Italia inaugura unos Juegos Olímpicos manchados por el desvío de fondos para las víctimas de la mafia y feminicidios

Este viernes arrancan en Italia los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Tras años de preparativos y una inversión millonaria, el país se pone en el centro del mapa mundial de los deportes invernales. Pero el evento se ve también marcado por críticas de grupos de la sociedad civil y la oposición, que denuncian medidas “inaceptables” del gobierno de Giorgia Meloni para aumentar la financiación de un certamen con altísimos sobrecostes. Esto incluyó el desvío de 43 millones de euros inicialmente destinados a víctimas de la mafia, la usura y feminicidios, un dinero reasignado a cubrir gastos de los juegos a través de un polémico decreto-ley.

“Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de feminicidios, fue desviado para cubrir costes de los juegos”, en concreto a sufragar gastos de las fuerzas de seguridad desplegadas en las olimpíadas, cuenta a elDiario.es Elisa Orlando, miembro de Libera, principal red asociativa contra la mafia y la corrupción en Italia. El grupo lidera desde mayo de 2024 la campaña Open Olympics 2026, una iniciativa para la supervisión cívica de los juegos que arrojó investigaciones en profundidad sobre el evento, en que denuncia opacidad por parte de los organizadores, falta de datos clave para conocer su coste real, retrasos en la construcción de muchas obras y riesgos de infiltración mafiosa. También cuestiona la utilidad de muchas infraestructuras y alerta del alto déficit para el erario público que todo ello puede acarrear.

El malestar escaló especialmente en junio de 2025, cuando el Ejecutivo de Meloni promovió el llamado Decreto-Ley Sport, el paquete de medidas en que integró el desvío de los 43 millones. Este dinero era parte de una partida presupuestaria asignada al fondo de solidaridad para víctimas del crimen organizado, de usura y extorsión mafiosa, así como a hijos de mujeres asesinadas en feminicidios.

Ante ello, la reasignación del dinero creó indignación entre grupos antimafia y feministas. La norma entró en vigor en julio, tras ser aprobada por la mayoría de Gobierno en la Cámara de Diputados, donde hubo un intenso debate en que fuerzas de la oposición de centroizquierda protestaron y presentaron enmiendas. Pese a ello, no pudieron evitar la validación del decreto, que derivó los fondos a cubrir gastos de equipamiento y alojamiento de las fuerzas de seguridad, con unos 6.000 agentes desplegados in situ entre el 6 y 22 de febrero, las dos semanas en que durarán los Juegos Olímpicos, repartidos en tres regiones distintas del norte italiano.

Libera lo consideró una maniobra “inaceptable, dictada por un mero cálculo político, carente de toda lógica de protección a las víctimas”. Los 43 millones desviados son una cantidad muy pequeña en relación con el coste total de los juegos, pero la entidad ve preocupante que el Gobierno decidiera quitarlos a los afectados por problemas tan incrustrados en Italia como la mafia, los feminicidios o la extorsión mafiosa, aún muy presente.

La condena también vino de otra asociación antimafia, La Tazzina de la Legalità, con raíces en la región de Calabria, el feudo histórico de la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. “Aquel fondo no era un superávit cualquiera, sino una conquista de 2018 tras batallas civiles y parlamentarias que aseguraba 12 millones al año para servicios esenciales como asistencia médico-psicológica, becas de estudio o reembolso de gastos sanitarios para huérfanos” de feminicidios. Según añadió, “eran recursos vitales para familias golpeadas por dramas irreparables”, lo que muestra, según ellos, cómo el Gobierno “traiciona a las víctimas”.

En 2018 se aprobó una ley que, aparte de las medidas señaladas por Tazzina de la Legalità, incluía asistencia jurídica gratuita o incautación de bienes del autor de un feminicidio para indemnizar a los hijos de la víctima. Esto implicó añadir una partida de 12 millones anuales destinada a huérfanos de feminicidios que se incluyeron en el fondo para víctimas de la mafia, usura y extorsión mafiosa. “Sin embargo, ante los Juegos Olímpicos, todo queda relegado a un segundo plano”, denuncia Libera, en línea con las críticas de los partidos opositores.

Según Laura Boldrini, diputada del centroizquierdista Partido Democrático y expresidenta de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2018, la medida fue “una decisión pésima a nivel ético, como si el Gobierno dijera que las olimpíadas valen más que las personas en situación frágil” a quién iban destinadas las partidas del fondo.

Ante las críticas, Matilde Siracusano, diputada del partido Forza Italia —socio del ejecutivo de Meloni— y subsecretaria de relaciones con el Parlamento, alegó que el dinero reasignado era una cantidad del fondo que no se gastó y que por ello podía derivarse a otra función. “Se da un mensaje distorsionado. No se quita ningún recurso. Es un remanente que no se usa para gastos fútiles, sino para equipamientos y alojamientos de la policía”, justificó en representación del Gobierno sin convencer a las fuerzas de la oposición en la Cámara.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni asiste a una conferencia de prensa con el canciller alemán Friedrich Merz EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI

Con ello, el Gobierno mostró “una distorsión de prioridades y una señal muy negativa para la legalidad”, denuncia Boldrini a elDiario.es, que protestó por ello. Días antes se aprobó “por unanimidad” un decreto que introdujo la categoría de feminicidio en la ley. Con ello, se rediseñó el delito para incluir la pena de cadena perpetua para quién mate a una mujer. “Pero dos días después, el Gobierno quitó los fondos a las víctimas. Fue una decisión inmoral”, dice Boldrini. “La responsabilidad del Gobierno era hallar otros fondos y no dejar sin ellos a personas vulnerables”, critica la diputada, que interpuso una enmienda que fue rechazada.

Otro que lo intentó fue el jefe de grupo del Movimiento 5 Estrellas en la Cámara, Francesco Silvestri, que presentó otra alegación tumbada. “Tomar dinero para víctimas de la mafia y derivarlos a los juegos es la imagen exacta de la lucha del Gobierno contra el crimen organizado”, poco fructífera, asegura el diputado, también crítico con “los costes gigantescos” de las Olimpiadas, mucho más elevado de lo previsto en un inicio. En el dossier de candidatura de 2019, la partida destinada a seguridad era sólo de 26 millones, pero el Decreto-Ley Sport acabó asignando 271 millones a este ámbito, entre ellos los 43 tomados del fondo para víctimas.

“Todo esto me parece extraño. Cuando se hace una planificación económica puede haber desviaciones de unos pocos millones, pero se ha corregido todo al alza. Esto significa que alguien hizo los cálculos mal o que hay algo en el mecanismo que no funciona”, señala Silvestri a elDiario.es. También alerta del riesgo de infiltraciones mafiosas en las obras públicas de los juegos, un tema sobre el que también advirtió Libera.

“Los grupos mafiosos están presentes en el norte de Italia desde hace mucho”, sobre todo la ‘Ndrangheta, “con gran necesidad de lavar dinero” y capacidad de obtener contratas de todo tipo. Según Silvestri, esto hace que sean plausibles las opciones de que empresas con lazos mafiosos obtengan subcontrataciones de obras olímpicas, como ya sucedió en la Exposición de Milán de 2025. Por ahora, las autoridades aplican un férreo escudo antimafia que hasta ahora les llevó a excluir a 56 compañías con vínculos con el crimen organizado.

También arrestaron a dos hermanos de Roma vinculados a los ultras del Lazio, los Irrudicibili, que intentaron controlar la distribución de drogas en Cortina d’Ampezzo, uno de los epicentros de los juegos, que acoge competiciones como el esquí alpino femenino, curling o disciplinas de deslizamiento sobre hielo como bobsleigh. Para este deporte se alzó de cero una instalación que costó unos 118 millones de euros, un gasto colosal para una estructura que podría dejarse de usar tras los juegos, con potencial déficit anual de 600.000 euros, según Libera. Igual que los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín de 2006 y ediciones celebradas en otros países, hay edificios que podrían quedar abandonados tras la competición, resalta la entidad.

Los juegos se celebran en esta ocasión en varios puntos de las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto. Inicialmente, “se presentaron cómo un evento a coste cero para economía y medioambiente”, pero “problemas graves” cuestionan su sostenibilidad, agrega Libera. Uno de ellos son los costes, al menos cuatro veces más altos del previsto: “El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas”, añade la asociación.

Libera ha pedido más transparencia a la Fundación Milán-Cortina, ente organizador de los juegos con presencia del Comité Olímpico Italiano y las regiones o municipios anfitriones. Otro actor clave es SIMICO, la sociedad pública encargada de la ejecución de infraestructuras olímpicas, con participación principal del Estado.

Según Orlando, la campaña Open Olympics ha identificado que “sólo un tercio de las obras previstas son esenciales para el desarrollo de los juegos, mientras los otros dos tercios son infraestructuras” sin conexión directa con ello, lo que hace plantear si su construcción es “en beneficio de los territorios” o alimenta un ciclo especulativo de explotación del suelo y urbanización con posibles daños “a ecosistemas frágiles” como el de las montañas. “El 57% de obras sólo terminará cuando los juegos estén acabados”, en algunos casos en 2033, lo que incluye carreteras y vías de tren, y sólo el 43% de infraestructura está lista para el evento, concluye Orlando.