El Gobierno de Macron salva los presupuestos por decretazo con el rescate de los socialistas en una nueva moción de censura

El Gobierno francés ha dado un paso decisivo hacia la adopción definitiva de los presupuestos del Estado para 2026. Como ya ocurrió con sus predecesores, el primer ministro macronista, Sébastien Lecornu, ha recurrido al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes bajo responsabilidad del Ejecutivo, sin votación en la Asamblea Nacional.

El artículo 49.3 sólo puede ser frenado mediante la adopción de una moción de censura por una mayoría de la Asamblea que obligue al Gobierno a dimitir. El martes los diputados del partido de izquierdas Francia Insumisa (LFI) y de la extrema derecha de Marine Le pen presentaron cada uno una moción en este sentido, que han sido votadas y rechazadas este viernes (la de LFI fue la más votada con 269 apoyos de 288 necesarios).

En octubre, para salvar la primera de las mociones de censura contra él, Lecornu se había comprometido a no utilizar esta herramienta constitucional destinada a impedir que los bloqueos parlamentarios afecten la acción del Ejecutivo, en particular en materia presupuestaria. La renuncia de Lecornu estaba destinada a convencer a la oposición —en particular al Partido Socialista (PS)— de su voluntad de diálogo.

Sin embargo, pese a tres meses (y más de 350 horas) de debates parlamentarios, el Gobierno ha constatado la imposibilidad de conseguir un proyecto de ley susceptible de lograr suficientes votos en la fragmentada Asamblea Nacional. “Dado que el Parlamento no ha podido asumir su responsabilidad de dotar de un presupuesto a la nación, debido a las acciones de diferentes grupos políticos que deberán rendir cuentas ante los franceses”, afirmó el martes Lecornu en la tribuna de la cámara, señalando a los diputados de Francia Insumisa y de Agrupación Nacional. “El Gobierno ha decidido asumir su responsabilidad”.

En los días previos, los líderes del Partido Socialista habían anunciado que no se sumarían a la moción de censura de LFI, la que más opciones tenía de prosperar (los partidos progresistas nunca votan a favor de las mociones de la extrema derecha, por lo que su adopción es siempre imposible).

Si bien Lecornu no había conseguido los apoyos suficientes para un voto favorable, sus negociaciones de los últimos meses con el PS han servido para convencer a los diputados de esta formación de que no censuren al Gobierno. Los socialistas consideran que sus reivindicaciones han sido satisfechas por el Ejecutivo: prima de actividad para los trabajadores con menos ingresos, comidas a un euro para los universitarios, el aumento del impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas y algunas medidas sobre la vivienda.

La izquierda dividida

No obstante, esta decisión complica las relaciones de los socialistas con los ecologistas y los comunistas, que sí han votado la censura. Y las críticas más duras vienen de los miembros de LFI, que van a utilizar la decisión de los socialistas de no derribar el Gobierno como argumento de campaña de cara a las próximas elecciones municipales de marzo, donde aspiran a arrebatarles varias de sus alcaldías.

“Al traicionar sus compromisos y no votar la moción de censura, el PS valida este presupuesto criminal”, denunció la presidenta del grupo parlamentario LFI, Mathilde Panot esta semana en declaraciones a Franceinfo. Panot subrayó, por ejemplo, la negativa del Ejecutivo a incluir medidas que aumenten la fiscalidad de los más ricos. “¿Cuántas de las grandes propuestas que había hecho el Partido Socialista se han incluido en este presupuesto? Ninguna”.

Una vez rechazadas las mociones, la primera parte del proyecto de ley de finanzas, relativa a los ingresos, se considera como aprobada por la cámara baja. En los próximos días, el Gobierno deberá aprobar con el mismo procedimiento la segunda parte, relativa a los gastos. Y —tras una nueva moción de censura— el texto se enviará al Senado y luego volverá a la Asamblea Nacional para su validación definitiva, que requerirá un nuevo 49.3, al que seguirá una nueva censura. Si se cumple el calendario, el texto podría promulgarse a mediados de febrero, con un mes y medio de retraso con respecto a los plazos ordinarios.

El líder de los socialistas, Olivier Faure, ha defendido que, en el actual contexto de ausencia de mayoría parlamentaria, su obligación era “buscar el compromiso, que inevitablemente será insuficiente para aquellos que limitan la función política al comentario. Solo se critica a quienes actúan”. Asimismo, Faure denunció la falta de implicación de los otros partidos, tanto en los debates parlamentarios como en las negociaciones directas con el Gobierno. “¿Qué hacen aquellos que se limitan a criticar? ¿Dónde estaban cuando había que influir en el debate?”, denunció.

Presión de Macron

Sébastien Lecornu no ha conseguido repetir el acuerdo de mínimos que permitió la aprobación de la ley presupuestaria sobre la seguridad social en diciembre. Ese texto pudo salir adelante con el apoyo de la mayoría del bloque central, de la derecha y del Partido Socialista, además de la abstención de Los Ecologistas.

En aquella ocasión, la suspensión de la polémica reforma de las pensiones (congelada hasta 2027) fue considerada por los partidos de izquierda como una victoria de suficiente entidad como para permitir que el proyecto de ley saliera adelante. Pero, esta vez, Lecornu no disponía de ninguna carta similar que le permitiera convencer a la oposición.

Los medios franceses subrayan estos días la presión ejercida por Emmanuel Macron sobre su primer ministro para que cerrase un acuerdo de no censura lo antes posible y permitiese la entrada en vigor de los presupuestos, que incluyen un importante aumento de los créditos para la Defensa. Y eso que dicho pacto ha supuesto importantes renuncias a la versión inicial del texto.

Al no haber llegado a un acuerdo sobre este presupuesto inicial, ni haber aumentado los impuestos a las grandes fortunas y haber revisado a la baja el recorte del gasto, Sébastien Lecornu acepta ahora que el objetivo del déficit para 2026 será del 5% (frente al 5,4% previsto para 2025). Una reducción sensiblemente menor a la prevista inicialmente. Como consecuencia, Francia tendrá que endeudarse más de lo previsto; en lugar de aumentar hasta el 117,9% del PIB, la deuda debe alcanzar el 118,2% a finales de 2026, según las previsiones del ministerio de Economía francés.

Estas concesiones han hecho que el primer ministro reciba también duras críticas entre sus propios aliados centristas y de derecha. “El presupuesto del Gobierno recoge todos los ingredientes socialistas que han llevado al declive de Francia: más gasto y más impuestos que pesan y desaniman a quienes producen”, denunció el líder de la derecha, Bruno Retailleau. No obstante, los diputados de centro-derecha, inquietos ante la perspectiva de unas elecciones anticipadas, en ningún momento se plantearon censurar al primer ministro.

El presupuesto también ha recibido críticas de la patronal, que rechaza los impuestos que gravan a las grandes empresas, que en la copia final son más elevados que en las primeras versiones del proyecto de ley. Una decisión que vuelve a romper con la política de oferta favorable a las empresas, principal eje de los dos mandatos de Macron. La medida ya figuraba en el presupuesto del año anterior —debe aportar 8.000 millones a las arcas del Estado este año— y el Ejecutivo se ha visto obligado a prolongarla de manera casi idéntica, pese a que había asegurado que sólo se aplicaría en 2025 “de manera excepcional”.