El martirio de Mónica Oltra

“Nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad”, dice el juez Vicente Ríos. Y según su criterio, aquí no los hay. Ana María Lillo, la jueza sustituta de Ríos, comparte el argumento y ha vuelto a archivar la causa contra Mónica Oltra, acusada por la ultraderecha de encubrir abusos sexuales de su exmarido en un centro de menores tutelados. Un proceso penal que forzó su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. La destrucción de su carrera política es una de las claves para explicar cómo llegó a la presidencia el nefasto Carlos Mazón. 

“Los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna”, sostiene el fiscal, que también es muy contundente en su petición de archivar. Pese a todo, aún no ha terminado este proceso judicial. Tampoco tiene pinta de que este vaya a ser el punto final. Lo más probable es que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia revoque este tercer archivo y reabra otra vez esta pesadilla judicial. A pesar de la falta de pruebas, me temo que Mónica Oltra se acabará sentando en el banquillo de los acusados dentro de un par de años. Probablemente será absuelta. Para entonces, ya dará igual. 

Es un ejemplo casi perfecto de ‘lawfare’. Porque la regla número uno de este tipo de persecución política en los tribunales es que no importa el resultado: solo el proceso. Cuanto más dure, mejor. Lo de menos es la condena. La imputación, por sí sola, sirve para hundir cualquier reputación. 

Pero vayamos a los hechos. El exmarido de Oltra, Luis R. I., trabajaba como educador social en un centro de menores tutelados por la Generalitat Valenciana. Una de ellas le denunció en 2017 por abusos sexuales: la víctima entonces tenía 14 años. Ha acabado condenado a cinco años de cárcel. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2023. Hoy está encerrado en prisión. 

Quien impulsó como abogado la denuncia de esa menor en los juzgados fue José Luis Roberto, un trabajo que asegura que ejerció “de manera gratuita”. Es un conocido líder de la ultraderecha que fue secretario general de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne –los prostíbulos, por aclarar el eufemismo– y presidente del partido neofascista España 2000. 

Además de José Luis Roberto, formó parte de la acusación la agitadora ultra Cristina Seguí: cofundadora de Vox en Valencia, condenada por humillar a una niña víctima de violación. Ambos aprovecharon ese caso de abusos sexuales para atacar a Mónica Oltra y forzar la apertura de una segunda causa, a la que más tarde se sumó Vox. Es evidente que, si el acusado no hubiera sido su exmarido, jamás habrían aparecido por allí.

“Me la voy a follar sin tocarle un pelo”, llegó a tuitear Roberto, con la bravuconería habitual del fascismo. La jugada le salió: consiguió extender el caso hasta la Conselleria que dirigía Mónica Oltra, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la supervisión de esos centros de menores.

El 1 de abril de 2022, Oltra fue imputada. Dimitió dos meses después. 

El juez de instrucción que investigó las querellas contra Oltra fue Vicente Ríos, un magistrado riguroso y progresista, conocido por su contundente investigación del caso Emarsa, uno de los grandes escándalos de corrupción del PP valenciano.

Con el respaldo de la Fiscalía, en 2022 Vicente Ríos entendió que había indicios “racionales, serios y fundados” para pedir la imputación de Oltra, con el fin de investigar su posible responsabilidad. Basó esa decisión en la orden de la Conselleria de abrir un expediente informativo cuando ya estaba en marcha una investigación judicial –un expediente que cuestionaba la credibilidad de la menor–. Su sospecha era que Oltra había intentado obstaculizar la denuncia contra su ex.

Ese mismo juez de instrucción fue también quien tomó declaración como imputada a Mónica Oltra. Después de escucharla, de oír a otros testigos y de revisar correos y documentación, Vicente Ríos llegó a la conclusión de que Oltra era inocente.

El 2 de abril de 2024, este juez archivó la causa. Según su criterio, algunas de las decisiones que se tomaron en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas fueron “desacertadas”, “inútiles” o “redundantes” –como abrir ese expediente interno cuando la Fiscalía de Menores ya había abierto diligencias–. Fue una gestión mejorable, pero no delictiva, concluyó Ríos. Y añadió que no existe prueba alguna de que Mónica Oltra diera instrucciones a su equipo para torpedear esa denuncia.

El auto de archivo del juez Vicente Ríos –96 páginas– era profuso en detalles y argumentos, y de un alto nivel jurídico. Tenía, además, la credibilidad de proceder del mismo magistrado que había pedido la imputación de Oltra. Tras una investigación de dos años, el juez llegó a la conclusión de que la acusada era inocente y de que no existía prueba ni indicio alguno, ni siquiera, para llevarla al banquillo.

En circunstancias normales, el martirio de Oltra habría terminado aquí. Pero esta nunca ha sido una causa normal.

Las acusaciones ultras recurrieron el archivo. Y en junio de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó al juez Vicente Ríos reabrir la investigación. Lo hicieron en un auto de escasos seis folios, en el que ignoraron los argumentos de Ríos y ni siquiera se molestaron en rebatirlos.

Vicente Ríos cumplió esa orden y reabrió la investigación “por imperativo legal”, como hizo constar en ese auto; acatando la orden pero sin compartir el criterio. La instrucción se prolongó un año más y, en junio de 2025, Ríos la volvió a archivar. De nuevo, el juez insistió en que no existe “absolutamente ningún indicio” para llevar a juicio a Oltra. Es el mismo criterio que comparte la Fiscalía.

Las acusaciones recurrieron. Y quien ha decidido volver a archivar es otra jueza, Ana María Lillo, que está de suplente en el juzgado de Vicente Ríos –actualmente de baja laboral–.

Tras el sobreseimiento de esta jueza, lo siguiente está casi escrito. Las acusaciones volverán a la Audiencia Provincial, que muy probablemente insistirá en sentar a Mónica Oltra en el banquillo de los acusados: contra el criterio de la Fiscalía y de dos jueces de instrucción.

Esto, simple y llanamente, es una gran anomalía. No es moneda corriente en otros procedimientos judiciales. Y todo se entiende mejor cuando se sabe quién preside la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que es la que ordenó reabrir la causa. 

Este juez, clave en esta historia, se llama Pedro Castellano. Es un miembro destacado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. En 2009, los vocales nombrados por el PP en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentaron ascenderle a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia –el que decide sobre los aforados autonómicos–, un nombramiento que impidió Margarita Robles, entonces vocal del CGPJ. 

Castellano fue presidente de la Audiencia de Valencia y hoy preside la sección cuarta, la misma que dictó la polémica resolución que libró a 49 asesores y concejales del PP del caso Taula por el “pitufeo” de billetes de 500 euros para financiar ilegalmente una campaña de Rita Barberá. Según el singular criterio de este tribunal, no es lo mismo “dinero negro” que “dinero sucio”, y por tanto no había nada delictivo en recibir del PP dos billetes de 500 euros y volver a aportarlos al partido como supuesta donación personal. 

Esa misma sección de la Audiencia Provincial que preside Castellano fue también la que libró al PP de Valencia de otra derivada del caso Taula: la presunta financiación ilegal. Argumentaron que “no se sabe de dónde viene el dinero”, y que “bien podría ser una donación puntual”; 50.000 euros en una cuenta opaca del PP de Valencia.

La sección cuarta es también la que juzgó a Eduardo Zaplana por corrupción. En 2024, el exministro de Aznar fue condenado a diez años de cárcel, pero el tribunal decidió que por ahora siga en libertad, por no apreciar riesgo de fuga y porque la sentencia aún no es firme. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta decisión.

El teléfono del despacho de Pedro Castellano apareció en una agenda telefónica en papel que la UCO incautó de la casa de la familia Barberá –probablemente pertenecía a la exalcaldesa de Valencia– durante uno de los registros del caso Azud. El resto de los teléfonos de esa agenda manuscrita eran una auténtica demostración de poder: en ella figuraban varios otros magistrados de la cúpula judicial valenciana. 

Una de las conexiones clave es la de Fernando de Rosa. Expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Exvicepresidente y presidente en funciones del CGPJ, donde llegó nombrado por el PP. Conseller de Justicia con Francisco Camps. Senador y hoy diputado del Partido Popular.

En la agenda manuscrita encontrada en casa de Barberá no venía el nombre de Fernando de Rosa. Sí figuraba el móvil de su hermano, Alberto de Rosa, que ha sido durante años uno de los principales responsables de Ribera Salud, la empresa de la sanidad privada que gestionaba el polémico Hospital de Alzira, que el gobierno progresista del Botànic ordenó revertir. 

Aquella decisión del gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra salió muy cara a Ribera Salud –una empresa hoy de plena actualidad por su polémica gestión del Hospital de Torrejón, en Madrid–. Y Oltra después acusó a la familia De Rosa de estar detrás de su proceso judicial.

Había datos para sostener su acusación. La foto de un encuentro entre Francisco Camps, Alberto de Rosa y Cristina Seguí, la activista ultra que promovió su acusación. O que Ribera Salud contratara a la víctima de los abusos del exmarido de Oltra, y a su pareja, en el hospital de Torrevieja. O el testimonio de esta mujer, tiempo después.

En septiembre de 2022, medio año más tarde de que Oltra fuera forzada a dimitir, la denunciante de los abusos dio una entrevista al diario Levante-EMV. “Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada”, aseguró. Según la joven, ya veinteañera, Cristina Seguí le prometió trabajo y un piso en Madrid, algo que luego no cumplió. El empleo en el hospital de Torrevieja duró poco: ella y su pareja fueron despedidos cuando la Generalitat Valenciana recuperó ese hospital y dejó de estar gestionado por Ribera Salud.

Hace un año, esta mujer fue condenada a un año y ocho meses de cárcel por una estafa en Internet.

¿Y Mónica Oltra? ¿Qué hace hoy? Tras verse obligada a dimitir, volvió a trabajar como abogada. Sigue colaborando con su coalición, Compromís, pero sin capacidad de volver a la primera línea política. Quien fuera una de las dirigentes con más tirón y mejor valoración de toda la izquierda hoy sigue en dique seco. A pesar de este sobreseimiento, si la Audiencia Provincial fuerza el juicio, no podrá librarse de la mancha de este proceso penal hasta 2028. 

Como pronto, su martirio terminará seis años después de que fuera llamada a declarar.