Esperando a EEUU en Palomares: el Gobierno rechaza otra vez limpiar las tierras contaminadas con plutonio

Casi sesenta años después de que cuatro bombas termonucleares cayeran sobre Palomares (Almería) y dos de ellas se abrieran liberando al aire nueve kilos de isótopos de plutonio en forma de aerosoles, el Estado sostiene que no hay nada que hacer allí, salvo vallar algunas hectáreas y dejar pasar los años. Hace tiempo que Ecologistas en Acción cuestiona esta actitud pasiva, pero se ha vuelto a topar con un portazo: el Abogado del Estado ha rechazado en la Audiencia Nacional que el Ministerio para la Transición Ecológica esté obligado a recoger y tratar las tierras contaminadas, tirando de una panoplia de motivos que van desde los puramente procesales a la mera descalificación de los temores de los ecologistas, pasando por una advertencia: no está claro que remover esas tierras sea mejor que dejarlas tal cual.

Desde 2007 la superficie contaminada está vallada para evitar el paso de despistados o curiosos. Existe un programa de vigilancia radiológica para recoger muestras de tierra, vegetales o animales y una misión europea ha visitado la zona en un par de ocasiones, pero los ecologistas denuncian que no es suficiente: creen que la radiactividad, que existe, excede el perímetro del vallado, y califican el lugar de “instalación nuclear clandestina”. Pretenden la ejecución de un Plan de Rehabilitación que no llegó a aprobarse y sigue siendo parcialmente secreto, en el que se preveía el tratamiento de 50.000 metros cúbicos, alrededor de cien hectáreas, y el almacenamiento y traslado de los 6.000 m³ resultantes.

Ecologistas en Acción lleva una década pleiteando para lograrlo. Su primera demanda fue rechazada en 2021 por la Audiencia Nacional porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tenía competencias para limpiar nada. El Estado se pasaba la pelota de ministerio a ministerio. En 2023 volvieron a la carga, apuntando al Ministerio y esgrimiendo un nuevo artículo de la Ley de Energía Nuclear que, según ellos, ampararía la extracción de la tierra con residuos nucleares y el transporte hasta un almacén temporal.

Ahora, la respuesta del Estado demuestra que sigue sin querer hacer nada y que hay un elefante en la habitación: todo está marcado por la falta de voluntad de Estados Unidos para llevarse la tierra contaminada. Esta es una perspectiva que se acerca o se aleja en supuesta sincronía con quién mande, y que tras el regreso de Donald Trump estaría más lejos. Lo cierto es que tampoco se culminó durante los mandatos de Joe Biden o Barack Obama.

Un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoció el año pasado que Palomares “sigue sufriendo los efectos” de la “contaminación residual”, que “supera los niveles” de la normativa europea, pero no insta ninguna medida para intervenir. Y eso que existe un Plan de Rehabilitación preparado desde 2010. Pasados 60 años, las autoridades españolas dicen que no puede hacer nada, y ahora añaden que quizá tampoco convenga hacerlo.

Ministerio: falta de amparo legal, “tergiversaciones” y “coste/beneficio”

Para el Ministerio, las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares son una exageración sin fundamento. En su escrito, el Abogado del Estado acusa con virulencia a los ecologistas por sostener su petición de intervención en “opiniones propias, tergiversación de fuentes legales y científicas” y conclusiones propias para crear una “ficción”.

El Ministerio sostiene que no hay ninguna norma que obligue a intervenir, puesto que no se trata de un accidente nuclear ni una afección por actividades potencialmente contaminantes. Sería sólo un lugar al que aplicar medidas de vigilancia y control radiológico, suficientes al estar el nivel de dosis efectiva de radiación (1 mSv/año) dentro de lo previsto. “Como lo califica de ”radiactividad perdurable“, el límite es muy alto”, protesta José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción: “Equivale a cuatro radiografías de tórax. ¿Y por eso hay que dejar la radiactividad al aire libre? Sentaría un nefasto precedente para todo el que tenga material radiactivo”.

El Estado sostiene que el Plan de Rehabilitación que los ecologistas quieren aplicar es papel mojado. Una mera propuesta que en su día manejó el CSN, pero sin valor alguno. “Ni existe un Plan de Rehabilitación de Palomares, ni esa Propuesta Preliminar que no fue aprobada tiene fuerza ejecutiva”, señala el escrito.

El último y definitivo argumento de la Abogacía del Estado es que mejor no tocar las cosas porque no se sabe qué puede pasar. “Podría ser contraproducente por resultar del mismo mayor perjuicio que utilidad”, advierte el escrito del Ministerio, que subraya que sólo se debe intervenir cuando haya un balance positivo coste/beneficio, “incluidos los costes sociales”. La limpieza, escribe, es una “alternativa entre las posibles”.

No se detallan esos potenciales efectos perjudiciales de la limpieza, pero eso es algo que, se supone, está contemplado por el Plan de Rehabilitación. “Está todo previsto. La limpieza se haría dentro de unas carpas con presión negativa para que no salga nada dentro. Es ahora cuando se están liberando partículas radiactivas”, advierte Domínguez. Los conejos hacen madrigueras en la tierra y los caracoles, que aquí se cocinan en salsa de almendras o con tomate, son fabulosos bioacumuladores de plutonio.

Los ecologistas ha pedido que se aporte el Plan, previa desclasificación, y que en el pleito declare Carlos Sancho Llerandi, Jefe del Programa de Recuperación Radiológica del CIEMAT. El Estado se opone.

Mayor actividad radiológica entre 2030 y 2033

La exposición radiactiva en Palomares no es una paranoia ecologista. Las conclusiones del Plan de Rehabilitación fueron reveladas parcialmente en la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021, y mostraban que el tiempo corre en contra. “En el apartado de consideraciones finales [del Plan] se explica cómo por los plazos de liberación de los isótopos debe afrontarse el Plan lo antes posible”, advertían dos de los cinco magistrados, que emitieron un voto particular.

El motivo es que entre 2030 y 2033 el isótopo de americio (241 Am) alcanzará su máxima actividad radiológica debido a la desintegración de isótopos de plutonio. El americio emite radiaciones de tipo gamma que generan riesgos muy superiores para la salud. Los dos magistrados apelaban al “elemental principio de precaución”: “El Estado español tiene la obligación de intervenir en las situaciones de exposición perdurable, cuando sea conveniente y prudente para preservar la salud de la población, y la conservación del medio ambiente”.

Tampoco la Comisión Europea ha validado la situación en Palomares. Como desveló este medio, la última misión de verificación, en 2019, requirió a España que informara antes de 2022 de los avances para rehabilitar la zona, en línea con el objetivo fijado ya desde la primera misión de 2010. España no lo ha hecho y anunció que no lo haría, justificándolo en que la Comisión no es competente para evaluar los avances del plan de rehabilitación de Palomares. La tajante respuesta se envió sin firma, fecha, número de referencia o logo, pero aparecía en las webs de la Comisión y del CSN.

De la Operación Flecha Rota al Proyecto Indalo

La propia Historia acredita que los efectos sobre las personas de la radiactividad en Palomares son una posibilidad cierta. Tras la caída de las bombas, provocada por una colisión en vuelo entre un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135, Estados Unidos envió un equipo de limpieza cuyo primer objetivo fue localizar dos bombas extraviadas y el segundo, tapar lo que pasó. Se llevaron 1.000 metros cúbicos a las instalaciones nucleares en Savannah River, en Carolina del Sur. El resto lo enterraron o lo dejaron tal cual: 103 hectáreas con residuos radiactivos a unos 30 centímetros de profundidad. Se le llamó Operación Flecha Rota.

En 2016 The New York Times publicó documentos desclasificados que demostraban que más de la mitad de quienes participaron en la operación sufrieron algún tipo de cáncer. En España, El Mundo desveló la alta tasa de cáncer entre los guardias civiles que ayudaron a los norteamericanos. También se supo décadas después que el Departamento de Energía Nuclear de EEUU y la Junta de Energía Nuclear española aprovecharon para estudiar el efecto de la exposición al material radiactivo de los lugareños, que no sabían que eran conejillos de indias.

Fue el “Proyecto Indalo”, dirigido por un personaje de novela y apodo definitivo: Mr. Plutonium. Wright Haskell Langham, director de la división de Investigación Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, venía de intervenir en la determinación de los límites legales de la toxicidad del plutonio en su país, como documenta José Herrera en su investigación La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del “Proyecto Indalo” (1966-2009), de la que este medio informó hace dos años. “Fue un plan sistemático de experimentación de varias décadas. Nunca les dijeron que vivían rodeados de plutonio en sus campos de labor, que era el pilar casi único de su economía. Siempre que iban a Madrid les decían que no había peligro ni motivo de preocuparse”, explicaba Herrera.

Ahora, la nueva respuesta del Estado siembra dudas sobre la mera conveniencia de rehabilitar la zona. “Hasta ahora ponían como disculpa que no podían limpiar porque los americanos no se llevaban el plutonio y en España no hay un cementerio nuclear apto. Pero ahora ya descaradamente dicen que no van a limpiar, una barbaridad”, lamenta Domínguez.

También el CSN esperaba una actuación: “Estos enterramientos no pueden denominarse como almacenamientos ni determinarse que son definitivos, en tanto toda el área de Palomares está pendiente de las acciones de remedio que se consideren oportunas”, señala en una monografía incorporada el expediente.

Sesenta años después del accidente, el Estado dice que puede que lo mejor sea dejarlo todo como está, mientras sigue esperando en vano que Estados Unidos venga a recoger lo que se le cayó de un bombardero.