Trabajo estudia activar la vía penal contra Uber Eats a principios de año por el abuso de falsos autónomos

El Ministerio de Trabajo baraja llevar a Uber Eats ante la Fiscalía a comienzos de 2026 por un delito de abuso de falsos autónomos si la multinacional persiste en su modelo de repartidores con contrato mercantil, según fuentes de este departamento. Es la última gran empresa que sigue usando mensajeros autónomos pese a la Ley Rider tras el cambio al modelo laboral anunciado este verano por Glovo, cercada por varias causas judiciales. 

En estos momentos, la Inspección de Trabajo está ultimando su investigación estatal sobre los repartidores de Uber Eats, conocida el pasado julio, cuya resolución se espera de manera inminente y que será clave para ver la reacción de la empresa y los siguientes pasos que tome el ministerio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Uber Eats funciona en estos momentos con un modelo híbrido, de mensajeros con contratos laborales subcontratados a través de “flotas” y también de repartidores autónomos. Aunque la plataforma de reparto de comida a domicilio abandonó los riders autónomos con la entrada en vigor de la Ley Rider, los recuperó un año después ante la insumisión de Glovo al modelo laboral al que emplazaba la nueva regulación.

Con la transición de Glovo el pasado julio, Uber Eats se quedó como la última gran empresa de repartos que opera con mensajeros autónomos y el Ministerio de Trabajo ya anunció que no toleraría que ninguna compañía se mantuviera “al margen de la ley”. Pese a todo, Uber Eats ha mantenido a los riders autónomos y ha defendido la legalidad de su modelo.

Ahora, además de la actuación de la Inspección por la vía administrativa, en el departamento de Díaz estudian ya la posibilidad de activar la vía penal contra Uber Eats, como se utilizó en el pasado contra Glovo y que ha sentado en el banquillo a su fundador, Oscar Pierre, en una causa judicial todavía abierta y en la que se enfrenta a pena de cárcel.

Hasta seis años de prisión

En el Ministerio de Trabajo siempre han insistido en que la vía penal es el último paso ante los incumplimientos laborales, pero también en que no cabe la insumisión a la ley por parte de ninguna compañía. Precisamente, la huida de Glovo del modelo laboral de la Ley Rider impulsó un cambio en el Código Penal por parte del Gobierno, aprobado en 2022, para perseguir el abuso reiterado de los falsos autónomos.

En concreto, el artículo 311 del Código Penal, que castiga varios delitos contra los trabajadores con penas de prisión de hasta seis años, incluyó uno más: “Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

Con Glovo, Trabajo acudió a la Fiscalía por su falta de respuesta a los requerimientos de la Inspección de Trabajo, mientras que en el caso de Uber Eats en el ministerio se plantean esta posibilidad por el mantenimiento en el tiempo de esas “condiciones ilegales”, indican estas fuentes.

El equipo de Yolanda Díaz insiste en que todas las compañías deben cumplir con el mandato de laboralidad de la Ley Rider, sin diferencias entre ellas, para lo que el Ministerio de Trabajo utilizará todas las herramientas posibles. Incluida la penal.