La jueza del escándalo de la FP que afecta al gobierno de Ayuso pone el foco en otros siete institutos

La jueza del escándalo de la FP que afecta al gobierno de Ayuso pone el foco en otros siete institutos

La instructora que investiga si hubo prevaricación en la construcción de un centro que se adjudicó a dedo ha citado a declarar como testigos a responsables de otros siete institutos públicos, algunos con obras bajo sospecha como publicó elDiario.es

Las claves del escándalo de FP que acecha al Gobierno de Ayuso: contratos fantasma, facturas troceadas y orden de guardar silencio

La jueza que investiga presunta prevaricación por el escándalo de la FP en la Comunidad de Madrid ha ampliado su foco de investigación. Hasta ahora, el juzgado de instrucción 39 de Madrid estudiaba si el centro de Formación Profesional Ciudad Escolar había realizado obras fuera de la legalidad, troceando las reformas para no tenerlas que sacar a concurso y poder adjudicarlas a dedo por un valor de dos millones de euros.

La causa había sido objeto de una prórroga en septiembre del año pasado. Ahora, en un nuevo auto, la jueza llama a declarar como testigos a siete directores de sendos institutos, algunos de los cuales también realizaron obras en el periodo investigado, entre 2021 y 2023, durante el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Algunos de esos casos, como el del IES Alberto Corazón, fue desvelado por elDiario.es, que demostró con una investigación que dio origen a la causa judicial, que también había hecho obras fuera de la ley.

Además de al responsable de este centro de la Comunidad de Madrid, la instructora cita a los responsables del “IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias” y lo hace “de conformidad con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción”, que en un escrito anterior ya había puesto de manifiesto lo que consideraba una “grosera y palmaria” omisión del procedimiento de licitación de obra pública.

Según la ley de contratos del sector público, las obras cuyo importe sea mayor de 50.000 euros deben sacarse a concurso, el procedimiento que da garantías al contribuyente de que hay competencia y en el que se puede optar por la mejor oferta. Tal y como demostró elDiario.es en su investigación, en muchos de estos casos a cuyos responsables ha citado la jueza las obras se dieron a dedo a constructoras y se fraccionaron (por una parte las paredes, por otra los baños, por otra la pintura…) para que no saltaran las alarmas de la Intervención. 

El principal imputado, exsubdirector de FP con el anterior consejero de Educación (que es hoy presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio) dijo en su declaración ante el juzgado que el consejero estaba al tanto y que el procedimiento era así cuando él llegó y cuando él se fue y que todo pasaba bajo los ojos y aprobación de la Dirección de Área Territorial, ya que los directores de instituto no tienen capacidad de decidir las obras ni manejar los presupuestos, que vienen dados y auditados desde la Consejería.