Al juicio a los Pujol le falta un empresario que tire de la manta

Tirar de la manta, cantar, cooperar para el esclarecimiento de los hechos… De forma coloquial o en la jerga jurídica, son expresiones para definir al procesado que llega a un acuerdo con la Fiscalía para admitir las acusaciones a cambio de una rebaja de pena. Se trata de una figura presente en todos los grandes juicios por corrupción recientes en España. Salvo uno. En el juicio a los Pujol ningún empresario confiesa.

Aunque hacer predicciones en un juicio resulta desaconsejable, es improbable que los nueve empresarios acusados (había diez, pero Carles Vilarrubí falleció en diciembre) junto a la familia Pujol planteen algún tipo de colaboración con Anticorrupción en los tres meses que quedan de vista. No lo han hecho en más de 10 años de instrucción y las primeras rondas de testimonios han dado más alas a las tesis de las defensas que a las de las acusaciones.

El frente unido de los acusados en un macrojuicio por corrupción es algo inusual. Fèlix Millet y Jordi Montull dieron la puntilla a la insostenible defensa de Convergència en el caso Palau a pocas horas de empezar el juicio.

En otros casos, los pentiti (mafiosos “arrepentidos” que pactaron con la Fiscalía, en lo que supuso una revolución en la lucha contra el crimen organizado en Italia) cantan mucho antes para ahorrarse problemas: Víctor de Aldama ya ha logrado una solicitud de pena rebajada de Anticorrupción antes de la vista. Lo mismo hicieron varios empresarios en la causa del 3% de Convergència, que no se juzgará hasta 2027. También confesaron Luis Bárcenas o Francisco Correa en las grandes causas de corrupción del PP.

¿Por qué ese silencio empresarial en el caso Pujol? Las fuentes conocedoras de la causa coinciden en señalar tres elementos. El primero, extrajurídico: cierta fidelidad de clase y establishment con la familia del expresident. El apellido Pujol todavía pesa mucho. Los otros dos, más técnicos, aunque igualmente vitales: el riesgo bajo de entrar en prisión (los acusados del sector negocios se exponen, en caso de condena, a penas que se verían atenuadas por los retrasos que acumula el procedimiento) y un amplio terreno para ejecutar una estrategia defensiva.

De entrada, los acusados se ven beneficiados de una instrucción del caso elefantiásica, realizada a golpe de registro policial e incautación de documentos que ha producido un sumario inmanejable, con decenas de operaciones empresariales sospechosas. Por cada una de ellas, tienen que comparecer una decena de testigos, y en las próximas sesiones serán hasta quince. Si la Fiscalía hubiera optado por presentar los cuatro o cinco negocios más oscuros —que los hay—, las cosas serían distintas.

El largo tiempo transcurrido —hay negocios del siglo pasado y de la década de los 2000— dificulta al tribunal de la Audiencia Nacional distinguir si la desmemoria de la mayoría de testimonios, muchos de ellos de edad provecta, es lógica y natural o fruto de un testigo renuente.

En un juicio, para lograr la absolución a una defensa le basta con que el tribunal no dé por probada la tesis de la Fiscalía. En el caso Pujol, varios abogados —en estrados, de abrumadora mayoría masculina, se sientan casi todas las togas de oro de Barcelona y parte de las de Madrid— están yendo un paso más allá y están aportando una tesis alternativa a los magistrados.

En síntesis, el alegato defensivo consiste en que los negocios que hicieron los empresarios con el primogénito eran plenamente legales. La Fiscalía, por el contrario, mantiene que se trataba de operaciones destinadas a enmascarar dinero proveniente de comisiones de obra pública de la Generalitat.

El problema para la Fiscalía es que ni testigos ni acusados están aportando datos para sustentar su acusación cuando la vista se acerca ya a su ecuador. Esta semana, Anticorrupción se topó con un revés de relevancia: el exdirector general de Qualitat Ambiental de la Generalitat Alfons M. López Salgueiro negó haber recibido presiones de la familia Pujol Ferrusola para conceder la autorización ambiental del vertedero de residuos de Tivissa (Tarragona) en octubre de 2002 impulsado por Júnior, cuando gobernaba CiU. “Yo no era fácil de presionar”, aseguró, en lo que fue el colofón de una declaración muy contundente.

Sea cual sea el resultado de la sentencia, por ahora el juicio ha mostrado prácticas de Jordi Pujol Ferrusola (en la práctica, el protagonista de la vista) y los empresarios acusados más cercanas al código de piratería que a la teoría inmaculada de una escuela de negocios.

Para muestra, el pelotazo Azul de Cortés. El expresidente de la constructora Isolux, Luis Delso, acusado en la causa, y otro exdirectivo que compareció como testigo se aliaron con Pujol Ferrusola, conocido popularmente como Júnior, en una operación en 2006 para levantar un complejo turístico con este nombre en México.

Según Anticorrupción, el primogénito aportó tan solo un peso mexicano para entrar en el negocio (extremo desmentido por los testigos). Dos años después, cobró 12,7 millones de euros tras vender el proyecto a Isolux.

El exconsejero de Isolux Ángel Serrano Martínez-Estéllez explicó que la participación de Júnior en la operación se debió a que fue quien comunicó la oportunidad de negocio. Esta habilidad de Pujol Ferrusola a la hora de proporcionar negocios privados, comisión mediante, se ha constatado durante los interrogatorios. La duda es si hubiera sido posible sin su apellido.

El testigo, al contrario de lo que mantiene la Fiscalía, remarcó que “era imposible” que se tratara de una operación simulada, ya que varias compañías internacionales participaron en los estudios sobre las tramitaciones de permisos sin que detectaran irregularidad alguna. Y aunque el propio Luis Delso figurara entre los inversores que vendieron su proyecto turístico personal a su propia empresa, Isolux habría considerado una “deslealtad”, recalcó el testigo, que se lo hubiera ofrecido a otra firma.

En suma, enero no ha sido un buen mes para Fernando Bermejo, el fiscal que sostiene ante la Audiencia Nacional peticiones de hasta 29 años de cárcel para el primogénito, nueve para el expresident y cinco para los empresarios. Ha asumido la tarea después de que durante toda la instrucción el peso de la acusación lo llevara Belén Suárez, discípula del histórico Carlos Jiménez Villarejo y que tenía todo el caso en la cabeza.

Un hecho que no ha pasado por alto a nadie en la vista es la soledad del fiscal en estrados. Habitualmente, en causas tan complejas como la de los Pujol, Anticorrupción dispone de dos representantes en la vista (como sí ocurre en este caso, por ejemplo con la Abogacía del Estado). Bermejo, en cambio, rema solo contra los mejores penalistas del país, que de momento van ganando la partida. Los policías e inspectores de Hacienda que quedan por comparecer serán claves para poder nivelar la balanza.