Dimite el alcalde del PP de Morata de Tajuña, procesado por un delito de prevaricación
«No concibo una política municipal llena de ataques personales, bulos, de infundios, de enfrentamientos y de denuncias sin base real ni legal», explica Fernando Villalain González en un vídeo
El alcalde de Morata de Tajuña, Fernando Villalain González, ha anunciado a última hora de este jueves que dimite como alcalde de este municipio de 8.000 habitantes del sureste de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en un vídeo en las redes sociales del Ayuntamiento, en el que ha explicado que ha tomado la decisión de “dar un paso al lado” debido a “circunstancias políticas y personales que han erosionado el ánimo, las ganas y la energía necesaria para liderar con la fuerza que el cargo exige” y que hacen que “en este momento no sea la mejor opción para liderar mi querido pueblo”. Se refiere sin mencionarlo explícitamente a la investigación penal abierta el pasado diciembre por el Tribunal de Instancia de Arganda del Rey para juzgarle por un presunto delito de prevaricación administrativa.
“No concibo una política municipal llena de ataques personales, bulos, de infundios, de enfrentamientos y de denuncias sin base real ni legal. No pensaba que estos años fueran a estar llenos de tan malas intenciones y de crispación interesada”, ha afirmado el ya ex regidor que ha añadido que “no todo en la política municipal vale ni es admisible”
En concreto, el Tribunal de Instancia de Arganda del Rey acordó el pasado 16 de diciembre continuar la tramitación de la causa penal por los cauces del procedimiento abreviado por si los hechos investigados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación y utilización de una gradería desmontable municipal.
La resolución detalla que el pleno del Ayuntamiento aprobó el 5 de abril de 2024 el Presupuesto General para ese ejercicio, que incluía dos modificaciones de crédito por un importe superior a 480.000 euros destinadas a la instalación de una gradería desmontable para espacios multiusos. El acuerdo fue sometido a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
El procedimiento de contratación se realizó mediante convocatoria pública y fue adjudicado a la empresa Plazas de Toros Ocón S.L., única licitadora, por un importe de 390.710 euros, sin IVA, con un plazo de ejecución de tres meses, formalizándose el contrato el 3 de junio de 2024.
La resolución judicial recoge que la gradería fue montada y utilizada durante los festejos de la localidad, celebrados entre los días 9 y 15 de septiembre de 2024, “sin que existiera un proyecto de ejecución e instalación aprobado”. A fecha de marzo de 2025, dicho proyecto seguía pendiente de recepción y aprobación.
El auto incorpora las manifestaciones del arquitecto municipal, quien declaró haber emitido informes de incumplimiento durante la ejecución de las obras y haber sido apartado de la supervisión del proyecto. Consta la existencia de informes desfavorables, entre ellos uno de 2 de octubre de 2024, que advertían de que la instalación no cumplía los requisitos exigibles. La magistrada considera que, a la vista de las diligencias practicadas, existen indicios suficientes para atribuir provisionalmente al alcalde un delito de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
