Julio Iglesias intenta desacreditar las acusaciones contra él al señalar a dos mujeres como las supuestas denunciantes protegidas por la Fiscalía

Julio Iglesias ha difundido los pantallazos de supuestos mensajes privados que atribuye a las dos extrabajadoras que le han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Junto a los pantallazos, el cantante ha emitido un comunicado en el que dice que se ha visto “obligado” a pronunciarse públicamente “ante la negativa de la Fiscalía de España” a permitirle ejercer su defensa en el procedimiento y a proporcionarle “acceso formal a la denuncia”.

Se refiere a los hechos que dos mujeres han puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que pueden constituir delitos de trata, acoso sexual, agresión sexual, lesiones e imposición de condiciones laborales abusivas. La Fiscalía anunció que les tomaría declaración bajo la protección de su identidad. 

Las capturas difundidas por el cantante muestran nombres y apellidos de las personas que envían los mensajes, así como las fechas y la voz de una de ellas. Algunos de estos mensajes, según se deduce por el contexto, no están dirigidos a él sino a una “señorita”. Las imágenes no permiten ver a qué teléfono fueron supuestamente enviados y tampoco si existió o no respuesta.

La jurista experta en perspectiva de género Encarna Bodelón critica con dureza la estrategia de Iglesias: “Haya cometido un delito o no, sean estas las denunciantes o no, muestra no tener escrúpulos morales, no respetar la ley ni los derechos y no querer colaborar con el procedimiento”. “Cuando un agresor ya no puede esconder lo que ha hecho o no puede mantener su estatus igual, entonces intenta minimizar los hechos o jugar al desprestigio de las víctimas”, señala la abogada especializada en violencias machistas Olga Barroso, que explica que el señalamiento y el descrédito de las víctimas es una táctica habitual y funciona como “castigo ejemplar” para ellas y para todas las mujeres que puedan estar en una situación similar. 

Las abogadas de Women’s Link Worldwide que representan a las denunciantes solicitaron a la Fiscalía cuatro “medidas de protección”. Pidieron que se evite “el contacto directo” entre ellas y sus familiares, de una parte, y los “sospechosos de la infracción”, de otra. Que se tomen “las medidas necesarias” para proteger la intimidad de las denunciantes y de sus familiares, “y en particular para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar su identificación”. Además de que se tome declaración a las denunciantes evitando su revictimización. 

Bodelón pide que la Fiscalía actúe con contundencia: “Si cada vez que una mujer denuncia una violación se publica su nombre en redes entonces nadie va a denunciar. Este caso es una violación clarísima del derecho al honor y a la intimidad de esas personas. Es una estrategia que manda un mensaje para que si alguna otra mujer ha visto sus derechos vulnerados ni se le ocurra hablar ni denunciar”.

La investigación publicada por elDiario.es y Univision Noticias asignó a los testimonios recogidos nombres ficticios para evitar su identificación. Ambos medios trataron de ponerse en contacto con Julio Iglesias por diferentes vías diez días antes de la publicación de la primera información sobre las acusaciones. El artista no ha utilizado su derecho a réplica y no ha respondido a las preguntas que se le han hecho llegar a él y a sus representantes legales. En un comunicado público posterior, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Proteger la identidad 

Tras la denuncia el pasado 5 de enero, la Fiscalía desarrolla una actividad extraprocesal en la que, según anunciaron las abogadas de las denunciantes, prestarían declaración y se tomarían medidas de especial protección sobre su identidad. “Es importante que un juez delimite la prohibición de que se haga pública la identidad y también el alejamiento del denunciado hacia las denunciantes”, remarca María Acale, catedrática de Derecho penal de la Universidad de Cádiz. 

Iglesias había solicitado personarse en la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, algo que fue rechazado por la fiscal Marta Durántez, alegando que las pesquisas se encuentran en “un momento inicial” en el que hay que determinar primero si el tribunal especial es competente para abrir una causa contra el cantante. Ante esta negativa, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, ha insistido, solicitando acceso a la denuncia.

El catedrático de derecho procesal Iñaki Esparza cree que esta “agresiva” estrategia de Julio Iglesias “perjudica a sus intereses” y la considera “precipitada” por su parte. “El sistema ha querido proteger a las denunciantes y lo que está haciendo es defenderse cometiendo, aparentemente, una vulneración que habrá que ver qué alcance tiene”, señala. 

“Siembra dudas sobre la forma de gestionar el proceso” porque deja ver que “sabe que no lo está haciendo bien, pero que no le importa y afronta el riesgo de las sanciones que le puedan imponer” por revelar información de carácter personal, asegura Esparza, que además es miembro de la Autoridad Vasca de Protección de Datos como experto en Derechos Fundamentales. En este sentido, apunta a que “la Agencia Española de Protección de Datos también tendría algo que decir”, ya que se encarga de la gestión correcta de datos entre personas privadas. 

Y esto afecta de igual manera a personas no nacionales, porque está actuando sobre un procedimiento que está asentado en España, “y por lo tanto está sometido a las reglas que rigen en España”. “Lo que no puedes hacer es traer unas personas a jugar en nuestra casa un partido y decir ‘pero vosotros tenéis ciertas limitaciones que los demás no tenemos’. Eso no tiene sentido. Tienen estatus de demandantes en España y tienen lo que ese estatus comporta, independientemente de la nacionalidad”. 

“En ningún caso es una prueba de abuso”

Para Iglesias, el tono de los mensajes pone de manifiesto “la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática”. Encarna Bodelón recuerda que es imposible saber si los mensajes que el cantante ha publicado están o no manipulados o si pertenecen a las víctimas, “y en cualquier caso, no tienen que ver con los delitos de los que se le acusa ni desvirtúan las acusaciones”.

Olga Barroso subraya que el hecho de que una mujer que ha sufrido violencia sexual envíe mensajes después o haga manifestaciones afectivas a quien le agrede “en ningún caso es una prueba de que ese abuso y violencia no hayan ocurrido, todo lo contrario”.

“Las mujeres o son tontas y débiles o son mentirosas y guarras, se busca que parezca que son las mujeres las que corrompieron o buscaron al hombre que señalan”, dice la psicóloga. “De esta manera buscan que la intimidad de las víctimas sea leída, no como la reacción de alguien que ha sufrido un delito, coacción o intimidación, sino como la reacción de alguien que ha dado su consentimiento, cuando no ha sido así”, cuenta Barroso, que subraya que de esta manera se persigue la exculpación del hombre señalado, pero también generar miedo tanto en las víctimas que hablan como en las que no.

La experta explica que esa estrategia que busca desacreditarlas a ellas y que su verdad parezca imposible de creer es la que más daña a las mujeres en estas situaciones. 

Machismo y racismo

La antropóloga e investigadora Eshe Lewis insiste en que, en el contexto de sociedades misóginas, la credibilidad de las mujeres se pone en duda constantemente. “Bajo el amplio paraguas de la feminidad, hay varios factores que pueden influir en la credibilidad percibida de una mujer, entre ellos la raza, la etnia, la clase social y el poder social o político”. 

“Los estereotipos étnicos y raciales que prevalecen retratan a las mujeres negras como hipersexuales y poco inteligentes, e influyen constantemente en la opinión pública de manera negativa. Eso, en última instancia, refuerza la idea de que las mujeres negras que denuncian el abuso y la violencia no son dignas de confianza en comparación con las mujeres de otros orígenes raciales”, explica Lewis. 

Lewis destaca que esos factores hacen que hablar sea extremadamente difícil para las mujeres de estos grupos, mientras que los equipos jurídicos de los hombres señalados recurren con mucha facilidad a estos estereotipos para ponerlas a ellas en entredicho.

“Vuelven a poner sobre ellas la causa del horror que ha sucedido y no en ellos. Es darle la vuelta a la tortilla entre victimario y víctimas: que sean ellas las que parezca que han hecho algo”, asegura Olga Barroso. Esa estrategia, prosigue la abogada especializada, tiene recorrido social porque “en el consciente colectivo de una sociedad machista y racista” permanecen fuertes estereotipos que asocian a mujeres y personas negras con el engaño, la mentira o la provocación. 

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Comprobación de datos y edición: Natalia Chientaroli

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