación a sus compañeros y quien la supervisó. Hace un mes y medio, a principios de noviembre, solicitaron un crowdfunding de 5 millones de euros para asegurar el futuro inmediato de la fábrica de vidrio y en menos de seis horas alcanzaron su objetivo. En 48 horas, la cantidad total prometida superó los 19 millones de euros. Como cooperativa de personal, 5 millones de euros es el máximo que Duralex puede aceptar en inversión pública según las normas financieras. La inversión máxima se fijó en 1.000 euros. “Queremos involucrar al mayor número de personas posible, pero con casi 20 millones de euros prometidos, obviamente algunas personas se sentirán decepcionadas”, declaró Marciano.
Los políticos también han jugado su papel. La ciudad de Orleans adquirió el terreno y la fábrica por seis millones de euros, mientras que la región aportó un millón adicional. Otros bancos públicos y entidades financieras garantizaron el resto del capital necesario.
Desde que la empresa se convirtió en una cooperativa de personal, la facturación ha aumentado un 22% y espera alcanzar la rentabilidad en 2027. Un buen ejemplo de resistencia empresarial con colaboración pública.
Nos gusta la competencia
Estos artículos de otros medios me han parecido interesantes:
¿Qué significa un coche de lujo hoy en día? Rancheras Ford de seis cifras, Mercedes-Benz de nivel básico y un montón de vehículos eléctricos nuevos hacen que sea difícil determinar qué hace que un vehículo de alta gama sea tan especial. (Bloomberg)
Los planes de igualdad caducados dejan en el aire contratos millonarios de grandes empresas. Los planes de igualdad se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la Administración y las compañías españolas que aspiran a competir en el mercado público. El ejemplo más llamativo es la UTE entre Masorange y Telefónica por el megacontrato de ciberseguridad de la Administración General del Estado. Según datos de los propios sindicatos, de las 32.000 empresas que tienen la obligación de presentar estos planes en España, hay en torno a 12.000 que no cumplen con esta exigencia. (El Confidencial)
Una de las recetas de Mamdani: comprar en el súper municipal. El alcalde electo de Nueva York propone cinco tiendas piloto sin ánimo de lucro para ofrecer alimentos más baratos en una de las ciudades más caras del país. El plan genera grandes expectativas. (La Marea)
La inmigración suma: los datos demuestran que el efecto económico es netamente positivo. El 80% del crecimiento que se ha registrado en España entre 2019 y 2025, se debe a la población extranjera, según el Banco Central Europeo. Los datos del Banco de España, el Gobierno, la OCDE, la Comisión Europea y el FMI refuerzan esta idea. Pero las cifras esconden un desafío formidable: para los extranjeros, el reto es seguir adaptándose; para la sociedad española, mantener su capacidad de acogida con un discurso político cada vez más duro en las derechas. (El País)
¿La ola de megafusiones destruirá valor para los accionistas? Los consejos de administración deberían pensárselo dos veces antes de gastar decenas de miles de millones de dólares en una fusión cuando la IA pronto podría ayudar a las empresas a reducir costes y, con el tiempo, quizás incluso a aumentar los ingresos, las dos justificaciones habituales para las fusiones y adquisiciones arriesgadas. (The Economist)
Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más noticias económicas. Si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a [email protected].
¡Feliz semana!
