El expresidente de À Punt advierte de que las decisiones de la nueva corporación controlada por PP y Vox son ilegales

Miquel Francés, el que fuera presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, elegido en 2023 por un periodo de seis años, ha dirigido un escrito a Presidencia de la Generalitat advirtiendo de que las decisiones del consejo de administración de la nueva empresa pública que gestiona la radiotelevisión pública, la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA) se han adoptado “ilegalmente”. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, también está firmado por Lola Bañón y Javier Marzal, designados como vocales de la extinta corporación a propuesta del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Francés y los dos vocales argumentan que su mandato está “vigente” porque no se les ha cesado formalmente, y piden su incorporación al nuevo consejo de administración y la anulación de “cualquier decisión” adoptada en el marco de CACVSA sin su participación.

En junio de 2024 PP y Vox aprobaron en las Corts Valencianes la nueva ley que gestiona los medios de comunicación públicos valencianos. La norma, que deroga la anterior y crea la Corporación Audiovisual Valenciana, preveía que el Parlamento autonómico debía iniciar la elección de los miembros del nuevo consejo de administración en el plazo de un mes desde su aprobación. La ruptura del PP de Carlos Mazón con Vox y la posterior crisis como consecuencia de la DANA retrasaron los plazos notablemente y lo que debía haber sido cuestión de unas semanas se prorrogó varios meses. El pasado 12 de diciembre el Ejecutivo del PP comenzó a sanear las cuentas de la sociedad que estaba a punto de extinguir para limpiar sus deudas con la Agencia Tributaria por un conflicto sobre las desgravaciones del IVA. Una semana después, el pasado 19 de diciembre, la Cámara autonómica eligió a las siete personas que le corresponden como consejeros, nombrados por decreto del president el 15 de enero. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias también propuso a otra consejero, el octavo y último, en el mismo mes, completando el órgano de administración.

Seis días después, el Pleno del Consell de la Generalitat suprimió la antigua Corporació Valencians de Mitjans de Comunicació, cuya ejecucion efectiva se produjo el 11 de marzo. El pleno del Consell aprobó ese día el proceso de extinción de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la entidad creada con la puesta en marcha de la radiotelevisión pública valenciana À Punt, en favor de la nueva Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), que preside el exjefe de Cope Vicente Ordaz, con un consejo íntegramente elegido por la derecha y la ultraderecha. El Ejecutivo autonómico inició entonces un proceso de fusión por absorción de la antigua mercantil. Según el comunicado del Ejecutivo autonómico, el 11 de marzo se declaró la efectiva extinción, por disolución, de la entidad de derecho público CVMC y la integración global de todo el activo y el pasivo de la entidad a favor de la Generalitat. En ese mismo acto, el Consell, constituido como junta general de accionistas de la mercantil SAMCV, cesó al administrador de la sociedad, como consecuencia de la declaración de la efectiva extinción de la CVMC, y nombró como administrador único, a Francisco José Aura, también director general del ente.

En el escrito remitido por el expresidente de la radiotelevisión pública considera que tras supresión de la antigua la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la absorción de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació persiste su mandato. “Sin haber incurrido en causa de cese o destitución, los comparecientes son miembros de pleno derecho, uno como presidente y los otros como vocales consejeros de la entidad que sucede a aquella de la que forman parte, al menos hasta el 15 de abril de 2029”, afirma el escrito, que recuerda que no se han dado ninguna de las causas de cese previstas en la norma, ni se les ha comunicado el mismo.

El presidente del antiguo Consejo Rector y los dos vocales reclaman que se les incorpore a la nueva corporación aludiendo a la legislación europea. E insisten en la posible nulidad de los acuerdos adoptados durante la transición entre ambas sociedades: “El mandato que asumimos no ha expirado”, recalcan, y añaden que “en este periodo de transición hemos seguido adoptando acuerdos para el normal funcionamiento tanto de la CVMC como de la CACVSA, conforme a la Disposición transitoria primera de la ley”. La norma aprobada por PP y Vox incluía un apartado en el que apuntaba que “tanto la CVMC como la SMCV continuarán con su actividad, manteniendo al efecto la vigencia de la Ley 6/2016 durante el tiempo imprescindible hasta la constitución de la nueva sociedad y el inicio efectivo de su actividad”. Asimismo, indicaba: “Los miembros del actual consejo rector quedarán en funciones hasta la constitución del nuevo órgano”. Durante más de seis meses, la televisión pública valenciana ha operado con una ley que formalmente había sido derogada. Y los consejeros insisten en que nunca se les ha comunicado su cese.