La Generalitat se personará como acusación popular en el caso de las violaciones a la menor tutelada

La Generalitat se personará como acusación popular en el proceso judicial por el caso de la menor que fue víctima de abusos sexuales mientras estaba tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Así lo ha anunciado la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, durante una atención a prensa.

El anuncio de la Generalitat llega cuando el caso ya está pendiente de juicio -el primero se espera que se celebre en la primavera de 2026-, tras una larga investigación de los Mossos d’Esquadra que acabaría descubriendo una red de pederastia y prostitución que podría haber afectado a más menores. Ahora la fiscalía pide 107 años de cárcel para un hombre que violó reiteradamente a la menor y grababa los abusos sexuales perpetrados por otros hombres.

Las pesquisas permanecen divididas en tres causas judiciales distintas. El primero de los juicios sentará en el banquillo al jefe de la trama por haber prostituido y agredido sexualmente a la menor. Otra causa afecta a la misma víctima (y a otro menor) y permanecen investigadas 11 personas, entre las que se encuentra el cabecilla. La tercera investigación va más allá y es la que engloba al conjunto de la red de pederastia y que afecta a una veintena de víctimas. La consellera no ha aclarado si la Generalitat pedirá ejercer la acusación popular en la primera causa o si también pretende comparecer en el segundo procedimiento, que todavía está en fase de instrucción.

El anuncio de la Martínez Bravo se produce después de tres días de silencio del departamento, quien primero alegó que no comentaba casos particulares para después indicar que no podían comparecer en la causa porque tenían únicamente la guarda y custodia de la menor, pero no su tutela total.

Fuentes jurídicas indican que existe la posibilidad de que los jueces impidan a la Generalitat ejercer la acusación y que, en cambio, sitúen a la administración catalana como responsable civil subsidiaria del caso debido precisamente a que en el momento de los hechos la menor vivía en un centro de la DGAIA. Ello implicaría que la administración catalana sería responsable de las indemnizaciones a la víctima en caso de que el principal acusado no las pudiera afrontar.

“Defendemos y defenderemos el trabajo de los educadores sociales y seremos contundentes ante los intentos de desprestigio contra su trabajo”, ha apuntado la consellera, quien ha mostrado su “absoluto rechazo” a los hechos. “Necesitan una respuesta contundente y, por eso, vamos a revisar todos los protocolos para asegurarnos de que no se vuelvan a repetir”, ha aseverado la consellera.

Desde la Generalitat también se anunció el miércoles que se ha abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

Por su parte, la Sindicatura de Greuges (el equivalente al defensor del pueblo catalán) también ha iniciado una investigación de oficio y pedirá información a los Departaments de Derechos Sociales y Educación para conocer “la circunstancias alrededor de los hechos que se denuncian, las medidas tomadas una vez se detectan los abusos y qué atención está recibiendo hoy en día” la víctima.