Almeida y Collboni contraponen su modelo de vivienda: el tope que el PP no aplica por «nefasto» y abarata los precios

Aunque ninguno quería confrontar abiertamente con el otro, la diferencia de modelos es evidente. Los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de Barcelona, Jaume Collboni, fueron invitados este miércoles a la comisión de vivienda del Senado para defender sus políticas en esta materia. Hubo algunas coincidencias, como la necesidad de aumentar la oferta a través de la construcción, incrementar el parque público o, incluso, ofrecer bonificaciones fiscales a los propietarios. Y una discrepancia palmaria: el impacto de la Ley de Vivienda, que interviene el mercado a través del control de precios.

“Negativo, muy negativo”, calificó Almeida el efecto de la legislación nacional en materia residencial. “En la ciudad de Madrid y en el conjunto del territorio nacional”, afirmó el alcalde madrileño, que se remontó a la llegada del presidente Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018: “Desde entonces, no ha hecho más que emborronar el acceso a la vivienda”. Sobre la Ley de Vivienda de 2023, el regidor aseguró que los “topes a los precios se han revelado como nefastos”. “Cuando se aprueba una legislación que hace que nunca haya sido tan caro y tan difícil acceder a la vivienda es que no es la solución”, consideró.

La gran contradicción de la intervención de Almeida es la que viene siendo habitual en mandatarios del Partido Popular, que se niegan a declarar zonas tensionadas. Esos topes a los precios que, según Almeida, se han revelado como “nefastos”, no se aplican en Madrid, ante la negativa tanto del alcalde como de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, que tampoco lo permite en municipios gobernados por la izquierda que quieren poner en marcha esa medida.

Almeida retó a que le presentasen un solo caso en el que el control del mercado propiciase una bajada de los precios, sin provocar una reducción de la oferta. La respuesta llegó unos minutos después, de forma indirecta. “En la ciudad de Barcelona, desde la entrada en vigor de la regulación, los precios han bajado un 4,9%”, arrancó su intervención el alcalde Collboni, que estimó que una familia paga hoy unos 220 euros menos de alquiler de lo que habría pagado si se mantuviera la no intervención del mercado.

Según sus datos, el precio medio del alquiler en la ciudad habría sido de 1.357 euros al mes sin el tope, frente a los 1.135 actuales, que “sigue siendo mucho para mucha gente”, reconoció.

Esta bajada en los precios en Barcelona ha ocurrido, según el alcalde, sin una caída de la oferta. De hecho, según sus datos, desde que la Generalitat de Catalunya declaró este municipio zona tensionada, hay 1.551 contratos de alquiler más. “Otra cosa es que la oferta pase por los portales inmobiliarios que, efectivamente, ya no pasa”, reconoció Collboni, que celebró que “la rotación se reduce y el propietario tiene la vivienda vacía menos tiempo”, ante la falta de incentivos para cambiar de inquilinos con subidas de precios.

Mientras tanto, portales inmobiliarios como Idealista estiman que los precios del alquiler han subido en Madrid, sin zonas tensionadas declaradas, en torno al 10%. El propio Almeida ha reconocido en el Senado que, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023, se ha expulsado del mercado al 45% de las viviendas y “los arrendamientos han subido una media del 40%”.

“Construir masivamente”

El alcalde de Madrid, que señaló que la propuesta del presidente del Gobierno de bonificar fiscalmente a los propietarios que no suban los alquileres va “en línea con lo que podría haber defendido”, centró buena parte de su intervención en la necesidad de construir. En este sentido, defendió que en los dos años y medio de legislatura se han habilitado 95 instrumentos urbanísticos para la construcción de más de 80.000 viviendas “en diferente desarrollo en este momento” en la ciudad, gracias a un “esfuerzo ingente desde el punto de vista de desbloqueo del suelo para construir masivamente”.

Collboni, por su parte, se marcó como objetivo que “el 15% del parque de vivienda en alquiler sea público, para dar cobertura a los sectores más vulnerables, las familias trabajadores y los jóvenes”.

Un porcentaje que, además, permitiría incidir en los precios del mercado libre. En ese sentido, se comprometió a pasar de 500 a 1.000 nuevas viviendas públicas al año para el final de la legislatura. “Hemos movilizado suelo disponible para construir 10.000 viviendas más en el próximo periodo, en un cómputo global de potencial crecimiento de 70.000 viviendas”. Ello, sin dejar de “favorecer la inversión privada” en vivienda.

Almeida presumió de que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) es “la mayor promotora de vivienda pública de España”, con “tres de cada 10”. Avanzó que el Consistorio está ejecutando 3.200 viviendas y empezará a ejecutar otras 2.500 a lo largo de 2026. La EMVS tiene una lista de espera de más de 50.000 demandantes. Madrid tiene 2,7 viviendas públicas por cada 100.000 habitantes, frente a las cinco de Barcelona, con un parque público de 12.000 casas.

El alcalde de Madrid, cordial con su homólogo barcelonés, no perdió ocasión de confrontar desde el Senado con el Gobierno, a cuenta de la presencia del presidente Sánchez el lunes en los terrenos de la Operación Campamento, donde comenzaron las obras de derribo. “El lunes le da a un botón para que la excavadora empiece a demoler y el miércoles esa excavadora está parada”, acusó. La ministra Isabel Rodríguez respondió con un vídeo en su cuenta de X en el que se ve maquinaria trabajando en “imágenes de hoy mismo”.

La otra gran diferencia entre los modelos de vivienda entre las ciudades de Madrid y Barcelona son los pisos turísticos. Mientras el consistorio catalán no concederá ni renovará más licencias de pisos turísticos, que caducarán definitivamente en 2028, el madrileño se ha resistido a sancionar unos 15.000 pisos turísticos ilegales que detectó el Ministerio de Consumo. Además, Almeida ha aprobado un plan que saca las viviendas turísticas particulares del centro de la ciudad, pero permite que estas ocupen bloques enteros tras expulsar a los vecinos.

Además, Catalunya estudia prohibir las compras especulativas de grandes fondos de inversión, que ya se han visto limitados por “la propia decisión de prohibir los pisos turísticos”. “Si a esto añadimos que tenemos la posibilidad de tanteo y retracto, que ejercemos con determinadas condiciones, se está desincentivando la compra especulativa de edificios en Barcelona”, explicó Collboni.

“Podemos hacernos trampas al solitario, pero no es una cuestión de fondos buitre. El 95% de las viviendas en España que pueden ser objeto de arrendamiento no están en manos de fondos de inversión, sino de propietarios que buscan una renta complementaria o principal y, por tanto, son personas que pretenden que haya un equilibrio entre las prestaciones del arrendador y el arrendatario y les permita sacar con seguridad jurídica sus viviendas al mercado y que tengan capacidad de obtener las rentas o recuperar el dinero”, contrapuso Almeida.

Según los datos que maneja el Ministerio de Consumo, la brecha de renta entre caseros e inquilinos es, actualmente, de 23.638 euros al año, siendo la de los propietarios un 82% superior, en buena parte por esa transferencia de renta.

Pese a las discrepancias, Almeida concluyó rompiendo una lanza a favor de la buena voluntad y la cordialidad entre administraciones: “No tengo la más mínima duda de que el alcalde Collboni con sus competencias, igual que yo con las mías, estamos haciendo lo mejor para tratar de solucionar el problema”.