El Ministerio de Infancia propone impedir la entrada de menores a las corridas de toros
El departamento dirigido por Sira Rego incluye esta medida en la reforma de la ley de protección a la infancia, que también amplía el plazo de prescripción de los delitos sexuales diez años más
Un macroestudio del Gobierno revela que casi un 30% de la población sufrió violencia sexual cuando era menor
El Ministerio de Juventud e Infancia quiere impedir la entrada de menores de edad a eventos en los que se ejerza violencia contra animales, como las corridas del toros. Es una de las propuestas que plantea el departamento dirigido por Sira Rego en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), en cuya reforma está inmerso el ministerio.
La propuesta, que ya ha enviado al resto de los ministerios de cara a su aprobación en el Consejo de Ministros, contempla que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en este tipo de actividades, eventos o espectáculos, según han explicado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. Con ello, Rego quiere cumplir con la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de “prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños”.
Recientemente, Rego informó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre la incorporación de esta prohibición en la ley de infancia al ser preguntada la delegación española por varios miembros de este organismo sobre esta reclamación.
Según contempla la exposición de motivos de la ley, que fue aprobada en 2021, “las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad”. Y añade que existen “riesgos psicológicos” derivados de la “exposición temprana a la violencia”, que puede “desensibilizar a los menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional”.
En varias ocasiones, Rego ha asegurado que la reforma “está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes”, para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Se amplía la prescripción de delitos sexuales
Cuatro años después de que España diera luz verde a la ley, el ministerio liderado por Sira Rego ha detectado que existen “lagunas estructurales” en su aplicación que justifican su reforma. Entre otras cosas, la modificación propone ampliar en diez años la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de modo que el plazo de de prescripción que actualmente empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años no lo hará hasta que cumpla 45.
Otro de los puntos recoge la obligatoriedad de escuchar a los menores de 18 años en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad. Es habitual que jueces y juezas les oigan si tienen más de 12 años, a pesar de que varias leyes reconocen que debe hacerse también con los chicos y chicas más pequeños, un derecho que no está aplicándose en la práctica en todos los casos y que la LOPIVI quiere reforzar.
Además, la reforma recoge la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad.
También contempla el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal. Según Rego, esto supone que “toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada”.