Una redada en Ávila contra un fraude millonario en el IVA da con un taller ilegal de armamento

Una investigación de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de Policía Nacional, ha desarticulado una organización presuntamente responsable de uno de los mayores fraudes de IVA cometido hasta la fecha en el comercio de hidrocarburos, llegando a defraudar cerca de 300 millones de euros. En los registros se ha incautado dinero, relojes de lujo y activos financieros. Pero el hallazgo inesperado ha sido un taller clandestino de armas de guerra en un piso de Ávila.

Por el momento, se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, coches e inmuebles de lujo. Hay ocho personas detenidas a las que se imputan los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y, a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas.

La investigación arrancó hace dos años, a principios de 2023 cuando los agentes tuvieron conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales. Esto puso de manifiesto la existencia de dos operadoras petrolíferas que estaban incumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones fiscales –impago de IVA–. Tras las primeras pesquisas descubrieron que podría existir una única organización criminal detrás de ambas operadoras petrolíferas que estaban llevando a cabo estas operaciones ilegales que provocaban una gran preocupación del resto de empresas del sector de los hidrocarburos.

El entramado criminal ofrecía el producto a precios muy por debajo del valor habitual real del mercado fruto de los incumplimientos fiscales. Avanzadas las averiguaciones, comprobaron cómo esta red criminal podía vender el carburante incluso a precio inferior al de adquisición, es decir, realizando venta a pérdidas. Por un lado, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permitía ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias. Por otro lado, tampoco cumplían con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un pago compensatorio – el cual suponía además otro impago de alrededor de 40 millones de euros – en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen económico con el que poder ofrecer sus suministros.

Los investigadores comprobaron que esta red criminal contaba con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, técnica poco común en el sector, puesto que lo habitual es que contraten los servicios de terceras empresas. Además, esta organización tenía vocación de continuidad en esta actividad delictiva, ya que, fruto de los beneficios ilícitos obtenidos con el primer operador petrolífero, pudieron crear y dar de alta un segundo operador para continuar con la actividad criminal. Asimismo, llegaron a crear hasta un tercer operador petrolífero, con el cual comenzaron igualmente a operar fraudulentamente, si bien fue dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF) por la AEAT con celeridad impidiendo así que pudiera seguir extrayendo y vendiendo producto, motivo por el cual la cantidad defraudada por este tercer operador no llegó a alcanzar cuota de delito.

Estructura jerarquizada y testaferros

La organización tenía una estructura jerarquizada liderada en la cúspide por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial. Testaferros a los que pagaron alrededor de dos millones de euros En el último escalón se encontraban los trabajadores, de los cuales muchos de ellos desconocían la actividad criminal llevada a cabo. Por último, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros, a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y así figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrolíferos, llegando uno de ellos a percibir retribuciones de alrededor de dos millones de euros.

Una vez los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organización, se estableció un dispositivo policial el pasado día 2 de diciembre realizando nueve entradas y registros simultáneos –siete domicilios en Madrid y Ávila y dos oficinas en la capital madrileña–, donde se intervinieron más de 140.000 euros, 167 relojes de lujo valorados en unos dos millones de euros, y activos financieros que superan los 14 millones de euros. Además, se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama con un valor superior a los tres millones de euros y 46 inmuebles de más de cinco millones de euros.

Taller clandestino con armas y munición de guerra

En una de las viviendas ubicada en Ávila, los agentes encontraron un auténtico taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra. Se intervinieron 44 armas de fuego, algunas con el número de serie borrado y modificadas con silenciadores, munición de guerra y un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior.

Finalmente, se detuvo a ocho personas y se tomó declaración en calidad de investigadas a otras diez personas más, entre las cuales se encuentran los líderes de este entramado, como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. Hasta el momento se tiene constancia de que el fraude de IVA asciende a casi 300 millones de euros entre los años 2023 y 2024, resultando ser hasta el momento una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en este tipo de delito