El arranque del ‘comisario anticorrupción’ de Castilla y León: 25 denuncias, una enviada a Fiscalía y ninguna sanción

La Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León (AICCyL) ha presentado su primera memoria de trabajo correspondiente al segundo semestre de 2024, periodo durante el que recibió 25 denuncias desde que el máximo responsable, Luis Francisco Gracia Romero, fuera nombrado en junio de 2024.

Según la memoria, hasta el 31 de diciembre de 2024, la AICCyL recibió un total de 25 denuncias a través del canal externo. De estas, veinte fueron admitidas e investigadas, de las cuales 13 fueron archivadas. Los principales motivos de archivo tras la investigación fueron que los hechos relatados no constituían una infracción incluida en el ámbito material de la Ley 2/2023 (76,92% de los archivos).

El informe señala que un elevado número de archivos por este motivo se relaciona con la gestión del programa informático, que requiere de la admisión para almacenar archivos asociados. También subraya que un incremento de las denuncias no implica necesariamente una mayor incidencia de corrupción, puesto que ese dato no discrimina entre las que fueron admitidas y las que no fueron archivadas.

Además, una de ellas fue remitida de inmediato a Fiscalía, dos fueron remitidas a la autoridad competente para su resolución y otras dos fueron inadmitidas (porque no se trataba de una infracción legal o estaban fuera del ámbito de esa institución). A final de año, 18 expedientes habían sido resueltos —todos se han archivado— y 7 estaban en trámite de investigación. La AICCyL no sancionó a ninguna administración en sus expedientes.

Principales asuntos denunciados

El 56% de las denuncias presentadas estaban relacionadas con la gestión de recursos humanos. El 16% de las denuncias estaban directamente relacionadas con hechos de corrupción, lo que “subraya la importancia de estos canales”, según el informe.

Además, la AICCyL gestiona las notificaciones de las entidades públicas sobre la designación de los responsables de sus sistemas internos de información. Durante 2024, se notificaron un total de 68 responsables. Sin embargo, la memoria destaca que esto representa aproximadamente solo un 1% del total de entidades del sector público en el ámbito de Castilla y León.

De todos los responsables notificados, 41 corresponden a Ayuntamientos, solo uno a una Diputación, otro a una fundación, 9 a entidades del sector público y 16 correspondieron a entidades del sector privado, sobre lo que no tiene competencias. Segovia ha sido la provincia en la que más se ha desarrollado esta figura: 46 de los responsables de Sistemas internos de información se han notificado allí.

La mayoría de las denuncias (60%) se presentaron a través del propio canal de denuncias de la AICCyL, seguido por el correo electrónico (20%) y el registro electrónico (16%).

Cómo funciona este ‘comisario anticorrupción’

La Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León (AICCyL) es una entidad creada como consecuencia de la transposición de una directiva europea sobre la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión. Las denuncias comenzaron a registrarse y tramitarse a partir del 9 de julio de 2024.

A lo largo del año pasado, se aprobó la plantilla de personal de la Autoridad: un letrado (con diez años de experiencia), dos técnicos superiores (al menos uno de ellos licenciado o graduado en Derecho), un técnico y un gestor administrativo y un puesto de personal eventual. Sin embargo, solo se ocupó una plaza de asesor eventual en este periodo.

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León es el responsable de formular una propuesta de nombramiento a la Mesa de las Cortes, puesto que la institución está adscrita al Consejo de Cuentas, lo que facilitó su puesta en marcha y permitió que compartieran recursos económicos, materiales y personales. Los líderes de otras instituciones independientes, como el Comisionado de Transparencia o el propio Consejo de Cuentas, deben ser elegidos por una mayoría de tres quintos en el parlamento autonómico. De hecho, el Procurador del Común lleva casi tres años en funciones por la falta de acuerdo entre los grupos de la cámara.

También se han elaborado y publicado procedimientos internos clave para la gestión de informaciones y la protección del informante (whistleblowers). De hecho, solo seis de las denuncias fueron anónimas, las otras 19 incluyeron la identificación de la persona denunciante. El informe destaca que dos de los denunciantes solicitaron el estatuto de protección, que no fue concedido porque ninguno reunía los requisitos de protección. La AICCyL tampoco incoó de oficio ningún estatuto de protección. La mayoría de las denuncias (60%) se presentaron a través del propio canal de denuncias de la AICCyL, seguido por el correo electrónico (20%) y el registro electrónico (16%).

Cualquier persona puede presentar una denuncia ante la Autoridad Independiente en materia de corrupción en su propio canal de denuncias (que permite que la presentación sea anónima), por correo electrónico o postal o en persona.