Una jueza imputa a la cúpula de TMB por acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas

Una jueza ha imputado al consejero delegado de TMB, Xavier Flores, y a otros dos altos directivos de la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por acoso laboral a la responsable de investigar irregularidades y denuncias internas y que fue despedida en 2024.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Míriam de Rosa acuerda abrir una causa y ordena una primera batería de declaraciones. El 4 de febrero se interrogará a los primeros cuatro testigos, entre ellos la querellante, que fue responsable de cumplimiento normativo de TMB. Este tipo de cargo interno en las empresas se encarga de evitar malas prácticas y la normativa establece que deben gozar de cierto grado de autonomía e interlocución con los órganos directivos.

La magistrada ha citado a Flores y a los otros dos investigados (la directora de recursos humanos y el director jurídico), para comparecer como investigados el 10 de febrero. Desde TMB han negado “rotundamente” que se acosara a la exjefa, han defendido la inocencia de sus directivos y han tildado de “totalmente falso” el relato de la denunciante en su querella.

Como encargada de las investigaciones internas y la denuncia de irregularidades que le reportaban los trabajadores, la denunciante abrió un expediente por un presunto caso de acoso laboral a una trabajadora, que implicaba a la directora de recursos humanos.

Este expediente fue el detonante, según la exjefa de compliance, de su despido, ya que insistió en investigarlo en contra de lo que le pedían sus superiores. En cambio, las fuentes de TMB desmienten el nexo entre el expediente y el cese, que atribuyen a una denuncia por acoso contra la denunciante. Es más, recuerdan que fue la empresa quien llevó las pesquisas investigadas por la exjefa a la Fiscalía, que archivó el caso. Esta será la primera clave del caso que la magistrada deberá resolver.

El salto a la vía penal agrava la crisis que vive TMB: elDiario.es ha desvelado en las últimas semanas que la compañía se enfrenta a una multa millonaria por tener al descubierto durante años datos confidenciales de su plantilla y que la empresa ha reservado 650.000 euros en detectives para espiar a sus trabajadores.

La responsable despedida es una profesional con casi dos décadas de experiencia en la empresa. Empezó a trabajar en TMB en 2006, y en 2018 fue nombrada al frente del área de protección de datos y buen gobierno de la compañía pública, que tiene una plantilla de 9.000 trabajadores. La querellante ha participado en varias conferencias especializadas en cumplimiento normativo (compliance) en instituciones como el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

La exdirectiva obtuvo la protección como alertadora de corrupción de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), pese a lo cual fue despedida de TMB en octubre de 2024. La razón fue otro caso de acoso laboral, pero en este caso ella fue la denunciada por un trabajador ante la Fiscalía. Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público archivó el caso.

La versión de la exjefa es que esa denuncia es falsa y que solo sirvió a la empresa para sortear la protección como alertadora y proceder a su cese cautelar y posterior despido disciplinario.

Esta será otra de las claves del caso: la magistrada deberá determinar si el despido de la ahora querellante (que también ha sido recurrido en la jurisdicción laboral) se basó, como sostiene la exjefa de compliance, en una “construcción mendaz” y una “falsa imputación” contra ella que culminó una estrategia de “presión” de los directivos para evitar su obligación de controlar internamente a los responsables de TMB.

En su informe de septiembre de 2025, la Oficina Antifraude dictaminó que su despido era una posible represalia por su trabajo como encargada del cumplimiento normativo. La querellante responsabiliza a la cúpula de TMB de los intentos para desactivar su trabajo, además de coaccionarla y desprestigiarla internamente, y de varios intentos de injerencias en la autonomía que la ley otorga a los responsables de compliance.

El punto de inflexión, mantienen la OAC y la denunciante, fue el impulso de un expediente por la denuncia interna por acoso de una trabajadora.

En abril de 2024, la denunciante envió un correo electrónico a la jefa de recursos humanos para solicitar que dejara de “interferir” en las pesquisas. Al constatar “falta de apoyo” de la directiva, la exjefa de compliance acudió al máximo responsable, el consejero delegado de TMB, Xavier Flores. La denunciante relata una reunión con Flores en mayo de 2024 en la que según su versión, lejos de encontrar apoyo, su superior le “recriminó” su actuación e “intentó influir” para que modificara el sentido del borrador que estaba preparando, en el que exponía que existían indicios de “conductas irregulares” de los denunciados.

La reunión, según la versión de la denunciante, terminó con Flores “arrojando el documento de malas maneras” sobre su mesa.

El encuentro fue el detonante para que la responsable de compliance pidiera protección a la Oficina Antifraude, que se la otorgó el mismo mayo de 2024. La petición de amparo, según la denunciante, no fue bien recibida por Flores, quien en una conversación (grabada por la exjefa) le recriminó la solicitud, le pidió “calmarse” y le manifestó que en su anterior reunión le había trasladado que tenían que ser “conscientes” de lo que escribiría en su informe final.

Un mes después, en mayo de 2024, la denunciante fue cesada como encarga del órgano de cumplimiento interno de TMB y su sustituto fue el director jurídico. Las “injerencias” en el expediente de acoso a una trabajadora continuaron, expone la denunciante, ya que el nuevo responsable solicitó la contratación de dos despachos de abogados externos respecto a su actuación, además de ordenarle “modificar” un informe técnico sobre los fondos Next Generation.

Durante los siguientes meses hasta su suspensión cautelar en septiembre y su despido en octubre de 2024, la denunciante mantiene que fue excluida de los comités de dirección y se incrementó la “falta de respaldo y refuerzo institucional”. El informe de la OAC respalda su versión al destacar que TMB creó un “protocolo precipitado” para la gestión de incidentes de acoso laboral que no respetó las garantías de la denunciante al iniciarse por fuera de los canales establecidos y externalizar varios informes clave.

Además, una vez despedida, durante dos meses información confidencial de la denunciante fue accesible para la totalidad de la plantilla debido a una brecha de seguridad en TMB, a pesar de su petición para el bloqueo de sus datos personales. Entre los documentos expuestos se encontraban correos electrónicos y comunicaciones personales.

En suma, para la denunciante la dirección de TMB la sometió a una “inmerecida presión en su entorno laboral”, que le impidió realizar su trabajo y le ha comportado daños psicológicos, económicos y reputacionales.