El PP anticipa una nueva guerra contra el Gobierno por la financiación autonómica pese a recibir el 70% de los nuevos fondos

Es un debate que lleva enquistado más de una década y en el que las posiciones trascienden la ideología para establecerse alianzas transversales entre PP y PSOE en función de las particularidades de los territorios, pero los de Alberto Núñez Feijóo anticiparon su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica antes incluso de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo presentara. Una vez con las cifras –aunque parciales– sobre la mesa (un incremento de los fondos hasta los 224.507 millones de euros en 2027, que se traducen en 21.000 millones de euros adicionales para las autonomías), el PP ha dejado claro que hará de esa propuesta un nuevo casus belli contra Pedro Sánchez, incluyendo la vía judicial, y el primer asalto de la batalla tendrá lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles.

Los populares no han entrado en la letra pequeña de un sistema que muy pocos comprenden y que a la inmensa mayoría del electorado se le escapa. Y ahí encuentran un nuevo ariete contra el Gobierno con mensajes muy simples que todo el mundo comprende, sean verdad o no. “Sánchez le dio una patada a la unidad de España y a la igualdad de todos los españoles”, expresó el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

El argumento del PP pasa, básicamente, por cargar contra el modelo de financiación autonómica bajo la premisa de que beneficia más a Catalunya. El Gobierno dejó en manos del líder de ERC, Oriol Junqueras, la comunicación de la propuesta acordada y el republicano puso el énfasis en el principio de ordinalidad, que supone que las comunidades reciban financiación en función de su aporte a la caja común. El sistema reduce las disparidades existentes hasta ahora. La distancia máxima entre el que más y menos recibe se reduce de más de 1.600 euros a menos de 900 euros entre el viejo y el nuevo modelo, según fuentes conocedoras del sistema. En lo que había consenso es en que el modelo vigente, caducado desde 2014, era injusto para todos.

Recursos ante el Constitucional sin ver la letra pequeña

No obstante, el Ministerio de Hacienda no ha dado los datos globales del nuevo sistema de financiación autonómica sino las cifras de aumento para cada comunidad autónoma. Con sus cálculos, es Andalucía (con 4.846 millones adicionales) la que sale mejor parada en cifras absolutas y le sigue Catalunya (4.686 millones extra). Por detrás de estas dos se sitúa la Comunitat Valenciana (3.669 millones), que era una de las más infrafinanciadas con el modelo vigente. Le sigue Madrid, con 2.555 millones de euros. Con una cifra de población parecida, Madrid ganaría la mitad que Catalunya con el nuevo modelo. Si se tiene en cuenta la población, pero sin ajustarla a las singularidades de cada región, Murcia (con 743 euros por habitante) y Comunitat Valenciana (con 668 euros) son las regiones que ganan más, según el cálculo de elDiario.es.

Precisamente los ejecutivos de Andalucía y la Comunitat Valenciana han sido los más cautelosos a la hora de pronunciarse sobre la propuesta que durante más de dos horas ha expuesto la vicepresidenta ante los periodistas. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido uno de los más beligerantes. “Está perjudicando a los madrileños porque con los impuestos de los madrileños se va a tener que aportar más recursos para financiar toda esta fiesta independentista y todo este nuevo sistema que a los que más benefician fundamentalmente es a los independentistas”, ha dicho la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, que se ha revuelto contra las acusaciones de dumping fiscal de Hacienda por la eliminación de impuestos en la región que supone una competencia desleal para otros territorios.

A pesar de que es uno de los territorios que más dinero adicional recibiría, la Comunidad de Madrid ha anticipado un recurso ante el Tribunal Constitucional si se aprueba el modelo. También lo han adelantado Extremadura, Castilla y León, Aragón y Murcia. En el caso de Extremadura, la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, ha denunciado que la región no recibirá “ni un céntimo más”, aunque Montero ha precisado que tanto Extremadura como Cantabria serán compensadas con el Fondo de Compensación y percibirán 216 y 46 millones más, respectivamente.

“4.700 millones de euros paga Sánchez para mantenerse en el poder. Consagra un principio inconstitucional, el principio de ordinalidad que territorializa los ingresos”, ha agregado la consejera en referencia al ranking de recepción de ingresos en función de las aportaciones, a pesar de que ese principio no se cumplirá al pie de la letra. La ministra de Hacienda ha apuntado que la cifra no será homogénea y ha puesto como ejemplo a dos comunidades en manos del PP: “La financiación por habitante ajustado de Cantabria es superior a la de Madrid y, si tuviera principio de ordinalidad, Madrid tendría que estar por encima”.

Explotar las diferencias en el PP

El Gobierno va a explotar las divergencias internas del PP. “Si el Partido Popular no tiene una posición única, no es posible consensuar el modelo con el Partido Popular, que es lo que ha ocurrido”, ha dicho Montero: “El señor Feijóo no tiene liderazgo suficiente para poner una propuesta encima de la mesa”. “Van a decir que no por puro interés partidista y sectarismo político”, ha criticado la vicepresidenta: “Me parece difícil que el Partido Popular pueda decir que no a este modelo de financiación”. Montero recordó que en torno al 70% de los recursos adicionales irán a parar a comunidades gobernadas por la derecha.

Para el Ejecutivo es incomprensible e inexplicable de cara a los ciudadanos rechazar un sistema que incrementa los fondos de todas las comunidades para el mantenimiento de los servicios públicos, y también aumenta la cesión de impuestos como el IRPF o el IVA. El sistema de financiación autonómica se adentra ahora en la batalla del relato en la que la derecha tiene claro su argumento: como gana más Catalunya, se reconocen singularidades y se hacen cesiones en materia impositiva, además de pretender imponer límites a las exenciones fiscales para evitar el dumping fiscal, “estamos ante un sistema de financiación político ideológico y que responde a un principio de supervivencia de Pedro Sánchez”, en palabras del portavoz del PP en la materia.

La otra estrategia del Ejecutivo pasa por cargar contra el PP por sus ansias privatizadoras de unos servicios públicos que se infrafinancian allí donde gobiernan mientras que las empresas sacan tajada. “Espero que ese dinero permita mejorar la vida de los ciudadanos y no de los intereses de unos pocos, como parece estar ocurriendo en algunas comunidades ahora”, ha expresado Montero sobre el incremento de los fondos para las comunidades: “Al final estamos transfiriendo cada día más recursos a las comunidades autónomas y, sin embargo, los ciudadanos no notan, todo lo contrario, perciben un deterioro en la calidad de esos servicios públicos”. “No tiene ningún sentido que esto ocurra por el interés privatizador del Partido Popular, que destina la gran parte de esos nuevos recursos a la sanidad privada o a la universidad privada y, por tanto, no permitiendo que el sistema público se refuerce”, ha rematado.

Junts quiere el concierto para Catalunya

El Gobierno asume que no tendrá el apoyo del PP en el Congreso, pero no es la única dificultad que se encuentra para sacar adelante esa ley de financiación autonómica que Montero quiere llevar al Parlamento en torno al verano y que requiere de la mayoría simple (más síes que noes) para aprobarse.

Junts ha reiterado su rechazo a la propuesta y exige “transitar” desde el modelo de financiación pactado con el Gobierno hacia el concierto económico. “14 diputados en Madrid lo pueden hacer posible”, planteó el vicepresidente de la formación, Antoni Castellá, a ERC. Según Castellà, Junts presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo para sacar a Catalunya del régimen común y llevarla a un sistema como el de Navarra o el País Vasco, informa la Agencia EFE. Sin embargo, es un planteamiento que rechaza de plano el Ministerio de Hacienda. Fuentes gubernamentales señalaban tras la presentación del sistema de financiación que “deberían pedir perdón” quienes aseguraban que Montero, candidata, además, a las elecciones en Andalucía, plantearía un ‘cupo’ catalán.

Page se revuelve contra la propuesta y el PSOE evita el choque

No obstante, ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el más crítico con la propuesta de Hacienda. “Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, –de esa España que ellos quieren romper–, antes que eso, prefiero que hablen los españoles”, ha espetado. “No se puede considerar a este país como una inmensa guardería en la que se le puede imponer un relato, un argumentario y venga a cacarear lo que son trampas unas tras otras”, ha dicho en referencia al nuevo modelo que ha calificado “el mayor ataque a la igualdad que se ha producido en toda democracia”.

Según las cifras de Hacienda, Castilla-La Mancha sería la quinta comunidad que más aumentaría sus ingresos, con 1.248 millones adicionales (por cada habitante supondría 583 euros más frente a los 572 de cada catalán). Lo que argumentan en el Gobierno de Page es que el punto de partida era muy bajo dado que era una de las cuatro autonomías, junto a Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, que estaban infrafinanciadas con el actual modelo. “Catalunya recibe hoy 3.015 euros por habitante (por encima de la media nacional); Castilla-La Mancha recibe 2.814 euros por habitante, por debajo de la media. A pesar de esta ”ligera mejora por habitante“ (que además es de tan solo 1 euro con la población a 1 de julio) la diferencia sigue siendo la misma. Catalunya estará aún más por encima de la media nacional y Castilla-La Mancha seguirá por debajo”, argumentan desde el PSOE regional.

En el Ejecutivo manchego están muy enfadados con la parcialidad de los datos que ha mostrado Montero: “Con las cifras completas estamos por debajo de la media”. Además, no comparten los criterios que se aplican en el nuevo sistema ni la forma en la que se ha llegado a ese modelo. “La ordinalidad es intragable”, señalan fuentes cercanas a Page, que consideran que “se carga la progresividad fiscal para los restos”. “El que más tiene y el que más pone tiene derecho a recibir más”, argumentan. “Amancio Ortega tendría derecho a que le traten en la sanidad pública mejor que a mí porque aporta más”, ejemplifica un dirigente. A Page no le sirve el argumento de que aumentan los fondos porque sostiene que “hay más tarta para que coman más los más ricos”.

En Moncloa y en Ferraz están acostumbrados a las desavenencias con Page, que lleva toda la legislatura siendo la principal voz crítica internamente contra Sánchez y, aunque evitan entrar en la confrontación, en la cúpula socialista molesta que sea una piedra en el zapato en un mandato ya de por sí complicado. “Estamos seguros de que Page sabe que con este Gobierno Castilla-La Mancha gana. Y vamos a seguir trabajando hasta el final de la legislatura en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas”, se limitan a contestar en la dirección del PSOE.