Muerte masiva de peces en la operación de cierre del trasvase que comunica Entrepeñas y Buendía

La Red del Tajo ha alertado sobre “las graves consecuencias ecológicas” derivadas del cierre abrupto del canal Entrepeñas-Buendía, en la cabecera del río entre Guadalajara y Cuenca, ejecutado ayer viernes “sin una reducción progresiva del caudal y que ha provocado la muerte masiva de peces”.

Exigen su reapertura “inmediata” con un caudal mínimo de 15 m³/segundo para evitar una catástrofe ambiental mayor y denuncia el incumplimiento de la Ley de Montes en la gestión del trasvase Tajo-Segura.

Desde la Red del Tajo, han manifestado su “profunda preocupación” ante los efectos medioambientales provocados por el cierre de las compuertas de comunicación entre los embalses de Entrepeñas y Buendía, clausurado ahora tras bajar el nivel de embalse y dos meses después de su reapertura tras 28 años cerrado. Hay que recordar que tuvo que abrirse para derivar agua de uno a otro embalse debido a que, por las lluvias, se había superado la cota del trasvase y la Confederación Hidrográfica del Tajo dio orden de apertura.

Aunque se trataba de un cierre programado, su ejecución sin una reducción progresiva del caudal ha convertido el canal en una “trampa letal” para centenares de peces. Se trata sobre todo de ciprínidos como carpas, además de barbos, o alburnos, entre otros.

“En lugar de facilitar la salida natural de la fauna acuática, el cierre se llevó a cabo sin medidas de mitigación, provocando una mortandad masiva de peces y una situación que ha obligado a la ciudadanía a movilizarse, con sus propios medios, para intentar salvar a los ejemplares aún con vida”, denuncia la Red Tajo.

La posterior reapertura parcial del canal, “con un caudal totalmente insuficiente, ha resultado ineficaz y ha evidenciado una preocupante falta de planificación, sensibilidad ambiental y transparencia en la gestión”, lamenta este colectivo.

Desde la Red del Tajo exigen que se depuren responsabilidades por esta actuación que califican de “negligente y que se establezcan protocolos técnicos claros y públicos para el uso y mantenimiento de esta infraestructura”.

Este nuevo episodio, señalan en un comunicado, “refleja una vez más la crisis estructural del modelo de gestión hídrica en la cuenca del Tajo, agravada por prácticas que siguen ignorando la legislación vigente”. Citan el caso de la Ley de Montes, que establece que el agua comprometida para trasvasar debe almacenarse en los embalses de cabecera si no existe una necesidad real y justificada en la cuenca receptora. “Esta disposición, una vez más, ha sido vulnerada”, concluyen.