Los no adscritos huidos de PSOE y Vox ya suponen la segunda fuerza de la Asamblea de Ceuta y dan aire al PP
Un exsocialista cuyo entorno empresarial recibe contratos de la Ciudad, un ex de Vox que presenta moción de censura contra el Gobierno y un investigado por narcotráfico, entre los seis parlamentarios sin partido que han permitido aprobar los presupuestos populares
El PSOE acusa al PP de Ceuta de “comprar” a dos de sus diputados autonómicos por romper la disciplina de voto
La Asamblea de Ceuta celebró la pasada semana las dos primeras sesiones plenarias en las que los diputados no adscritos suman más que cualquiera de las formaciones de la oposición. El PP ocupa nueve asientos, los parlamentarios sin partido ya son seis, hay tres de Vox y PSOE y dos de los partidos locales MDyC y Ceuta Ya, que terminan de completar el colorido entramado político de la ciudad al que ahora se suma un grupo heterogéneo de expatriados por diversas razones que ha permitido al Ejecutivo popular aprobar los presupuestos.
Lo logró cuando la suma de no adscritos solo iba por cuatro –hace poco más de dos semanas que alcanzó los seis–: tres exediles del PSOE, Navil Rahal, Fidda Mustafa y Hikma Mohamed, y una de Vox, Teresa López –a la que a no mucho tardar se sumaría su ahora excompañero de siglas y otrora portavoz, Carlos Verdejo, que acaba de presentar una moción de censura contra el Gobierno–, que votaron a favor de las cuentas del Ejecutivo. El resto de la oposición lo hizo en contra.
Los presupuestos enmendados a última hora con casi medio centenar de modificaciones introducidas tras la aprobación inicial por el propio PP incluían en su primer borrador una partida de 377.180 euros, que fue ampliada vía enmienda a 580.896 euros, para los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. Se trata de un servicio que desde 2022 presta la empresa R&B Sebta, de la que fue apoderado Rahal y que pertenece a su entorno familiar, con su esposa a la cabeza.
Esta vinculación en forma de adjudicaciones de contratos a firmas de su órbita cercana provocó que sus excompañeros socialistas acusaran al PP de compra de voluntades y al ahora diputado no adscrito de transfuguismo. A mediados de 2024, Rahal y Mustafa se saltaron la disciplina de voto del PSOE en la Asamblea apoyando una iniciativa del Gobierno. Ambos fueron expulsados de su partido y supusieron las primeras incorporaciones a la bancada de los no adscritos.
Para aquel entonces, la firma R&B Sebta ya había sido adjudicataria de tres contratos por parte de la Administración local, correspondientes al servicio de inhumación de finados (24.833 euros), el de captura de animales (25.615 euros) y el más cuantioso –y vigente en el momento de la ruptura del diputado con el PSOE– relativo a la gestión de los citados mataderos portátiles entre 2022 y 2025, por 1,5 millones de euros. Esto serían unos 375.000 euros anuales, más de 200.000 menos de la cuantía cerrada para 2026 tras la enmienda presupuestaria del propio PP y apoyada por el diputado.
Este miércoles, la Ciudad ha sacado además a concurso el servicio de los espacios móviles para sacrificio de animales, incrementando aún más la cuantía. El Ejecutivo ofrece 2,3 millones de euros por cuatro años, es decir, algo más de 575.000 euros por anualidad. Los pliegos exigen experiencia demostrable en los últimos tres años en actividades de similar naturaleza.
Otra sociedad que recibió encargos de la Ciudad, en concreto de la compañía pública del agua, Acemsa, fue Academia Rahal S.L., de la que es administrador el hermano del ex del PSOE, que en el pasado figuró como apoderado. En este caso, la firma obtuvo un contrato menor por 41.270 euros para reconstruir un muro de contención en febrero de 2024.
Además, la compañía Quarry Urban Developments, que administra la nuera del socio de Rahal en los mataderos portátiles, acumuló cinco adjudicaciones de contratos menores entre 2024 y 2025 por importe de 174.117 euros. Entre ellos, uno del pasado once de diciembre relativo a la adecuación de espacios en materia de accesibilidad universal y salubridad en la barriada Príncipe Alfonso.
Estas relaciones contractuales entre las partes –se entiende, las que ya se habían rubricado entonces– fueron defendidas como “legales” por el portavoz municipal y vicepresidente segundo de la Asamblea, Alejandro Ramírez (PP) en una comparecencia poco después de que Rahal dejara el PSOE.
Acusaciones de racismo
Otro voto clave para que el PP sacara adelante los presupuestos para 2026 fue el de Teresa López, exdiputada de Vox y tercera en unirse a los no adscritos, que actualmente se desempeña en el gabinete de comunicación del equipo de fútbol local –ahora en segunda división– y que es la entidad deportiva con subvención más elevada de todas las que financia la Ciudad Autónoma.
La cuarta incorporación al grupo de los no amparados por siglas políticas llegó a finales del pasado mes de mayo. La socialista Hikma Mohamed ahondaba en la crisis parlamentaria del PSOE que se quedaba en la Asamblea con tan solo tres representantes. A la par, otro miembro de la dirección del partido presentaba su dimisión entre acusaciones de racismo, Mohamed Haidor.
Unos meses después, hace apenas tres semanas, con los presupuestos ya aprobados, Vox se veía también con tres diputados después de la decisión Carlos Verdejo de dar el salto al amplio grupo de los ‘sin partido’ tras meses apartado de sus compañeros. El que fuera durante años portavoz en la Asamblea de la ultraderecha llevaba meses acusando a su propia formación de haber perdido la identidad, llegando a deslizar en ruedas de prensa en solitario supuestos usos poco éticos de los fondos públicos que llegaban a la agrupación.
Aunque en varias ocasiones amenazó con difundir documentación, nunca llegó hacerlo. Mientras tanto, acumulaba expedientes sancionadores por parte de Vox. Finalmente, Verdejo dio el paso a los no adscritos un 28 de diciembre, definiéndose entonces a sí mismo como “antipolítico”, calificando la Asamblea de “circo” e ironizando sobre presentar una moción de censura contra el Gobierno de Juan Vivas. Al final cumplió esa determinación y llevó esta misma semana la propuesta ante la cámara para su debate en una sesión plenaria con fecha aún por fijar.
Casi a la vez que Verdejo dejaba Vox, salía de prisión –de manera provisional y tras pagar una fianza– el diputado del MDyC y funcionario de prisiones, Mohamed Ali Duas. Investigado por narcotráfico en el seno de la operación de la Audiencia Nacional en la que apareció un narcotúnel que conectaba Ceuta con Marruecos, dejó su partido al poco de llegar de vuelta a la ciudad autónoma. Este último, sin embargo, mantiene su acta de diputado, por lo que podría volver a los plenos próximamente.
Una reprobación salvada: “No soy el artífice”
La acción de los parlamentarios sin siglas volvió a notarse la pasada semana, en los plenos celebrados el martes y el miércoles, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo se libró de la reprobación por su gestión en materia de salud mental, en parte, gracias a los votos de algunos de los seis diputados. Un efecto que podría repetirse de manera constante en lo que resta de legislatura, con unos presupuestos y medidas de calado aún por aprobar.
Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa de cierre de año, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se sacudió la responsabilidad. El líder local dejó la pelota en el tejado de los partidos de los que salieron los representantes ahora no adscritos y aseguró que sus contactos con ellos siempre se han enmarcado en la “legalidad” y ceñido “exclusivamente” a cuestiones políticas. “No soy el artífice”, zanjó, sobre la atípica situación en la que se encuentra la Asamblea ceutí.