Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear el registro de objetores al aborto

El Ministerio de Sanidad ha demandado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al aborto al que obliga la ley desde 2023. El departamento de Mónica García ya advirtió el pasado mes de noviembre que acudiría a los tribunales si la comunidad madrileña seguía sin poner en marcha la medida, pensada para que los centros sanitarios sepan con qué personal dispuesto a realizar abortos cuentan y puedan organizarse de cara a integrar completamente la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública.

Sin embargo, Ayuso se ha negado reiteradamente a crearlo bajo el pretexto de que se trata de “listas negras” de médicos. “En Madrid no se va a perseguir ni señalar a nadie”, dijo la presidenta madrileña insinuando que estos listados tienen el objetivo de estigmatizar. Ahora, Sanidad acaba de formalizar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según ha adelantado El País y confirman fuentes del ministerio.

La intención ya fue adelantada por Mónica García, justificando que es “su obligación” ante lo que calificó de “rebelión” del Ejecutivo madrileño. En los últimos meses, Ayuso se ha opuesto de manera constante a crear el registro con declaraciones como las pronunciadas en la Asamblea de Madrid el pasado mes de octubre, cuando espetó “vayánse a otro lado a abortar”. Eso a pesar de que el acuerdo para concretar la medida fue aprobado en diciembre de 2024 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con los votos a favor de todas las autonomías, también Madrid.

Ante la negativa reiterada de Ayuso, el Gobierno le advirtió de que se trata de una obligación contenida en la legislación y requirió formalmente a las comunidades que no lo tenían en vigor (entonces también eran Baleares y Aragón), pero Madrid fue la única que no respondió al requerimiento y sigue sin ponerlo en marcha.

Según consta en el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, está “acreditado” que la comunidad “no ha cumplido con la obligación” establecida en el artículo 19.ter de la ley del aborto, el que estipula la creación de los registros, y tampoco “ofrece duda” que “no ha contestado ni consta que haya efectuado actuación alguna” en relación al requerimiento hecho por el Ministerio de Sanidad. El texto recuerda que el protocolo al que el Consejo Interterritorial dio luz verde “es de obligado cumplimiento” para todas las comunidades.

El recurso se apoya en la legislación vigente y en sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan la creación del registro de objetores. La que tumbó el recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto de 2023 reza que la existencia de una medida así “cuenta con una justificación objetiva y razonable”. Además, el Alto Tribunal avaló en 2014 un registro similar desarrollado en Navarra en 2011 tras el recurso del PP. En el fallo, consideró que se trata de un medida “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestasción” y que “no resulta ni irrazonable ni desproporcionada”.