El comisario del caso de acoso a la doctora Pinto denuncia que López Madrid ha intentado sobornarle

El comisario jubilado Jaime Barrado, encargado de investigar en sus inicios el caso de presunto acoso, coacciones y agresión a la doctora Pinto por parte de Javier López Madrid y el comisario Villarejo, ha denunciado ante la Guardia Civil que el empresario ha intentado comprarle. En esta ocasión, el yerno de Juan Miguel Villar Mir ha recurrido a otro comisario jubilado, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía Fernando Moré, para hacerle llegar la oferta a Barrado, quien ha entregado al instituto armado conversaciones de WhatsApp, audios de un encuentro y de una llamada telefónica. 

El caso de acoso de López Madrid a la dermatóloga pasó de ser solo un posible delito entre particulares a albergar una trama de corrupción policial. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el teléfono del empresario las evidencias de que había recabado la ayuda de destacados comisarios en activo de la Policía Nacional para destruir la investigación. Diez años después, López Madrid habría vuelto a recurrir a un policía corrupto, en este caso jubilado, para evitar que se celebre el juicio por acoso, coacciones y lesiones contra él y el comisario Villarejo, previsto para el próximo febrero. La Fiscalía solicita 13 años y dos meses de prisión para cada uno de ellos. 

Jaime Barrado y Fernando Moré son compañeros de promoción, pero apenas se habían tratado en su extensa carrera. El pasado mes de julio, Barrado fue advertido por un periodista de que circulaba la información de que había sido “comprado por López Madrid y su entorno”, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Sin embargo, no es hasta el 24 de septiembre cuando Moré se pone en contacto por primera vez con Barrado a través de un mensaje y le propone que se vean. 

En el acta de la denuncia, la Guardia Civil escribe: “Barrado espera saludar a un compañero de promoción también jubilado y se encuentra con la oferta de un intento de soborno para el tema de Elisa Pinto (…) Para asombro del denunciante, Fernando [Moré] manifiesta que Javier López Madrid directamente le ha ofrecido unos 200.000 euros, que podrían llegar a 300.000 euros, con el fin de que actuase de la manera que le fuera posible para conseguir influencias frente a Elisa Pinto para lograr que no llegase a juicio siendo este señalado para la fecha 4 de febrero de 2026 en el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid”. 

El comisario que ha elegido López Madrid para el encargo del soborno, Fernando Moré, no es un policía cualquiera. Estuvo destinado como jefe del aeropuerto de Barajas y en 2017, ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, fue elegido para dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Moré siguió en el cargo con Fernando Grande-Marlaska hasta su jubilación, en 2022. 

Dos días después de la primera cita entre los comisarios jubilados se produjo una segunda. A esta, Barrado acude ya con una grabadora oculta. En el audio que reproduce elDiario.es, Moré le cuenta que sus clientes saben que tiene “ascendencia” sobre la dermatóloga y su abogada. “Lo que quieren es que tú suavices el tema”, añade More. A continuación, el ex jefe de la UDEF expone a Barrado el guion que debería recitar ante Pinto y su letrada. Debe decirles: “Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto”.

Barrado quiere dejar constancia de que Moré no actúa por iniciativa propia o incitado por terceros ajenos a López Madrid. El presunto autor del soborno ha mencionado a otro empresario, José María Fernández Ameneiro, y Barrado quiere saber por quién está intentando ser sobornado. “¿Tú has hablado directamente con López Madrid?”, le dice a su interlocutor. “Sí, sí. He hablado con él (…) Ayer le dije a Javier López Madrid: mira, Jaime necesita una compensación económica. Porque aquí todos mueven dinero menos nosotros”. Más adelante, Moré añade: “Me dijo, bueno, pues venga, yo estoy de acuerdo. No van a ser 3.000 o 4.000 euros. Porque eso no va, no se mueve. Y me dijo: qué te parece 20.000 euros… En efectivo, claro”.

Cuarenta y ocho horas después de esa reunión, el sábado 18 de octubre, Jaime Barrado acude a la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). Repetiría en dos ocasiones más para ampliar la denuncia.

El 22 de octubre, Moré vuelve a ponerse en contacto con Barrado. “Búscate un hueco mañana y tomamos un café”, le dice sin saber que su interlocutor ya ha denunciado el soborno. Después le llama por WhatsApp y le dice: “Ya tengo eso para ti (…) Te lo quiero entregar ya porque están muy nerviosos y tienen prisa”. 

A la mañana siguiente, Moré llama a Barrado y este graba la conversación. El comisario Barrado dice que está “mosqueado”, que cómo puede ser que la primera oferta fuera de 200.000 o 300.000 euros y en la segunda cita ya hubiera bajado a 20.000. Moré intenta decir que fue “un error” suyo, que él va a hacer factura de la operación. “Me voy a llevar menos que tú”, añade. 

Jaime Barrado, perseguido por el Ministerio del Interior en 2015 tras atreverse a investigar a Villarejo, aprovecha para desquitarse: “O es trampa o están las cloacas metidas de por medio y ya se han repartido lo que dé López Madrid entre el empresario Ameneiro ese, el Alberto Carba, el Gordo, tú…”. Y zanja el asunto: “No quiero volverte a ver”. El comisario amplía su denuncia con todo el material nuevo. La Guardia Civil envió las denuncias a Plaza de Castilla y el asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 34.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con todos los implicados en el presunto soborno. El comisario Fernando Moré enmarca su actuación en el acuerdo que supuestamente se está gestando entre los abogados de López Madrid y Pinto, una afirmación que fuentes de la defensa de la doctora niegan rotundamente. “El único acuerdo que alcanzaríamos pasaría por un reconocimiento de los hechos y una condena para los acusados”, aseguran a este medio. 

Moré asegura no recordar haberle dado indicaciones de lo que debía decir Barrado a la doctora y su abogada. Explica que conoce a López Madrid de hace unas semanas, cuando se lo presentó un amigo, el empresario Juan Carlos Ameneiro. “La idea fue mía. Intentaba conseguir un contrato de seguridad con López Madrid porque ahora hago trabajos de consultoría en seguridad”, ha explicado a elDiario.es. El ex jefe de la UDEF se considera “traicionado” por Barrado y asegura estar en un delicado estado anímico porque ya conocía la denuncia contra él. “Son más de 40 años de servicio manchados por una cosa sin importancia…”, añade.  

Por su parte, José María Fernández Ameneiro confirma que presentó al policía jubilado Fernando Moré y a Javier López Madrid. Este último es amigo suyo de hace años y necesitaba que un profesional practicara un “forensic” a su teléfono móvil. Ameneiro era a su vez amigo de Moré, quien tiene una empresa capaz de realizar ese estudio al teléfono, y puso en contacto a ambos. “Se vieron cinco minutos”, relata Ameneiro a elDiario.es.

El empresario amigo de López Madrid asegura tajante que este desconocía la supuesta oferta que Moré le hizo a Barrado, de la que responsabiliza por completo al ex jefe de la UDEF. Fernández Ameneiro añade que lleva meses negociando con la defensa de la doctora Pinto un acuerdo con autorización del acusado López Madrid. Este último no ha contestado a la llamada ni el mensaje que le envió este medio. En la actualidad Javier López Madrid es presidente de Ferroglobe y director ejecutivo del Grupo Villar Mir, entre otros cargos.

Diez años atrás: el origen del caso

La doctora Elisa Pinto acudió en 13 ocasiones a la comisaría del distrito de Chamartín, próxima a su domicilio, a lo largo de 2014 y 2015 para denunciar diferentes episodios de amenazas a ella y a uno de sus hijos. Era la época de la brigada política y Jorge Fernández Díaz en el Ministerio. La mujer no logró que la Policía hiciera nada. Por fin, el jefe de la comisaría entonces, Jaime Barrado, se hizo cargo personalmente del caso y citó a la doctora el 19 de mayo de 2015 para un reconocimiento fotográfico del hombre que la había pinchado en el costado, la segunda agresión con arma blanca que sufría la dermatóloga desde que se decidió a denunciar por acoso sexual a López Madrid, yerno de Villar Mir y amigo personal de Felipe VI.

En el reconocimiento en sede policial, la dermatóloga identificó “sin ningún género de dudas” a Villarejo –así consta en el acta- como el hombre que la asaltó, en presencia de su hijo de 10 años, y que la apuñaló en un costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. La doctora reconoció dos fotografías de Villarejo en diferentes épocas y entre una docena de instantáneas de hombres con aspecto similar. 

Barrado remitió el resultado del reconocimiento a los dos juzgados implicados entonces en el litigio de la doctora con López Madrid y al Ministerio del Interior. Aquella actuación le pasó una factura inmediata. El Ministerio del Interior se encontraba en pleno apogeo de la brigada política, con Jorge Fernández Díaz de titular e Ignacio Cosidó al frente de la Policía. Dos abogados próximos a Villarejo urdieron un montaje y la Dirección de la Policía suspendió de funciones a Barrado, un histórico en la lucha contra el crimen organizado. El Tribunal Superior de Justicia le terminaría dando la razón ordenando su restitución.

El juicio se celebrará el próximo febrero, más de diez años después, y es la mayor amenaza judicial para López Madrid, que también tiene pendiente dos causas de corrupción, una pieza de Púnica y otra del caso Lezo. Resultó exonerado, como el resto de los acusados, de la pieza principal por el rescate de Bankia, de la que era consejero. Pero fue condenado por las tarjetas Black, una pieza separada. 

Al trascender los gastos que había hecho con el plástico con un dinero que no era suyo, los reyes de España le escribieron en un chat que compartían los tres para arroparle, según los mensajes publicados por elDiario.es. Aunque López Madrid había intentado borrarlos, la UCO también los recuperó. En el intercambio, la reina Letizia se dirige a él como “compiyogui” porque hacían yoga juntos. 

Esos mensajes con el jefe del Estado y la reina eran parte de la causa que investigaba a la doctora por una denuncia que le presentó López Madrid después de que la mujer acudiera a la justicia. El caso contra Elisa Pinto fue archivado mientras que la causa contra López Madrid y Villarejo siguió adelante. 

Maniobras para retrasar el juicio

El juicio contra ambos debería haberse celebrado en septiembre y octubre de 2024, pero una maniobra ‘in extremis‘ de la defensa de López Madrid consiguió retrasarlo hasta el próximo febrero de 2026. Unos días antes de la fecha, el abogado de López Madrid alegó sin éxito que no había tenido tiempo de preparar un juicio cuya fecha se había fijado hacía diez meses. Al ser ignorado por el tribunal, el letrado presentó un parte médico por ansiedad que la jueza consideró motivo suficiente para aplazar la vista. 

Con esta maniobra, la defensa de López Madrid no solo lograba un aplazamiento de ese juicio, también conseguía que una segunda vista en la Audiencia Nacional, con los mismos acusados, idéntica víctima y mejor perspectiva para el empresario, se celebrara antes. López Madrid será juzgado a partir del próximo 12 de enero en el tribunal especializado por haber contratado a Villarejo cuando este era un funcionario de la Policía en activo. Los hechos por los que le contrató son los mismos del presunto acoso, coacciones y lesiones, pero en esta causa, una pieza separada del conocido como caso Villarejo, solo se juzgará el posible cohecho. 

La Audiencia Nacional viene absolviendo al comisario de ese delito en otras piezas porque considera que no utilizó su condición de policía nacional para los encargos que le hacían empresas del Ibex y particulares. Anticorrupción ni siquiera acusa en el caso de la contratación de López Madrid a Villarejo y todo puede acabar en una absolución que los acusados vendan como la prueba de que no existieron las amenazas ni la agresión. 

El entorno del poderoso empresario ya intentó difundir esa versión cuando la causa de la Audiencia Nacional fue archivada –y luego vuelta a abrir–pese a que esos hechos ni siquiera se investigan ahí. El acoso, las coacciones y la agresión con arma blanca serán juzgadas en la Audiencia Provincial en febrero, precisamente el juicio para el que López Madrid habría intentado sobornar al comisario Barrado con el objetivo de que no llegue a celebrarse.