València defiende que el contrato de un millón de euros para el servicio de l’Albufera impulsado por Vox es una asesoría «específica»

El Ayuntamiento de València defiende que el contrato de gestión para el servicio de l’Albufera es solo una asesoría específica y que tiene vocación de mejora del servicio. El consistorio niega la externalización del servicio Devesa-Albufera, dependiente de la concejalía que dirige el portavoz de Vox y que costará un millón de euros para dos años, y lo justifica en la falta de medios propios.

La Junta de Gobierno Local publicó en noviembre en la plataforma de contratación la propuesta para la gestión del servicio Devesa-albufera, por valor de medio millón de euros -IVA incluido- con carácter plurianual. Compromís recurrió al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), considerando que es una privatización encubierta, y el órgano administrativo acaba de paralizar cautelarmente el procedimiento.

En el informe remitido al TARC, donde propone que se desestime el recurso de Compromís, el consistorio defiende la necesidad de un contrato externo y su legalidad. El Servicio de Contratación, que dirigía entonces el concejal José Marí Olano, trasladó que las consideraciones del concejal Sergi Campillo son meras suposiciones políticas y no tienen fundamento alguno. Con todo, el edil, que es un abogado experimentado, realizó algunas consideraciones ante el supuesto de que el Tribunal considerara conveniente resolver sobre las cuestiones de fondo planteadas.

Marí Olano expone que se trata de un contrato de “asesoramiento específico” e incluirá “propuestas de mejora” e “informes puntuales”. “El contrato que se licita es precisamente para la consecución más eficiente de los objetivos del Servicio Devesa-Albufera, como elaborar planes concretos e informes técnicos que los avalen”, dice la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Lo justifica dada la insuficiencia de medios del Servicio de Devesa-Albufera, materializada en un informe del propio servicio, bajo la concejalía de Vox. “Los recursos humanos de que dispone el servicio no son suficientes para la elaboración específica de lo que se pretende y para la carga de trabajo que todo ello implica”, defiende el edil de contratación, que recalca que solo disponen de un profesor y tres técnicos para la gestión del servicio.

El consistorio niega que se vaya a emplear a una empresa para resolver expedientes: “En ningún momento se indica en el PPT que se realizarán informes para el ejercicio de potestad pública reservada a los funcionarios como es la resolución de expedientes administrativos”. La propuesta, continúa la resolución, “es solo eso, una propuesta de un programa para gestión, una planificación que solo se desarrollarán lógicamente si así son aprobadas por los órganos que las tienen atribuidas Junta de Gobierno y Delegación y con crédito presupuestario y con los informes correspondientes de los técnicos municipales y por los servicios de fiscalización requeridos, lo demás son presunciones de carácter político pero sin fundamento alguno”, censura en el escrito Marí Olano.

Lo que se contrata es un servicio de asesoramiento que se reflejará en esa propuesta de PGA lógicamente fundamentado con informe técnico por el contratista, que se incorpora en el objeto del contrato, subraya el responsable de Contratación, aunque reconoce que el objeto principal es el servicio de formación en materia medioambiental.

Resalta el edil, en un extenso escrito, que “es un asesoramiento específico administrativo, por ello se determina la necesidad de un programa capaz de dar respuesta a los objetivos y contenidos del mismo acompañado de los análisis, estudios o informes técnicos que las avalen, modelización de escenarios futuros para la planificación ambiental así como en su caso evaluación seguimiento y medición de las intervenciones en el medio natural, e incluirá propuestas de mejora en la gestión ambiental del Parque así como emisión de informes puntuales”. Y recuerda que hasta la fecha las actividades de educación o sensibilización se realizan a través de contratos menores o mediante convenio con entidades sin publicidad.

El concejal Campillo recurrió al TARC considerar que pretende una externalización del servicio y que se incumple la ley de contratos. Optó por el tribunal especial porque el contrato supone un montante importante de recursos públicos, que presenta defectos sustanciales y que causa perjuicio institucional y funcional concreto, pues altera la forma en que el Ayuntamiento ejecuta las políticas públicas sobre las que el concejal tiene derecho y deber de intervenir. El Ayuntamiento consideró que el concejal no estaba legitimado para interponer recurso, aunque el TARC ha admitido su solicitud y ha paralizado el procedimiento de forma cautelar.