El acuerdo entre el Gobierno y los obispos aflora más casos de pederastia en la Iglesia

“Está siendo un goteo constante, pero hemos notado un repunte en víctimas que, ahora sí, quieren denunciar”. Desde que el pasado 8 de enero Gobierno e Iglesia firmaran el histórico acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, las peticiones de información por parte de nuevos supervivientes se han multiplicado, tal y como ha podido comprobar elDiario.es de manera directa (varias de ellas se han puesto en contacto con nosotros para saber adónde acudir), y han confirmado a este portal varias asociaciones de víctimas. “Me gustaría saber cómo poder informarme”, “Quisiera ponerme en contacto con algunas asociaciones de víctimas”, son algunos de los mensajes recibidos.

“Hemos recibido al menos una docena de nuevos testimonios en estos días”, proclaman desde Infancia Robada. Algo similar sucede en el caso de Lulacris o en las asociaciones de víctimas de Navarra. Algunos de estos casos llegan directamente, a través de los mecanismos de información de las asociaciones. Otras, directamente vía Defensor del Pueblo, que todavía no ha comenzado su trabajo, pues el mandato aún no ha sido firmado, ni los baremos establecidos.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, por su parte, constatan esta realidad, y esperan que, una vez establecido el procedimiento y puesto en marcha el plazo propuesto por el acuerdo (un año, prorrogable uno más), sean “cientos” las víctimas que puedan apoyarse en este instrumento de reparación, que supera (aunque no anula) en plan PRIVA.

Entre las razones, se encuentra la mayor confianza que desprende el aval del Estado frente a las suspicacias que muchas víctimas mantienen en el modelo propuesto por la Iglesia. A la vez, la convicción (planteada por el presidente del Gobierno a las asociaciones) de que los baremos de indemnización serán superiores a los planteados actualmente por el plan PRIVA, la apertura de compensaciones para familiares de víctimas que murieron mientras el proceso estaba en marcha y, también, que las víctimas que ya recibieron una indemnización de la Iglesia puedan pedir al Defensor del Pueblo que vuelva a evaluarse su caso.

Desde la Conferencia Episcopal, por su parte, dan por “superada” la primera fase, y estiman que el nuevo modelo no llegará a las “150-200” peticiones, bastantes más, por cierto, de las que se han decidido a acudir al PRIVA en el último año y medio. Después de años de suspicacias, los obispos “no tienen miedo” de asumir sus responsabilidades. “La Iglesia no va a caer en bancarrota”, apuntan fuentes episcopales consultadas, que sugieren que, en un año de funcionamiento, la institución, la Comisión del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA) ha recibido ya 114 casos para su estudio y ha dictaminado una reparación económica de más de 1,9 millones de euros.

Con todo, el proceso es especial, toda vez que las víctimas cuyos casos hayan prescrito solo tendrán un año (prorrogable a dos) para solicitar su reparación. “Después, esa puerta estará cerrada. La del Gobierno, no la de la Iglesia”, recalcan desde la CEE. Las víctimas, por su parte, seguirán trabajando para “informar y asesorar” a los supervivientes, que cada vez más buscan acogerse al modelo de atención acordado entre la Iglesia y el Gobierno y que tiene a los supervivientes en el centro.

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