La exconsejera andaluza de Salud culpa a los técnicos de la retirada del control previo a los contratos sanitarios

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, han declarado ante el juez que ellos no tuvieron un papel relevante en la reunión que preparó el camino para que el Gobierno de Juan Manuel Moreno retirara el mecanismo de fiscalización previa para los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus.

El Tribunal de Instancia 13 de Sevilla investiga las irregularidades en los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas de 2021 a 2024. La declaración de García y Ochoa, ambos como testigos, había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, y se esperaba con interés después de que García fuera señalada por la exinterventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez (que hoy es viceconsejera de Hacienda), como la persona que decidió retirar el control previo. Martínez le dijo al juez que la retirada de los controles previos no formaba parte de la propuesta que ella misma había elevado por escrito a la Consejería de Hacienda, ni venía avalado por un informe preceptivo.

Sin embargo, García y Ochoa han coincidido en señalar que los equipos técnicos de ambas viceconsejerías negociaron la propuesta de nuevo mecanismo y que ambos se limitaron a ratificar la sustitución del modelo de fiscalización propuesto por la Intervención de la Junta de Andalucía, según fuentes presentes en la declaración de este martes citadas por Europa Press.

El exviceconsejero defiende que el nuevo sistema es más completo

Ochoa ha comparecido en primer lugar ante el titular del Juzgado, José Antonio Gómez, durante una hora y treinta minutos, mientras que la declaración de la hoy consejera de Sostenibilidad ha oscilado entre el cuarto de hora y los veinte minutos.

La declaración de Catalina García ha apuntado a que las directrices sobre los contratos, cuando ejerció de viceconsejera de Salud, las marcaba quien fuera director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, quien también declaró el 18 de noviembre en la primera de las testificales celebradas en estas diligencias previas, al tiempo que ha indicado que su rol se centraba en salvar vidas.

El exviceconsejero de Hacienda, que ejerció este cargo entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022, ha defendido en su declaración que el control financiero permanente, adoptado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, es más completo frente al muestreo de los contratos en que se fundamenta la fiscalización previa, según han indicado fuentes presenciales.

Ese acuerdo no está sustentado por un informe de la Intervención ni se desprende de la memoria que redactó una semana antes la propia Martínez, con una lista de los gastos y servicios de la Junta que podían prescindir del control previo, donde no aparecían los contratos del SAS.

Fuentes en el procedimiento, citadas por Europa Press, han remarcado que ese acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2020 para sustituir la fiscalización previa por el control financiero para los contratos del SAS vino precedido de un informe de la Intervención de la Junta de agosto de 2020 que comportó la suspensión de un contrato del SAS cercano a los 30 millones de euros.

El origen del cambio de sistema, según la exinterventora

La comparecencia de ambos en estas diligencias previas sobre los contratos de emergencia del SAS venía precedido del protagonismo que les atribuyó la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, durante su testifical de 18 de noviembre de 2025, quien sostuvo que la inclusión de los contratos del SAS para otra modalidad de fiscalización fue fruto de una conversación entre ambos y que venía sin el respaldo de una memoria preceptiva de la propia Intervención.

Martínez declaró en noviembre por su pasado como interventora general de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñaba cuando el Consejo de Gobierno acordó el 6 de octubre de 2020 modificar el modelo de fiscalización para los contratos del SAS durante la pandemia del Covid y a posteriori.

La hoy viceconsejera de Economía y Hacienda rubricó como interventora general el 29 de septiembre de 2020 un informe anexo al expediente del Consejo de Gobierno donde hacía un repaso de la implantación de la fiscalización previa.

En el caso del SAS recordaba que en septiembre de 2003 se amplió el control financiero permanente a nuevos centros periféricos, así como abogaba por “un régimen mixto de fiscalización” para los gastos de personal sanitario y educativo.

Investigados los tres últimos gerentes del SAS

En estas diligencias previas que se siguen en un Juzgado de Sevilla están siendo formalmente investigados la actual gerente del SAS, Valle García, así como sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, quienes comparecieron en el juzgado dentro de una testifical que se celebró el 25 de noviembre.

La declaración de los sucesivos responsables del SAS tuvo como hilo conductor el argumento de que su gestión se encaminó a afrontar las necesidades sanitarias del momento y la convicción de que su trabajo como gestores tenía el respaldo de informes jurídicos.

Las diligencias previas ponen el foco en la adjudicación de 242 millones de euros en contratos. El SAS aprobó un marco excepcional para la adjudicación de contratos sanitarios en plena pandemia. Para facilitar su agilidad, el sistema canalizaba los contratos por la vía de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, amparándose en la normativa de excepción aprobada para la pandemia. Sin embargo, el SAS prorrogó este mecanismo hasta bien entrado 2024, pasando de los 70 millones adjudicados inicialmente a 242,3, ignorando las advertencias de Hacienda y una decena de informes de los interventores que advertían de que no había cobertura legal para ello, pues el marco excepcional ya estaba derogado. El juez trata de esclarecer por qué y si la extensión de esa prórroga puede constituir una prevaricación administrativa.

La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán [noviembre de 2019 – julio de 2022] y Diego Vargas [que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023], están imputados en una causa judicial que salpica de lleno al Gobierno de Juan Manuel Moreno.