Una multitud sale a la calle contra la reforma laboral de Milei: «Es la destrucción de las conquistas del movimiento obrero»

Una multitud marchó a la emblemática Plaza de Mayo en rechazo del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno ultraderechista de Javier Milei. La concentración, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Çentral de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones sociales y políticas, rechaza una iniciativa que retrotrae las relaciones laborales a principios del siglo XX.

Con su política de ajuste desde hace dos años, Milei acelera el deterioro del mercado de trabajo y luego ofrece una flexibilización como solución al problema autoinfligido. El proyecto de reforma laboral, que este jueves se debatía en una comisión del Senado-, representa un fuerte retroceso en derechos adquiridos. Entre los puntos más polémicos figura el cálculo de las indemnizaciones por despidos: la fórmula no contempla las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Además, se establecen topes específicos: la base no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable, con un piso del 67% de ese valor.

A metros del escenario ubicado a espaldas de la Casa Rosada (sede de Gobierno), Elena Ferreyra, Secretaria de Asuntos Legislativos de la CGT, señala a elDiario.es que esta reforma apunta a destruir el modelo sindical y las conquistas laborales. “Como cualquier argentino o argentina sabemos que este proyecto es la destrucción del modelo sindical y de todas las conquistas del movimiento obrero. Nos perjudica más a las mujeres, que somos las que peor la pasamos en el ámbito laboral, que ganamos menos, que nos cuesta mucho más llegar a un cargo de conducción”.

El texto del Gobierno ultra transfiere tres puntos porcentuales de los aportes patronales de la Seguridad Social a un Fondo de Asistencia Laboral (FAL ) para financiar las indemnizaciones por despido. Es decir, se desfinanciará todavía más a la Agencia Nacional de Seguridad Social que paga las jubilaciones. Así, el Estado dejaría de percibir recursos que actualmente sostienen jubilaciones para financiar, de manera indirecta, indemnizaciones por despido del sector privado. El FAL actuará como un seguro para la empresa a la hora de despedir empleados.

Para el abogado laboralista Luis Ramírez, se trata de retrocesos en el nivel de protección del trabajador, tanto individual como colectivo. “Entre los aspectos más controvertidos están la jornada laboral flexible, con el trabajador y su vida condicionados por las necesidades de la producción; el abaratamiento del despido; el aumento del poder patronal con la legitimación de una discriminación salarial, con el salario dinámico, y `acordando` con el trabajador tiempo y época de las vacaciones”.

Es que el proyecto de reforma laboral incorpora el “salario dinámico”, que puede fijarse por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva. O sea, estaría condicionado a las necesidades de producción. Además, el texto fija la posibilidad de fraccionar las vacaciones por un mínimo de siete días.

Ignacio González, estudiante de Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, suma su voz para protestar contra la reforma. “Estoy acá para luchar contra la reforma laboral que está pensada íntegramente para una reducción de derechos. No otorga ni un solo derecho nuevo a los trabajadores y quita derechos adquiridos que tenemos desde mucho tiempo, como por ejemplo, la ampliación de la jornada: hacerte laburar más para cobrar lo mismo”.

El abogado Ramírez sostiene que el proyecto limita la realización de asambleas y huelgas y socava el poder sindical. “Esta reforma busca limitar el derecho de huelga al imponer los `servicios mínimos` que son disparatados, en casi todas las actividades y, al bajar el nivel de la negociación colectiva al nivel de empresa, el sindicato pierde capacidad de acción”.

Desde diciembre de 2023, cuando asumió el ultraderechista, hasta septiembre pasado se habían perdido 185.700 o 2,8% de los empleos formales registrados en el sector privado, según la Secretaría de Trabajo. En el segmento estatal, el porcentaje de descenso es similar. Según el último informe de Argendata, un sitio de datos sobre el país desarrollado por la organización Fundar, el 36% de los asalariados desarrolla tareas en condición informal. Cuando se suman los trabajadores independientes, el porcentaje asciende al 42%, lo que equivale a casi 9 millones de personas en situación de empleo informal sobre un total de 21,1 millones de ocupados. La distribución geográfica también marca profundas desigualdades. Las nueve de las doce provincias con mayor informalidad pertenecen al norte argentino, entre ellas Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Moisés Díaz Closas, quien vino a la concentración en Plaza de Mayo recorriendo 1200 kilómetros desde Catamarca, trabaja en una compañía de energía y es afiliado al sindicato Luz y Fuerza. “Como en toda la Argentina. Es muy complicado llegar a fin de mes. No podés recurrir a una tarjeta de crédito para financiar tu comida. Yo soy padre de familia. Costó mucho a los trabajadores lo que logramos adquirir, como la negociación de salarios dignos y hoy este Gobierno lo quiere sacar de un plumazo”.

El argumento del Gobierno de Milei es recortar aún más el costo laboral. De la Encuesta Nacional a Grandes Empresas, que resume los datos del Balance General de las principales 500 empresas que publica el Instituto Nacional de Estadisticias y Censo, se desprende un dato del que poco se habla: el costo laboral promedio entre 2010 y 2023 (último dato disponible) es de sólo 13%.

La reforma laboral, junto a la aprobación del presupuesto, son los dos objetivos con el que Milei quiere terminar el año. El presupuesto 2026 promete un renovado ajuste en áreas sensibles de la política pública. El proyecto elimina la pauta legal de inversión mínima del 6 % del PIB en Educación y reduce progresivamente el desfinanciamiento de la ciencia. Además, congela el bono extraordinario de jubilaciones, que se ubica en 70 mil pesos (48 dólares).

Si bien la Cámara de Diputados dio media sanción al presupuesto, también puso un freno a una polémica maniobra del Ejecutivo. El Gobierno había incluido un artículo para derogar dos leyes que fueron aprobadas este año a instancias de la oposición, luego vetadas por el presidente y posteriormente ratificadas por el Congreso. Se trata de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en la atención a las personas con discapacidades. La maniobra no prosperó: el Gobierno no consiguió el respaldo para derogarlas.

“Los únicos derrotados son los que dejan de luchar” decía un cartel en Plaza de Mayo cuando el ajuste golpea a los más vulnerables pero la calle se hace sentir.