Andalucía acumula casi un tercio de los crímenes machistas de 2025 en España: cifras, claves y negacionismos

Andalucía se ha convertido este año que nos deja en la comunidad autónoma con más mujeres asesinadas por violencia machista en todo el país, muy por encima del resto. A partir de los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a fecha del 23 de diciembre, se determina que 14 de las 46 víctimas (nada menos que un 30,4%) se encontraban en Andalucía.

“El negacionismo institucional es el caldo de cultivo perfecto para que no se implementen medidas más contundentes”, determina María Jesús Correa, abogada especialista en violencia de género, en conversación con este medio y en vista del aumento que hay con respecto al año anterior, cuando se registraron diez asesinatos. “Al final, estamos hablando de recursos, de inversión, y si no creen en el problema, para que haya más profesionales dedicadas a la atención a la víctima, remuneradas dignamente, con tiempo de calidad para dedicar a cada mujer, estaremos absorbidas por ese negacionismo sin poderlo evitar”, añade la experta apenas unos días después de que se hayan consumado en Sevilla nuevos recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer o los planes de igualdad en el acuerdo entre PP y Vox.

Correa pone un ejemplo claro: en las guardias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer hay una única letrada, “de manera que la atención a las víctimas en muchas ocasiones es rápida y precipitada”. En unas condiciones que podrían ser “muy mejorables”, Correa contempla que las trabajadoras son “fagocitadas por el sistema”, cuando es un asunto que se podría enmendar, entre otras cuestiones, con más inversión. “Lo único que hay que hacer es cumplir la ley, con perspectiva de género, con rotundidad y con celeridad. Le aseguro que habría menos asesinadas”, mantiene.

Falta de juzgados y servicios sociales

Más allá de la cuestión demográfica, Correa entiende que el aumento de casos de asesinatos machistas requiere de un análisis más profundo en el que se combinan varias aristas: “Habría que distinguir entre culpa y responsabilidad para entender por qué hay tantos terroristas de género matando mujeres”. Por una parte, considera que hay un nivel de tolerancia a la violencia “muy alto” y una normalización del “exterminio de mujeres a manos de hombres”, a la vez que una falta de responsabilidad institucional: la falta de juzgados con perspectiva de género, los operadores jurídicos con una especialización real, o la escasa prevención que se realiza en centros escolares, sanitarios y de trabajo, para que la percepción de riesgo sea mayor.

Por detrás de Andalucía, estaría Cataluña, con cinco víctimas y un volumen de población similar de 8 millones de habitantes, y, seguidamente, Madrid y la Comunidad Valenciana registraron cada una un total de cuatro decesos. En Málaga se investigan además las circunstancias de la muerte violenta de dos jóvenes, de 27 y 30 años. La estadística estatal constata que, de las 46 víctimas por violencia de género, en solo diez casos había una denuncia o más interpuestas contra el agresor y solo siete víctimas habían dado el paso por sí mismas para recurrir a los tribunales. “La atención debe ser social, jurídica y psicológica, pero sobre todo rápida, porque lo que las mujeres no tienen es tiempo que perder”, señala Correa, teniendo en cuenta que la revictimización que sufren las denunciantes les genera un rechazo hacia el sistema, donde “la Fiscalía brilla por su ausencia” al no obrar de oficio.

Este panorama despertó la preocupación del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien presidió el pasado 16 de diciembre una reunión de análisis con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Paniza, y la consejera de Igualdad de la Junta, Loles López. En declaraciones a los medios, recordó que solo hay un 36% de municipios adscritos a la red Viogén, es decir, 288 de las 785 alcaldías andaluzas. Por tanto, apenas un tercio es parte de la herramienta del Ministerio de Interior que integra toda la información sobre las mujeres maltratadas y de su progenie para velar por su seguridad.

Comparación a nivel nacional

Al ampliar la perspectiva temporal, la radiografía se hace cada vez más nítida. Miguel Lorente, profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada y primer delegado del Gobierno en la lucha contra la violencia de género, aporta varias cifras que ya presentó en una comisión del Parlamento andaluz y que profundizan en la evolución de las políticas en igualdad desde su implantación. Si bien el número de homicidios ha descendido en las dos últimas décadas, el ritmo varía: en Andalucía se redujo un 5,9%, mientras que, en el resto del territorio, un 18,6%.

“En Andalucía, la media de homicidios al año se mantiene igual, pero en España, en el mismo período, ha descendido 10 puntos”, indica el experto. Entre 2003 y 2018, hubo 61,3 muertes a nivel nacional, en cambio, en el período de 2019 a 2025 se rebajó a 51,3; cuestión que no se reprodujo en la autonomía, dado que la comparación es de 12,2 a una diferencia de apenas 12,1. Así, el porcentaje de decesos creció del 19,8% a un 23,6% en apenas una década y, en la actualidad, acumula un tercio de todas las mujeres víctimas de asesinatos machistas en el país.

El autor de La refundación del machismo explica a este medio que en la comunidad “hay una sobrerrepresentación” del número de homicidios con relación a la población andaluza existente y, en cuanto a las políticas públicas, admite que “las consecuencias no serán inmediatas, como ocurre con la sanidad, pero los cambios producidos disminuyen el riesgo para los agresores”. A tenor del asunto, percibe un cambio de tendencia en el porcentaje de suicidios por parte de los homicidas, cayendo de un 20% a un 11%: “Cuando el agresor percibe que su conducta no va a ser entendida o justificada, recurre al suicidio, pero esta opción es menor al no ser reprobada por su entorno social, familiar o laboral”.

Machismo exhibicionista

La ola reaccionaria, respaldada por las corrientes de ultraderecha, afecta directamente a las generaciones más jóvenes. El Barómetro Juventud y Género en materia de violencia de género del Centro Reina Sofía determina que los varones encuestados opinan que no se trata de un problema grave en un 19,2%, mientras que la cifra ha subido hasta el 13,9% entre las féminas. “Se busca una reactualización de los valores que nos define como sociedad, como hombres, y para ser violentos y agresivos, ellas tienen que ser sumisas, dóciles y suaves, al final, desde que Trump entró al poder en 2016 se está dando un ‘machismo exhibicionista’”, sostiene. Un machismo sin complejos que, a partir de los vídeos virales y los mensajes simplificados, intenta revertir los logros del movimiento feminista.

El avance del “negacionismo institucional” se da en distintas esferas institucionales, también en Andalucía. Muestra de ello puede ser una supresión, en febrero de 2024, en la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género. El decreto ley de racionalización administrativa del Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, permitió eliminar el informe de la Cámara de Cuentas para fiscalizar el cumplimiento de la perspectiva de género en los presupuestos autonómicos y, al mismo tiempo, borrar la Comisión de Impacto de Género, en funcionamiento desde el año 2004. A ello, habría que sumar pasos previos, aparentemente nimios, pero en consonancia con la perspectiva de PP y Vox, como la supresión del término género en el congreso anual en materia de igualdad organizado por la Consejería de Hacienda.

A lo largo del último trimestre de 2025 se ha confirmado esta tendencia en diferentes ámbitos. En aras de tener el apoyo de los de Abascal, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó sus cuentas tras recortar una vez más las partidas destinadas al Servicio de la Mujer, a los planes de igualdad o en materia de cooperación al desarrollo. Una estrategia, tanto a nivel autonómico como municipal, que sitúa a Andalucía, junto a Madrid y Cataluña, como la región en la que menos se invierte en políticas sociales puesto que los recursos alcanzan un total de 3.158 euros por habitante, según el informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Detección y prevención

En el período navideño, momento en el que se agravan las violencias machistas al igual que en el estío a causa del cambio de las rutinas y las dinámicas sociales y familiares, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha lanzado una campaña para recordar la existencia del teléfono de atención a las mujeres andaluzas. Pese a la iniciativa, cabe recordar que el Gobierno andaluz creó en 2020 un servicio de atención telefónica para víctimas de violencia intrafamiliar, término impuesto por Vox, pero los datos reflejan que el 66% de las peticiones fueron derivadas a otros servicios de asistencia social gratuita ya existentes: para mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de agresión a mayores o a menores.

Otra herramienta que lanzó el IAM en 2023 fue Leonore, con el objetivo de evaluar el nivel de riesgo y vulnerabilidad de las víctimas. Sin embargo, la abogada María Jesús Correa se muestra contundente: “Nunca he visto su aplicación. Si existe, no he tenido el gusto de comprobarlo”, y, en todo caso, afirma que “la valoración social y psicológica del riesgo hecha por profesionales de los Centros de atención a la mujer sería una herramienta muy útil, siempre que en los Juzgados se les otorgue valor, claro está”. A preguntas de este medio, el IAM ha declinado hacer una valoración sobre la situación existente en materia de violencia de género o aportar cifras sobre el sistema.

Asimismo, la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, criticaba durante su balance del año la financiación a entidades en contra del aborto, así como la creación de la oficina antiaborto en el centro de Sevilla y la eliminación del servicio que detectaba y rescataba a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. También se ha pronunciado el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, quien aseveró ayer martes que había que “perfeccionar la rapidez y la atención” que se les da a las víctimas de violencia de género. Además, pide proteger “con una empatía total” a aquellas afectadas que decidan dar el paso y denunciar ante los tribunales a sus agresores.

Por su parte, Miguel Lorente da un nuevo dato: el 33% de las víctimas de violencia de género acuden a los servicios sociosanitarios, “y ahí no somos capaces de detectarlas”. A sabiendas de que este colectivo tiene un 40% más de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares o metabólicas, la atención y sintomatología clínica sirven como puntos de prevención, entre otros. “La detección es fundamental, y se podría dotar mucho mejor a los servicios forenses de la red, tener puntos de encuentro familiares, extenderlo a todas las provincias y mejorar los Centros de Información a la Mujer para que esa cercanía se traduzca en protección, porque lo vemos en la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer: se acude más a la ayuda informal que a la formal”.

La primera víctima mortal de 2025 residía en Benalmádena (Málaga); la segunda era de Martos (Jaén); la tercera fue en Cartaya (Huelva); la cuarta se encontraba en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería; la séptima de las víctimas en Motril (Granada); la octava en el barrio de Valdezorras (Sevilla); la novena en el barrio de Sevilla Este (Sevilla); la décima en Marbella (Málaga); la undécima en Moguer (Huelva); la decimosegunda en Campillos (Málaga); la decimotercera en Rincón de la Victoria (Málaga), y por último, la decimocuarta en el Viso del Alcor (Sevilla).