Abdul y Zohra, enferma de cáncer, desahuciados tras la caída del escudo social: «Para ellos somos un número»

Zohra, de 72 años, no acudió este jueves a su sesión de quimioterapia paliativa en el Hospital de Bellvitge. Se quedó junto a su marido en casa, en el que ha sido su hogar y el de sus hijos durante 25 años, porque ambos sabían que les iban a echar. “Para ellos solo somos un número”, repetían desde el salón de su pequeño apartamento de Sant Vicenç dels Horts, en el área metropolitana de Barcelona.

Sin la moratoria que permite frenar los desahucios de familias vulnerables, el llamado ‘escudo social’ cuya prórroga fue tumbada en el Congreso, el matrimonio no albergaba demasiadas esperanzas de poder evitar el desalojo. Tampoco su abogada, que explicaba que contactó con el juzgado el día antes para presentar un recurso de última hora pero ya le dejaron entrever que esta vez no podría acogerse al Real Decreto-Ley 11/2020, el mismo que ha servido en los últimos años para evitar al menos 58.000 desahucios. 

A las 12:00 horas, hora prevista del lanzamiento, Zohra y Abdul permanecen en silencio en el pequeño salón de su casa. Su hijo Abdil habla por ellos. “Mis padres siempre han confiado en que se solucionaría y nunca han dejado de pagar. Lo que piden es continuar con el alquiler social”, se lamentaba. Pero la propiedad, Divarian –del fondo Cerberus–, se negó y extinguió el contrato en 2024. 

Durante la breve conversación en el apartamento, Zohra no deja de llorar. El padre contiene las lágrimas y se cubre el rostro. No hay esta vez protestas para frenar el desahucio en la puerta. La familia, explica Adil, no ha querido el apoyo de los activistas por la vivienda. Solo aguardan en el exterior dos furgones de los Mossos d’Esquadras y la empresa de cerrajeros que va a tapiar la puerta principal en cuanto sus inquilinos salgan por ella. Al llegar la comitiva judicial, la abogada de la familia trata de convencerles en un último intento, apelando a la gravedad de la enfermedad de Zohra, pero estos responden que el mandato judicial es claro. 

“Me da muchísima pena, ahora me está saliendo todo”, reconoce su hijo, tras ver a sus progenitores empaquetar ropa y medicamentos básicos y sacarlos a la calle. Han pactado con la comitiva poder regresar el lunes y el martes para acabar de retirar las demás pertenencias que acumulan desde que llegaron a la casa en 2001. A las 13:00 horas, mientras la familia todavía entra y sale con bolsas, el desahucio se da por consumado y los operarios empiezan a tomar medidas para instalar la puerta metálica. 

Operarios cargan la puerta metálica para tapiar el acceso al apartamento de Abdul y Zohran tras ser desahuciados

La de Abdul y Zohan es la historia de una familia de inmigrantes que llegó a España antes que la mayoría, en la década de los 80, y que quedó atrapada con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con un buen sueldo de la construcción, en 2001 Abdul compró el apartamento de Sant Vicenç con una hipoteca con el BBVA de unos 240.000 euros. Pero con la crisis se quedó sin trabajo y no pudo pagar.

Su hijo relata que lograron una dación en pago a cambio de un contrato alquiler social y de asumir una mochila de deuda de unos 30.000 euros. El último contrato que les hicieron fue en 2016. “Lo que no sabíamos es que entonces se iban a vender el piso a Divarian, que es el que no ha querido saber nada”, señala Adil. Tras cinco años y tres de prórroga, en 2024 no les renovaron el arrendamiento, y allí comenzó su periplo judicial hasta hoy. 

“Hemos ofrecido pagar hasta 450 euros, que es la mitad de lo que ingresan entre los dos, pero no ha habido manera”, lamenta el hijo. “Para ellos solo somos un número”, insiste el hombre. 

Abdul y Zohra están por ahora pendientes de la Mesa de Valoraciones de Emergencias Económicas y Sociales de Catalunya, el órgano de la Agencia de Vivienda de la Generalitat que otorga pisos sociales de emergencia. También cuentan con un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, tal como ha podido contrastar este diario. “La unidad de convivencia no supera el umbral establecido [en cuanto a ingresos mínimos], con lo que se acredita existencia de vulnerabilidad económica”, constata el escrito elaborado por los técnicos municipales. 

Con todo, el juez consideró que no estaba suficientemente demostrada la vulnerabilidad del familiar, y que no se podía aplicar la moratoria antidesahucios, al entender que el informe de Servicios Sociales debía ir acompañado de otros documentos como ingresos, gastos y patrimonio. De esta forma, ordenó un desahucio para noviembre de 2025, que la familia logró aplazar in extremis, en la puerta de casa, hasta este jueves, que se ha ejecutado.

La abogada, Paula Cardona, del Col·lectiu Ronda, presentó una petición de suspensión del lanzamiento hace unos días, que le fue denegada el miércoles. Asegura que aportó más documentación. Entre otros, el informe médico que acredita que Zohra padece un cáncer de ovarios y que está en tratamiento en Cuidados Paliativos de Bellvitge. Tras el rechazo, quiso este miércoles presentar un último recurso, apelando como es habitual en estos casos al decreto-ley conocido como el escudo social, pero esto último ya no pudo hacerlo, explica. El Congreso lo tumbó con votos de PP, Vox y Junts. 

“En unas circunstancias como estas aplicaba el artículo 1 del Real Decreto 11/2020, que dice que quienes tengan situaciones de vulnerabilidad, sin alternativa habitacional y con unos requisitos económicos como estos, se suspende el desahucio”, argumentaba. La normativa, añade Cardona, era un arma con la que contaban hasta esta semana los abogados para aplazar estos desalojos. No siempre servía, puesto que los jueces a veces consideraban cumplidos los requisitos, pero era una herramienta más. “Sin su suspensión, quizás podríamos haber conseguido un piso en la mesa de emergencia antes de llegar al desahucio”, afirma. 

A las puertas de la casa ya vaciada, Cardona criticaba a quienes han combatido la moratoria por considerar que sencillamente servía para proteger ocupaciones irregulares de viviendas. Cuando, añadía, hay múltiples casuísticas afectadas, con y sin contrato de alquiler, pero casi siempre hogares en riesgo de pobreza. “En este caso personas que no han dejado de pagar el alquiler, no entiendo este concepto perverso de las inquiokupaciones, que no responde a una figura jurídica concreta”, valoraba. 

Ejecutado el desahucio, Adil explicaba que por ahora se llevará a sus padres a su casa. Todos se niegan a que tengan que acudir a un albergue del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), que les ofrecen dos noches bajo techo. El hijo vive con su mujer y sus tres hijos en un piso pequeño a un pueblo a 25 kilómetros de Sant Vicenç dels Horts. “No tenemos espacio, pero ya veremos. Vienen conmigo y ya veremos”, se resignaba.