Un juzgado investiga al alcalde de Estepona por la concesión del restaurante de un edificio público a la novia de su hijo

Un juzgado de Estepona investiga a José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), una concejala y funcionarios del Ayuntamiento por la adjudicación pública del restaurante ubicado en las últimas plantas del mirador del Carmen, una torre ubicada a pie de playa en la que el Ayuntamiento gastó más de 16 millones de euros de dinero público.

En aquel momento la adjudicataria, Inversiones del Mar, S.L., acababa de ser creada y Nadia Odeh Núñez, su socia única y administradora, era la pareja de uno de los hijos del alcalde, quien proveyó de los 20.000 euros necesarios para constituir la fianza, según la investigación de la UDEF. García Urbano está citado a declarar ante el juzgado de instrucción 4 a finales de enero, según ha podido confirmar este medio.

La investigación tiene su origen en una denuncia por prevaricación y tráfico de influencias interpuesta por la Fiscalía Provincial a finales de julio. La denuncia da cuenta de un asunto desvelado por elDiario.es dos años antes, en julio de 2023. Basándose en criterios subjetivos, el Ayuntamiento adjudicó la explotación de tres plantas de la fastuosa torre, inaugurada poco antes de las elecciones de mayo de 2023, a una empresa sin experiencia en el sector (ni en ningún otro) y cuyo objeto social nada tenía que ver con la hostelería.

El canon a pagar por la empresa al Ayuntamiento era una bicoca: 27.000 euros anuales por 430 metros cuadrados, lo que arrojaba un precio mensual de 5,35 euros por metro cuadrado a pie de playa en un lugar privilegiado: las tres últimas plantas de la nueva torre en el barrio del Carmen. Cuando este medio desveló la adjudicación, los locales de la zona tenían un precio entre los 11 y los 20 metros cuadrados, entre dos y cuatro veces más, sin estar en la lujosa torre ni tener acceso al fabuloso mirador.

Al frente de la adjudicataria del restaurante estaba Nadia Odeh Núñez, quien por entonces era pareja de José María García Romero, uno de los hijos del alcalde. Inversiones del Mar se había constituido en noviembre, apenas seis meses antes. Al concurso solo concurrió otra empresa con una oferta idéntica en lo económico, y presentada justo a la hora de cierre. La adjudicación se basó en un criterio meramente subjetivo: la oferta de restauración del futuro restaurante.

Mirador del Carmen, en la playa de la Rada, en Estepona (Málaga) | N.C.

La empresa de Núñez se había creado en la notaría del propio García Urbano, y tenía como domicilio social el despacho en Málaga de Salvador Pedraza, concejal de confianza del alcalde. El domicilio coincide con otras sociedades patrimoniales del regidor.

La Fiscalía, que interpone la denuncia ante la “alarma social generada”, ha pedido que declaren como investigados el propio García Urbano y todos los miembros de la mesa de contratación: la concejala Ana Velasco (presidenta), el secretario, el interventor y dos técnicos municipales.

A través de un portavoz oficial, el Ayuntamiento insiste en que no hay “ninguna ilegalidad” ni “incompatibilidad” en el procedimiento de adjudicación del restaurante. “El alcalde no forma parte de ninguna mesa de contratación del Ayuntamiento, ni interviene en la elaboración de los pliegos ni en la selección de las empresas que resultan adjudicatarias; labor que llevan a cabo los técnicos municipales”, señala el Consistorio, que subraya que nadie impugnó.

20.000 euros puestos por el propio García Urbano

Dos años y medio después, la denuncia de Fiscalía incide en algunos de los aspectos revelados por la investigación de este medio y añade elementos que apuntalan la hipótesis de un presunto tráfico de influencias. Según su escrito, la adjudicación a una empresa “omitiendo los requisitos imprescindibles para contratar con la administración al carecer de solvencia económica y profesional” supone una “contradicción con el derecho ”inexplicable“, por lo que el fiscal concluye indiciariamente que sólo obedecía a la ”voluntad unilateral“, ”sobre todo cuando la socia única y administradora resulta ser o haber sido pareja del hijo del alcalde“.

El fiscal empezó a investigar en enero de este año, y pidió un informe al Grupo I de Blanqueo de la UDEF, que tiró del hilo del dinero necesario para la inversión, 22.000 euros de fianza. Y descubrió que el origen está en el bolsillo del propio García Urbano, quien “unos días antes de la fecha de consignación de la fianza” donó 20.000 euros a su hijo, para que este a su vez los traspasara a Núñez.

Cuando recibió la adjudicación para explotar una “actividad de restauración que responda a un proyecto turístico de calidad” (según el propio pliego), Núñez era perceptora del subsidio de desempleo, tenía apenas 1.600 euros en sus cuentas y su experiencia se limitaba a ser auxiliar de vuelos y trabajos en la recepción de algún hotel. Ni ella ni la empresa que crearon tenían experiencia alguna en el sector, hasta el punto de que sólo le cambiaron el objeto social a posteriori, cuando resultó adjudicataria. “Era evidente que la adjudicataria final carecía absolutamente de solvencia económica y profesional”, apunta el fiscal.

La otra empresa que pujó lo hizo en condiciones sorprendentes. Presentó la oferta sobre la bocina (en el último minuto), y con unas condiciones económicas idénticas a las de Inversiones del Mar.

La mesa de contratación, presidida por la concejala Ana Velasco (muy cercana al propio García Urbano) se decantó por Inversiones del Mar siguiendo criterios “meramente subjetivos”. Simplemente, le gustó más el detalle de la oferta culinaria de la empresa de la por entonces nuera del alcalde, que jamás había dirigido un restaurante. Esa oferta se basaba en una “carta de intenciones no acreditadas” donde un chef reconocido ofrecía una serie de menús.

Menos de un año después de recibir la concesión, Nadia Odeh Núñez vendió las participaciones de su empresa a un conocido empresario esteponero, cuyos negocios de restauración y ocio en la ciudad han florecido en los últimos años. Lo hizo a cambio de 30.000 euros, según constata la UDEF en un informe de finales de abril. El pliego prohíbe expresamente la cesión a terceros de la concesión sin autorización del Ayuntamiento.

La torre es la obra pública más cara nunca acometida por el Ayuntamiento: además del precio pagado por el terreno, la obra costó 16,3 millones de euros (incluyendo sobrecostes). La obra se adjudicó a Construcciones Bonifacio Solís (íntimo amigo y exsocio del alcalde). El proceso fue impugnado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, pero se desestimó sin que se evaluara nunca el fondo del recurso.

El edificio, llamado a ser el “faro cultural” de la ciudad, acoge una biblioteca de ocho plantas, una sala de exposiciones concertada con la Colección Carmen Thyssen y un conservatorio, además del restaurante con terraza y mirador.

Tres investigaciones simultáneas

Cuando se le cuestionó en el Pleno por la adjudicación del restaurante a la pareja de su hijo, el alcalde despachó el asunto en medio minuto: “Cuando está en el Registro Mercantil es que no hay nada que ocultar. El expediente está en el portal del contratante”, dijo entonces.

Esta nueva investigación al alcalde se suma a las que ya tienen abiertas sendos juzgados de Estepona y Córdoba. El primer caso apunta ya a juicio por malversación, que sería con jurado ante la Audiencia Provincial de Málaga, después de que el juzgado haya concluido que hay “indicios suficientes” de que el alcalde creó una “mera ficción” para contratar para el Ayuntamiento y pagar unos 5.200 euros de dinero público a una mujer con la que mantenía una relación de “amistad íntima” que nunca fue a trabajar.

El segundo caso se abrió en Córdoba después de que esa misma mujer viera como se archivaba en Estepona su primera denuncia, por acoso sexual, y acudiera entonces a interponer una denuncia por “violencia de género” ante un juzgado de Córdoba, donde reside. García Urbano se negó a declarar ante el juez, y fuentes cercanas al caso dicen ahora que la investigación está pendiente de nuevas diligencias.

El alcalde sostiene que estas investigaciones obedecen a una “campaña política y mediática” para dañar su reputación.

Lo cierto es que todas tienen orígenes distintos: la de acoso sexual (archivada) y la de violencia machista la interpuso inicialmente un policía local y luego la “amiga íntima” de García Urbano. La de malversación la abrió el juez de oficio, tras escuchar a esa misma mujer decir que el Ayuntamiento la contrató y que no hacía nada. Esta investigación está tan avanzada que el fiscal y las acusaciones (Vox y PSOE) ya han pedido que se le juzgue. Y por último, la de prevaricación y tráfico de influencias que ahora se inicia tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Provincial de Málaga, a partir de unos hechos desvelados por elDiario.es que corrieron como la pólvora por el municipio.

Hace años que algunas contrataciones municipales levantan sospechas en Estepona. Este medio también contó, hace ahora tres años, cómo el Ayuntamiento vendió a la empresa de un amigo y exsocio del alcalde varios locales a una cuarta parte de su valor real en un expediente bis, urgente, sin publicidad y desarrollado íntegramente en agosto. La presidenta de la mesa de contratación fue también Ana Velasco. El PSOE denunció ante Fiscalía, pero el fiscal decidió archivar la investigación.