El empresario Marjaliza se queja de que su condena en Púnica es más alta que la que pactó con la Fiscalía

El empresario David Marjaliza, considerado uno de los cabecillas de la trama corrupta Púnica, ha pedido a la Audiencia Nacional que rebaje la condena de más de ocho años de cárcel impuesta en la primera gran sentencia del caso. Marjaliza recuerda que lleva diez años reconociendo sus delitos y colaborando con los investigadores para ahora encontrarse con que los jueces le imponen penas mucho más altas que las que él pactó con la Fiscalía. La solución, explica su letrado, pasa por rebajar en dos grados las condenas de todos sus delitos y no solo de unos pocos.

David Marjaliza fue uno de los primeros detenidos en el estallido de la operación Púnica en octubre de 2014. Su nombre, desconocido entonces para el gran público, surgió junto con el de Francisco Granados y una decena de alcaldes detenidos y enviados a prisión provisional por formar parte de un entramado corrupto. Poco más de un año después, el empresario radicado en Pinto cambió de estrategia legal: empezó a colaborar con la Audiencia Nacional y sus confesiones han sido clave tanto en la investigación como en juicios como el del chivatazo que casi da al traste con la causa.

El empresario compareció en el juicio a la ramificación principal de la trama –el botín que consiguió Marjaliza de la mano de la empresa Cofely con los contratos de eficiencia energética de media docena de municipios de Madrid– con una confesión y un acuerdo con la Fiscalía debajo del brazo. Pero la sentencia final le ha impuesto una condena en torno al doble de la pactada con el Ministerio Público: ocho años y dos meses de prisión.

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, su abogado José Antonio Choclán apunta a un “error material manifiesto” del tribunal a la hora de imponerle esa condena por un rosario de delitos relacionados con la corrupción. Por un lado, por no rebajar en dos grados muchas de sus condenas atendiendo a su “especial contribución” para llegar con éxito a juicio a través de sus confesiones, y por otro por haber juntado muchos delitos que debían haberse penado por separado.

Para Marjaliza, que ya pasó más de un año en prisión provisional desde su detención y hasta finales de 2015, la cuenta es relevante. Muchas cosas cambian para un condenado en función de si cada uno de sus delitos, de forma individual, es penado con más o menos de dos años de cárcel. “Tiene trascendencia a los efectos de la remisión condicional de la pena”, explica el propio Marjaliza en su escrito. Con su secretaria, también condenada, la cuenta sí se ha hecho correctamente.

La sentencia de la que ahora se queja el empresario declaró probado que Marjaliza se alió con empleados y directivos de Cofely, filial española del gigante gasístico francés GDF-Suez, para hacer frente a la crisis económica y obtener un botín de cientos de millones de euros en ayuntamientos madrileños: los contratos para gestionar la eficiencia energética de algunos de los municipios más grandes de la región. Contratos que, según han reconocido ellos mismos, conseguían gracias a sus contactos corruptos en los ayuntamientos y con adjudicaciones millonarias a 15 años vista.