La resolución del contrato con Ribera Salud por la presunta reutilización de catéteres expondría a la Generalitat a indemnizaciones millonarias

“Si detectásemos algún tipo de irregularidad la contundencia la aplicaríamos y tomaríamos algún tipo de medida”. El conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, Marciano Gómez, se pronunció en estos términos recientemente preguntado por la continuidad de Ribera Salud como empresa gestora del hospital del Vinalopó, tras el escándalo desatado por el correo de un alto cargo de la empresa destapado por elDiario.es en el que se insta al personal a reutilizar catéteres de un solo para ahorrar.

Gómez no especificó si por medidas contundentes se entiende la posible rescisión del contrato, una medida que reclaman tanto el PSPV como Compromís, que van a llevar el caso ante la Fiscalía, además de la Plataforma por la Reversión del Vinalopó, que realizó una protesta este jueves a las puertas del centro hospitalario alicantino. Sin embargo, a la vista de las condiciones del contrato que prorrogó en mayo del pasado año el Gobierno valenciano hasta el 31 de mayo de 2030, no sería ni mucho menos sencillo y según diversas fuentes consultadas, podría dar pie a una guerra judicial con reclamaciones millonarias por parte de la empresa.

Y es que, según el documento de formalización de la prórroga de cinco años, la administración se compromete a abonar a la mercantil de entrada un total de 826,7 millones de euros. Descontando los 82,6 millones previstos para el año 2025, a la administración valenciana aún le quedarían por pagar a Ribera Salud 744,1 millones a la mercantil por los cuatro años que le quedan de concesión.

El motivo de este más que probable litigio es que ninguna de las cláusulas que figuran en el pliego como motivo para resolver la concesión hablan de posibles negligencias. Tampoco el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por el que se rige el acuerdo.

En ambos casos figuran como uno de los posibles motivos de rescisión “razones de interés general”. Sin embargo, fuentes de toda solvencia explican que acogerse a este punto requiere de una situación excepcional que implicaría una rigurosa justificación para evitar las mencionadas indemnizaciones.

Cláusulas de resolución del contrato con Ribera Salud por la gestión del Vinalopó.

El resto de motivos que se establecen en el contrato como causas de resolución del mismo son la “el incumplimiento en más de dos meses del plazo respecto del inicio de la gestión del servicio público por causas imputables al contratista; el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales relativas a la prestación de los servicios complementarios no sanitarios; el incumplimiento de las obligaciones esenciales de elaboración del Proyecto de Construcción del Hospital y de su ejecución; el abandono se presumirá cuando el concesionario, sin causa justificada, deje de prestar el servicio durante más de 48 horas seguidas, mediante retirada del personal y desatención absoluta del servicio; el abandono supone la incautación del servicio por parte de la Administración; la obstrucción por el concesionario al ejercicio por parte de la Administración de las facultades de control e inspección; la demora superior a seis meses por parte de la Administración; la imposibilidad de explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al mismo”.

El contrato también prevé que “el Órgano de Contratación podrá acordar el rescate total o parcial de la concesión en el caso de que los servicios así lo exigieran por causa de interés público”.

Por otra parte, el apartado 17 en el que se establecen las obligaciones del contratista se advierte de que deberá “indemnizar los daños que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración”.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad, a preguntas de esta redacción sobre si el caso de los catéteres, en caso de acreditarse su reutilización de forma ilegal, sería motivo de rescisión del contrato, se han remitido a lo establecido en las cláusulas y en la normativa en que se basa.

Inspección de Sanidad y respuesta de Ribera Salud

Como ha avanzado este diario, el 6 de octubre de 2025 la jefa de auditoría de la empresa Ribera Salud envió un correo a los jefes del hospital público que gestiona en la localidad madrileña de Torrejón con una orden muy clara: debían reutilizar catéteres de electrofisiología, material que es de un solo uso, para ahorrar dinero. Y cuanto antes, como ya estaban haciendo en el hospital público del Vinalopó, que da servicio al área de salud de Elche-Crevillent (Alicante), también gestionado por Ribera Salud. Es el último centro hospitalario que les queda concesionado en la Comunitat Valenciana tras la reversión que llevó a cabo el Botànic.

elDiario.es planteó la situación revelada en el mencionado correo a la Conselleria de Sanidad el pasado jueves 15 de enero para intentar conocer el alcance de estas prácticas en el hospital del Vinalopó, en el área de Elche-Crevillent, y, alertada por la gravedad de la situación, envió una inspección sorpresa a las ocho de la mañana del viernes. “Los inspectores se han personado en varios departamentos del centro y no han detectado que hoy se esté reutilizando material de ese tipo”, aseguran fuentes de la Conselleria. Esto no significa que no se hiciera en el momento en que se envió el correo interno, que es muy claro sobre las prácticas que se impulsaban en el centro.

Fuentes de Ribera Salud alegaron, a preguntas de elDiario.es, que la inspección de la Conselleria de Sanidad “ha evidenciado que no se reesteriliza material fungible”. “En el Hospital Universitario del Vinalopó no se está reutilizando material de un solo uso”, aseguraron. Avisados de que existe un correo interno que contradice su declaración, las mismas fuentes de la empresa han manifestado: “Te puedo evidenciar lo que dice la inspección oficial de Sanidad de hoy mismo. Lo que dice el documento que tú tienes no sé si ha podido ser manipulado. Ya ocurrió con el tema de los audios”.

El caso de Torrejón, también judicializado

En la vertiente madrileña, un juzgado de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz decidió hace una semana archivar la querella que Podemos interpuso contra los gestores de Ribera Salud y el Hospital de Torrejón de Ardoz a raíz de las conversaciones desveladas por El País en las que sus directivos ordenaban priorizar intervenciones médicas más rentables económicamente. Una decisión que choca con el criterio de la Fiscalía, que tal y como adelantó El Plural considera que sí hay prevaricación y ha remitido más denuncias interpuestas por el PSOE, el abogado Javier Flores y una asociación de defensa de la sanidad pública.

La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles, tras la publicación del correo en elDiario.es, en que “la inspección, a través de las auditorías, ha negado rotundamente que en ese hospital se haya reutilizado absolutamente nada”, ha defendido Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de Ayuso tras el Consejo de Gobierno. “Ha habido una traza de todo el material que ha entrado y de todo el material que se ha utilizado, en los quirófanos y no hay ningún tipo de reutilización. Por tanto es rotundamente falso y los ciudadanos pueden estar muy tranquilos”, ha señalado, pese a que el correo, del 6 de octubre, da indicación de hacer la esterilización de catéteres “lo antes posible”.