La Justicia condena a la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral

La Justicia ha condenado a la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral durante varios años, en los que se le hostigó a través de redes sociales, se le dio una aula inadecuada, se le cambió los horarios a pesar de que provocó incompatibilidades con algún alumno y se le negó el acceso al sistema de comunicación interna del Conservatorio hasta que el profesor decidió dejar su puesto de trabajo. Además, en una fecha indeterminada, el director del Conservatorio, Joaquín Carrasco, publicó estados en Whatsapp que decían: “voy a hacer origami con tu papel de víctima”, “TONTO ÚTIL es en realidad un ignorante de las motivaciones ocultas de quienes se aprovechan de él, hasta el punto que termina involuntariamente por favorecer el avance de una causa”. “3-0 y ahora sí, aquí te espero. Tonto útil, que eres un tonto útil”.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirma ahora la sentencia de mayo de 2025 emitida por el Juzgado de lo Social Segovia, que consideró que la Junta de Castilla y León no había tomado las actuaciones necesarias para afrontar el conflicto laboral que había en el Conservatorio. La Inspección de Educación emitió unos informes que no cumplían con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. La Dirección Provincial de Educación “se limitó a emitir dos informes que nada tienen que ver con la evaluación del riesgo psicosocial” y no valoró los hechos que denunciaba el profesor. La actuación fue “insuficiente” y la Dirección Provincial no hizo “todo lo que tenía a su alcance para evitar daños” al profesor, que fue diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada.

Ahora el Alto Tribunal autonómico desestima el recurso del Ejecutivo autonómico y del Conservatorio y obliga a la Dirección Provincial de Educación de Segovia y al centro segoviano a evaluar los riesgos psicosociales existentes en el centro de trabajo y a adoptar las medidas preventivas necesarias. También condena a pagar 20.000 euros al profesor de Canto del conservatorio por los daños y perjuicios que provocó el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. El TSJ apunta que esta indemnización era “adecuada” y considera que ni Conservatorio ni Junta argumentaron por qué la consideraban “irrazonable o arbitraria”.

El profesor de Canto tuvo que cogerse la baja laboral de manera intermitente entre 2021 y 2024 por un trastorno de ansiedad generalizada. En septiembre de 2021, el docente escribió al director provincial de Educación de Segovia y a la directora general de Recursos Humanos porque entendía que no se había ofrecido una plaza de canto en condiciones de igualdad. Dos años más tarde, alertó de que se sentía “excluido” de su puesto de trabajo a través de un escrito, y en una reunión con inspectores y delegados sindicales aseguró que sufría un “trato desigual” que repercutía “muy negativamente” en su salud, sus derechos y el ejercicio de su profesión.

Una denuncia que se sobreseyó

Durante algunos periodos, el profesor no tenía acceso a las plataformas internas de comunicación entre los trabajadores. Cuando se incorporó a su puesto, no se le realizó una evaluación sanitaria del trabajador. En el curso 2023/2024 también se le dio un aula fría que no cumplía con las condiciones acústicas necesarias para una aula de Canto. El profesor no podía utilizar otras aulas aunque la mayoría estaban vacías y la Dirección se aseguraba de que el profesor estuviera en esa aula al preguntar en Conserjería específicamente por esta cuestión.

El profesor denunció ante el Juzgado de Segovia que era víctima de acoso laboral y acusó al director (en el cargo desde el año 2016.) y la jefa de estudios, aunque el procedimiento penal se sobreseyó en julio de 2024. La Justicia considera que, aunque los hechos no pudieran considerarse como un delito de acoso laboral, eso no era óbice para que la Junta de Castilla y León interviniera e intermediara en el Conservatorio de Segovia y deben establecerse unas medidas preventivas por el riesgo psicosocial del centro.

Horarios perjudiciales

También hubo un conflicto sobre los horarios del profesor. En el Conservatorio, los horarios de las clases individuales se adjudican al profesor en una franja horaria y cada docente distribuye ese horario en función de la disponibilidad del alumno, con el que se acuerda el calendario de clases antes del inicio de las clases. Hasta el curso 2023/2024, el profesor de Canto pactaba el horario con sus alumnos dentro de la franja adjudicada por la dirección, aunque el Conservatorio podía fijar un horario si el profesor no lo había hecho. Ese curso la jefatura decisión asignar los horarios, independientemente de la disponibilidad de los alumnos, hasta el punto en que uno de los alumnos solo pudo acudir a una clase individual durante media hora, porque después debía marcharse a su puesto de trabajo.

A mediados de octubre de 2023, el director del Conservatorio aseguró que el profesor había confeccionado horarios lectivos “sin consenso ni consentimiento” de la jefatura de estudios, lo que le había desautorizado. La Inspección concluyó que el profesor se había “extralimitado en sus funciones” y generado así “confusión, mensajes contradictorios a su alumnado, complicado la organización del centro y perjudicado su imagen”. Por eso propuso que el Área de Inspección requiriera al profesor de canto, que ya había acatado la decisión del conservatorio incluso antes de que la Dirección del Conservatorio remitiera su escrito.

Actuación “insuficiente” de la Inspección

La Inspección educativa negó que se hubieran conculcado derechos del profesor, cualquier tipo de trato discriminatorio ni actitudes molestas por parte del Equipo Directivo. Además, defendió que la Dirección hacía confeccionado su horario con criterios “normativos, pedagógicos, de coordinación con el resto de profesores, el pianista acompañante y el alumnado”. Este organismo dijo que el profesor no podía modificar este horario y recomendó al profesor que remitiera todas sus peticiones a la Jefatura de Estudios, la que tenía la competencia sobre el horario.

El profesor pidió utilizar aulas vacías y denunció que el Conservatorio modificaba la normativa de forma “fraudulenta” para perjudicarle. La Dirección Provincial de Educación desestimó el escrito las peticiones y sus recursos.

En noviembre de 2023, la Junta de Castilla y León remitió al claustro un cuestionario de prevención de riesgos, con preguntas sobre el reconocimiento médico y su valoración. En febrero de 2024 se emitió el informe, que apenas enumeraba la relación de puestos docentes y hacía una referencia a la fatiga mental por estrés propios del trabajo. El juzgado critica que este informe no concretaba una individualización de la evaluación del riesgo de cada puesto, dado que son diferentes.