Una plataforma andaluza de asociaciones cuestiona la línea de subvenciones de la Junta: «Nos obligan a inflar los presupuestos»
Andalucía reconoce el papel del tercer sector para mejorar la situación de las personas vulnerables con una nueva ley
La pregunta se repite cada año: ¿quiere marcar la casilla para la Iglesia Católica o para las actividades de interés social? En la declaración de la renta cada individuo decide a dónde destina el 0,7% del IRPF. Un impuesto que recauda millones de euros en todo el territorio, siendo uno de sus propósitos mejorar la red asociativa del país mediante los proyectos sin ánimo de lucro.
Andalucía, que contaba en 2025 con más de 39,2 millones de euros, resolvió la convocatoria a mediados de diciembre, despertando la crítica de varias asociaciones de pequeño y mediano tamaño al verse descartadas por no cumplir el importe mínimo.
¿Qué cantidad se establecía? La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones publicó las instrucciones en mayo e indicaba que en los programas de ámbito provincial el dinero mínimo a gastar era de 15.000 euros, a excepción de los ámbitos de igualdad de género, LGTBI e intervención del voluntariado, con 5.000 euros.
Esto provocó que siete asociaciones formaran la Coordinadora Andaluza del Tercer Sector, entre las que se encuentran Nexo, Zaqueo, Adhara, Asaenes, el Comité Español de Cooperación al Desarrollo, la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y Lubna, y publicaran un manifiesto al que aseguran que se han adherido unas 40 asociaciones. En busca de respuestas, se dirigieron al Defensor del Pueblo Andaluz y, tras el período navideño, se reunirán con la Consejería de Inclusión para analizar lo sucedido.
Amparo Monillo, psicóloga de Zaqueo, asegura en conversación con este medio que “hay una falta de transparencia en los criterios de adjudicación”. Sin respuesta desde la publicación definitiva de la convocatoria, el pasado 22 de diciembre,
El documento de la convocatoria fue publicado el 28 de mayo del año pasado y consta que más de 39,2 millones de euros repartidos en dos áreas geográficas: provincial y supraprovincial, donde se especificaron diez líneas de actuación dentro de los dos programas, entre ellas, dedicadas a la infancia, adolescencia y juventud, a las personas mayores, también a las personas con discapacidad, a la comunidad gitana, para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y para las personas migrantes y la garantía de los derechos del colectivo LGTBI.
La más cuantiosa era la de urgencia e inclusión social, con más de 12 millones de euros, mientras que la de diversidad se quedaba en unos 392.000 euros.
