El Ayuntamiento de Alicante detecta más casos de funcionarios que pueden haber sido agraciados con VPO

La Conselleria de Vivienda analiza nuevos datos procedentes del último informe realizado por el Ayuntamiento de Alicante que apunta a que más funcionarios municipales de los que hasta ahora se tenía constancia, o familiares directos de estos, podrían haberse adjudicado viviendas protegidas de la polémica promoción de 140 pisos con pistas de pádel y piscina construidas por una cooperativa en la playa de San Juan.

Así lo reveló este martes el portavoz municipal en el Consistorio, Andrés Villar (PP), quien explicó que del cruce de datos entre adjudicatarios y funcionarios que se practicó la semana pasada han surgido “apellidos comunes” y que el resultado de este trabajo se remitió a la Conselleria de Vivienda para que proceda a verificar si se ha dado realmente esa situación y se ha habido algún tipo de irregularidad.

“Están cruzados los datos y está remitido a conselleria para que nos verifiquen algún dato concreto. No puedo decir más porque no voy a decir si hay más funcionarios o no porque no sabemos si son los mismos. Yo creo que hay nombres muy comunes que puede haber repetidos y que por prudencia están fiscalizando uno por uno los pocos nombres que coinciden. Si son comunes puede ser un funcionario o cualquier familiar. Lo remitimos a finales de la semana pasada y entre hoy y mañana nos mandarán el resultado seguramente”, ha explicado.

Sin embargo, a preguntas de este diario, desde la Conselleria de Vivienda han explicado que desde el primer momento se está revisando la parte que compete al departamento que dirige la vicepresidenta, Susana Camarero, que no es otra que comprobar si alguno de los 140 adjudicatarios ha cometido alguna irregularidad o manipulación en la documentación presentada para acreditar que cumplen las condiciones para poder acceder a estas viviendas. Sobre el documento que les ha remitido el Ayuntamiento han explicado que se trata de gestiones de verificación mediante cruce de datos que han realizado diferentes servicios municipales.

Como ha venido informando elDiario.es, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión.

Así pues, a estos tres cargos públicos podrían sumarse nuevos casos en función del resultado del análisis que última la conselleria. Además de estas dos dimisiones, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario de la dirección territorial de Alicante tras descubrir que validó el visado de una vivienda solicitada su propia esposa, arquitecta del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. También ha dimitido Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo tras salir a la luz que la madre de sus hijas también es propietaria de una de las viviendas protegidas de la promoción.

El informe elaborado por el área de Patrimonio del Consistorio que se trasladó al alcalde, Luis Barcala, el pasado 27 de enero, ya alertó de que personal municipal “posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) una vivienda protegida en el complejo construido”.

El informe de Patrimonio forma parte de la denuncia presentada hace una semana por el Consistorio ante la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investigue si el procedimiento de adjudicación ha sido constitutivo de infracción penal y, de ser así, se depuren las responsabilidades.

En el escrito al que ha tenido acceso esta redacción, se informa de que concluida la construcción de las viviendas de La Condomina ‘Les Naus’, la cooperativa remitió al Consistorio un listado de los inmuebles VPP entregados junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios y la acreditación de que cada uno cumplía los requisitos legales. Al estudiar el documento, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que entre los compradores adjudicatarios había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.

Y pese a que todos ellos cumplen los requisitos exigidos por la normativa, esa concurrencia de los vínculos personales “levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo”, según la denuncia.

Además, el informe de Patrimonio también señaló “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad u omitido ésta a la hora de declararlas, ya que hay supuestos en los que la mera condición, nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles”.