Las demandas sociales sobre vivienda, a examen: esto dicen los partidos en sus programas del 8F en Aragón

Las organizaciones sociales que trabajan por el derecho a la vivienda en el Pirineo han sometido a los partidos políticos aragoneses a un “examen” en materia de vivienda de cara al 8F. Un análisis de los programas electorales arroja un veredicto claro: solo PSOE, Chunta Aragonesista (CHA), Izquierda Unida (IU) y Podemos incorporan medidas estructurales que ‘permiten frenar la expulsión residencial, regular el mercado y garantizar el acceso a una vivienda asequible’. El resto de formaciones —PP, Vox y PAR— se centran en fórmulas de mercado o incentivos económicos, mientras que Coalición Existe plantea intervenciones públicas directas en municipios pequeños, aunque sin desarrollar un plan estructural de regulación general ni un parque público amplio.“

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía aragonesa, según el último barómetro del CIS, donde un 22,1% de la población sitúa este problema en primer lugar entre los retos de la comunidad autónoma, por encima incluso de la sanidad o la despoblación. Esta inquietud social coincide con las demandas de colectivos como Vivienda Digna del Pirineo, que instan a los partidos a adoptar medidas estructurales —como la regulación de precios, la ampliación del parque público y el control del uso turístico— para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la expulsión residencial. El movimiento Vivienda Digna del Pirineo ha trasladado a las candidaturas un documento con propuestas.

Zonas tensionadas y turistificación 

Las asociaciones reclaman la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, prevista en la Ley estatal de Vivienda, como “herramienta clave” para frenar la escalada de precios y proteger el alquiler residencial. En este punto, PSOE, CHA, IU y Podemos recogen explícitamente esta medida en sus programas: IU plantea aprobar “la Ley de Vivienda de Aragón que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna” y que establezca “zonas con el mercado residencial tensionado”; el PSOE asegura que aplicará “control de precios y regulación del alquiler, según la Ley estatal de Vivienda”, CHA propone “aprobar una Ley Aragonesa de Vivienda y desarrollarla reglamentariamente”, garantizando la “función social de la vivienda” y Podemos plantea aplicarla “de manera inmediata” y “con carácter reforzado mediante legislación específica propia del ámbito competencial autonómico”.

Por el contrario, PP, Vox, PAR y Coalición Existe no plantean declarar zonas de mercado residencial tensionado ni aplicar controles de precios del alquiler previstos en la Ley estatal de Vivienda. El PP apuesta por aumentar la oferta mediante colaboración público-privada, incentivos fiscales y agilización urbanística; Vox rechaza cualquier intervención en el mercado y defiende su liberalización; el PAR centra su propuesta en rehabilitación y movilización de vivienda, especialmente en el medio rural; y Coalición Existe no plantea declarar zonas tensionadas ni controles de precios generales, aunque sí propone intervenciones públicas concretas en municipios con problemas de acceso a la vivienda, como la construcción de viviendas públicas, topes al alquiler en zonas turísticas y un Banco Público de Vivienda Rural.

Otro eje central del documento es el control efectivo del uso turístico de viviendas y del fraude en los alquileres de corta duración, especialmente en el Pirineo, donde la turistificación ha reducido drásticamente el alquiler de larga duración y ha impulsado la expulsión de población residente. En este ámbito, PSOE, CHA, IU y Podemos plantean regular la vivienda turística en zonas saturadas y dotar a los ayuntamientos de herramientas de inspección y control. IU defiende “limitar y regular la proliferación de viviendas de uso turístico, especialmente en zonas tensionadas”, mientras CHA propone “desarrollar medidas específicas, en colaboración con Turismo, para aquellos municipios afectados por subidas dramáticas a la compra y alquiler de vivienda habitual por el dominio de vivienda turística”, desde Podemos también propone establecer esas zonas tensionadas “para congelar los alquileres y garantizar el derecho a la vivienda” y suspender la concesión de nuevas licencias de uso turístico “en municipios donde el acceso a la vivienda esté comprometido”. PP, Vox y PAR no plantean límites a los pisos turísticos ni mecanismos de control específicos, centrando sus propuestas en la dinamización económica y la rehabilitación. Coalición Existe sí menciona el impacto del turismo en el acceso a la vivienda en algunos municipios y propone priorizar el alquiler residencial y contener precios en zonas tensionadas, pero sin articular herramientas concretas de regulación del uso turístico ni restricciones a licencias.

Parque público de vivienda y modelos alternativos 

Vivienda Digna del Pirineo plantea ampliar el parque público en alquiler a perpetuidad hasta alcanzar al menos el 20 % del parque residencial, priorizando la compra y rehabilitación frente a la nueva construcción. En Aragón, menos del 0,5 % del parque es actualmente público, frente a una media europea superior al 8 %. PSOE, CHA, IU y Podemos asumen la necesidad de una expansión fuerte y permanente del parque público de alquiler como política estructural. CHA e IU defienden además que este parque sea “mayoritariamente de titularidad pública o comunitaria”, mientras que el PSOE lo vincula también a “fórmulas de colaboración con el tercer sector” y Podemos plantea alcanzar las 5.000 viviendas de titularidad pública en Aragón para “seguir igualándolo al nivel medio de países europeos”. En cambio, la propuesta del PP se centra en la colaboración público-privada y en incentivos fiscales para dinamizar el mercado. Su objetivo principal es crear un parque de 10.000 viviendas públicas en un plazo de 10 años, integrando el alquiler asequible y la opción a compra. Para facilitar el acceso a los jóvenes, proponen el “Aval Emancipa”, que garantiza hasta el 95% de la hipoteca, junto con una reducción del 50% en los impuestos de compra para menores de 36 años en viviendas de hasta 225.000 €. Además, apuestan por la rehabilitación en el medio rural y un seguro público de alquiler que proteja a los propietarios frente a posibles impagos.

Vox apuesta por una liberalización del mercado y una lucha “frontal contra la ocupación”. Su programa incluye el compromiso de construir 7.000 viviendas anuales mediante la liberación de suelo y fuertes rebajas fiscales. Proponen una Ley Anti-Okupas que garantice el “desalojo en un máximo de 48 horas y brinde asesoramiento integral a las víctimas”. También ofrecen una línea de préstamos sin intereses para particulares destinados a la rehabilitación de su vivienda habitual y fomentan el acceso popular a la propiedad privada sobre el modelo de alquiler.

Coalición Existe plantea una intervención pública directa y ambiciosa, especialmente en los municipios pequeños. Su medida más destacada es la exigencia de construir al menos cuatro viviendas públicas de alquiler en cada núcleo de población de Aragón. Proponen la creación de un Banco Público de Vivienda Rural para gestionar casas desocupadas, ofreciendo a los propietarios reformas básicas y seguros de impago. Además, defienden la aplicación de topes al alquiler en municipios turísticos y una rehabilitación exprés con ayudas directas para mejorar el aislamiento y la calefacción en zonas frías.

El PAR enfoca su política en la movilización de recursos existentes y la protección estricta de la propiedad privada. Su plan incluye la firma de convenios con ayuntamientos para activar viviendas vacías en el medio rural a través de programas de rehabilitación. Proponen utilizar activos de la Sareb y entidades bancarias para ampliar la oferta de vivienda protegida, con especial atención a las zonas tensionadas por el turismo. Asimismo, defienden la propiedad como un derecho inalienable y se comprometen a agilizar la resolución de situaciones de ocupación ilegal.

Las asociaciones también proponen promover cooperativas y asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro como alternativa estable al mercado especulativo, siguiendo modelos europeos como el de Viena. CHA, IU y Podemos incorporan explícitamente este enfoque en sus programas, mientras que el PSOE lo vincula a “fórmulas de colaboración público-social y al tercer sector”. El resto de formaciones —PP, Vox, PAR y Coalición Existe— no incluyen este tipo de modelos no lucrativos entre sus propuestas.

Entre las medidas planteadas figura además la creación de programas públicos de mediación en el alquiler, que ofrezcan garantías a propietarios y seguridad a inquilinos para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler estable, así como la creación de oficinas municipales o comarcales de vivienda que centralicen gestión y acompañamiento. Estas herramientas son recogidas por PSOE, CHA, IU y Podemos, que apuestan por reforzar la intermediación pública en el mercado del alquiler. En cambio, PP, Vox y PAR centran sus propuestas en incentivos fiscales y medidas voluntarias para propietarios, mientras que Coalición Existe plantea la intervención directa mediante el Banco Público de Vivienda Rural, movilización de viviendas vacías y rehabilitación exprés, aunque sin programas de mediación pública generalizada.

“No sirven promesas vacías”

Desde Vivienda Digna del Pirineo subrayan que este tipo de medidas no son “utopías ideológicas”, sino políticas ya contrastadas en otros países europeos y avaladas por la Comisión Europea en su Plan de Vivienda Asequible, que apuesta por liderazgo público, regulación del mercado y control de los usos turísticos para frenar la exclusión residencial.

“El derecho a la vivienda debe ser un criterio central a la hora de pedir el voto. No sirven promesas vacías ni modelos caducos”, advierten. “Sin regulación del mercado, sin parque público y sin control del uso turístico, el Pirineo seguirá expulsando población y perdiendo base social”, concluyen.