Ábalos se presenta como víctima de una investigación “clandestina” y afirma que ha tenido que defenderse “a ciegas”

El exministro socialista José Luis Ábalos ha presentado su escrito de defensa en el caso de las mascarillas, en el que niega haber participado en los hechos por los que se sentará en el banquillo. El exdirigente socialista se presenta como víctima de una investigación “clandestina” y afirma que ha tenido que defenderse “a ciegas” en la causa centrada en los contratos de material sanitario de la pandemia adjudicados a dedo por el Ministerio de Transportes y por la que será juzgado próximamente. 

Además, propone que en esa vista declaren como testigos los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática) y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, entre una batería de testificales. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

El documento lleva la firma del que ha sido su letrado hasta este jueves, Carlos Bautista, que ha renunciado a su defensa porque no ha cobrado los honorarios. En el documento, el que fuera secretario de Organización del PSOE trata de desmontar el relato de la acusación y sostiene que se ha vulnerado su derecho a la defensa y a un juicio equitativo. 

Así, alega que la investigación se cerró sin permitirle analizar evidencias digitales clave, especialmente un disco duro de su propiedad hallado en la casa de Alicante de quien fuera su asesor Koldo García, lo que ha impedido a su defensa poder contrastar algunas de las afirmaciones realizadas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sustentan la acusación.

También afirma que los agentes copiaron “hasta 26 piezas de hardware” en el registro de su vivienda sin presencia de su abogado, lo que “vulnera el principio de contradicción y afecta a la cadena de custodia de efectos digitales”. Además, insiste en presentarse como víctima de una investigación “clandestina” al sugerir que las indagaciones contra él empezaron antes de que el Supremo pidiera la autorización al Congreso. 

Según la UCO, el empresario investigado Víctor de Aldama pagó 10.000 euros al mes durante al menos dos años y medio a Koldo García, quien luego los repartía con Ábalos. Cuando el asesor fue detenido, en febrero de 2024, los agentes hallaron en su domicilio una contabilidad manuscrita en la que reflejaba esos pagos y se incautaron de 24.000 euros en efectivo. “No existe un flujo de 10.000 euros mensuales provenientes del coimputado Aldama, ni directamente, ni a través de intermediarios. Tampoco cobro de comisiones”, dice Ábalos al respecto. 

El exdirigente socialista sostiene que su dinero “tiene tres orígenes”: sus Ingresos oficiales como cargo público, las dietas o anticipos que recibía como miembro de la Ejecutiva del PSOE y los “préstamos” que le hacía Koldo García al abonar algunos de sus gastos y que él luego compensaba. Afirma, en este sentido, que los más de 23.000 euros en transferencias que realizó a su asistente entre 2018 y 2022 demuestran que “no existió un flujo de dinero unidireccional”. 

La UCO concluyó en uno de sus informes que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar y que, al menos en parte, provenía de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes que Ábalos dirigió entre 2018 y 2021, según los investigadores. “Una supuesta comisión por este importe debida a la adjudicación de material sanitario y otras facilidades ante distintas administraciones se antoja bastante ridícula”, dice Ábalos. 

Ábalos también niega las dádivas que le atribuyen las acusaciones. Sobre el chalet de Cádiz del que disfrutó en el verano de la pandemia, el exdirigente afirma que fue un alquiler con derecho a compra del que abonó tres mensualidades y que acabó siendo desahuciado porque no abonó el resto de recibos. Los investigadores, sin embargo, tienen claro que Aldama y otros empresarios de su entorno facilitaron la operación y se hicieron cargo del dinero a modo de comisión. “El propio Ábalos era consciente de que la casa de La Alcaidesa se trataba de una contraprestación económica que Aldama efectuaba a través de terceros”, dice el informe sobre este chalet.

Otros de los indicios que apuntan al cobro de mordidas por parte de Ábalos es el pago del alquiler de su novia por parte de un empresario que era socio de Aldama. Los mensajes evidencian que fue el empresario Alberto Escolano quien pagó el alquiler de un piso en la Plaza de España de Madrid al que Jessica Rodríguez se refiere en un mensaje como “nuestra casita de novios”, en referencia a Ábalos y ella. Ábalos sostiene que él nunca residió allí y que el alquiler fue pagado por terceros para Rodríguez, quien ya conocía a Aldama.