Jesús Arteaga, fiscal superior de Cantabria: «No hay nadie que pueda estar fuera de la ley, ni siquiera el rey»

Jesús Arteaga (Madrid, 1964) no es de esas personas que cuando asume una responsabilidad se estrena con un improvisado discurso de lugares comunes. Todo lo contrario: tiene un proyecto en la cabeza, sabe a dónde se dirige y ha entrado con decisión y firmeza en su nuevo cargo. El día que tomó posesión como fiscal general de Cantabria hizo un discurso con personalidad propia, una reivindicación de la independencia y la autonomía fiscal.

Junto a él estaban ese día Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y Carlos Granados, fiscal jefe en los años 90, que actuó de padrino. Con él, que creó la Fiscalía de delitos económicos de corrupción, dio sus primeros pasos profesionales. Parece haberle contagiado de inspiración. Seis meses después de su llegada ha reorganizado el servicio que llevaba once años estático. Presidente hasta hace poco de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) defiende que los fiscales asuman mayor protagonismo y dirijan la investigación de las causas penales para, a su vez, dar más independencia a los jueces.

Su llegada a la Fiscalía cántabra coincide con una reorganización de las áreas de trabajo. ¿Era un asunto pendiente?

El Estatuto nos da a los jefes la posibilidad de organizar el servicio y había que actualizar algunas cosas porque las necesidades van cambiando y los compañeros llevaban once años sin poder hacer un cambio. Siempre conviene, cada cierto tiempo, y no se había hecho un cambio estructural grande y no había habido posibilidad de cambiar de especialidad.

¿Es suficiente la plantilla de la Fiscalía?

En el equipo de la Fiscalía somos 32 fiscales y con el próximo concurso sumaremos 33. No habrá jefe que diga que es suficiente porque nunca lo son. Ni los juzgados son suficientes, siempre es mejor poder hacer las cosas con un poco más de pausa y más calidad. Ahora se está notando mucho. Nosotros tenemos un sistema de reparto por semanas y hay muchos días que coinciden señalamientos y hay que buscar compañeros extras para completar esos turnos.

¿Necesita la Fiscalía estar más al tanto de la calle para actuar de oficio en algunas cuestiones actuales?

Creo que estamos bastante en contacto con la calle. Siempre es bueno y se puede mejorar, pero está bastante cubierto porque al margen de los cauces fundamentales como la policía o el propio juzgado tenemos las diligencias de investigación, la posibilidad de hacer denuncias. Tampoco conviene que los fiscales seamos demasiado intensos. Por ejemplo, quizá hay algunas cuestiones que es mejor dejar en la voluntad de la persona ofendida, no tan graves o relativas, lo cual no significa que si vienen aquí no les vayamos a escuchar. Todo lo contrario, les vamos a escuchar: es nuestra obligación y devoción, pero a veces llegan cosas que no son de nuestra competencia y se lo explicamos amablemente.

La pregunta venía al hilo de lo sucedido con la petición de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática al Ayuntamiento de Santander para que cumpla su propio acuerdo, tomado en Pleno, para eliminar los nombres de las calles con denominaciones franquistas. ¿La Fiscalía podría haber actuado de oficio antes para hacer que el Consistorio cumpliese la Ley de Memoria?

Hay que tener un poco de tacto porque se puede tomar como una injerencia política. No es nuestra intención. Nuestra intención es hacer cumplir la Ley. En este caso es una Ley de Memoria Democrática que está fuera de las competencias habituales jurisdiccionales, para que nos entendamos, que hacen los juzgados y los fiscales. Es una Ley que posibilita y legitima el Ministerio Fiscal, con lo cual no solo es un derecho, sino que también es un deber. En este caso, han acudido a nosotros asociaciones memorialistas con una demanda seria que han hablado con el fiscal y lo han articulado, como en el caso particular de un hombre condenado injustamente a cadena perpetua durante la dictadura. Son procedimientos que no son jurisdiccionales, no hay una contienda especial contra nadie. Pero está dentro de la Ley, nuestra intención no es política. Ni puede serlo, además.

El fiscal general del Estado, Álvaro García, y el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga.

En su discurso de toma de posesión reivindicó la independencia de los fiscales. ¿Cree que está en cuestión en el contexto actual?

Por ordenarlo claramente: los que tienen que tener independencia son los jueces y los tribunales. Para nosotros los fiscales la palabra es autonomía. Está muy cerca de independencia. No es sinónimo, pero es cercana. En mi discurso yo reivindicaba esa independencia o autonomía sobre todo de la Fiscalía General, que no es lo mismo que la autonomía de cada fiscal porque tenemos instrumentos en nuestro Estatuto para oponernos, si fuera el caso, a una orden injusta o que nos parece incorrecta de un jefe o del fiscal general. Independencia, autonomía y respeto. Ese conjunto de tres sustantivos es el que quizá se detecta últimamente que no hay tanto con la Fiscalía General y con la figura del fiscal general.

Y con respecto a la independencia de los jueces, ¿cree que existe el lawfare en España?

Yo creo que existe. A lo mejor no tanto como cada vez que se dice. Tampoco creo que, en general, haya una intención de una persecución injusta en el ámbito judicial. En algún caso concreto la ha habido: un juez ha pasado por la cárcel por el caso de Victoria Rosell, por ejemplo. No califico nada que no esté ya resuelto. Los jueces hacen una instrucción y tratan de cumplir su trabajo fielmente pero no están solos, no están fuera del mundo, no están fuera de la sociedad, no están fuera de las presiones, de gente que interesadamente no les cuenta toda la verdad, y ellos tienen que tratar de discernir esa verdad. Entonces puede haber ese lawfare que, insisto, no creo que sea intencionado en términos generales.

En cualquier caso, ¿ha perdido prestigo la justicia entre los ciudadanos?

Sabemos que hoy en día la sociedad está crispada y probablemente demasiado polarizada. En una democracia es bueno que haya distintas posturas, pero a veces el balance o equilibrio que tiene que haber en una sociedad se va demasiado a los extremos y de una forma no respetuosa. No hablo solo de insultos o graves manifestaciones, sino de no de respetar la capacidad de discusión que tenemos entre nosotros. Hay mucha gente a la que le da miedo discutir de política, y es algo que, como discutir de fútbol, se debe hacer. Con respeto, y el respeto no solamente es no insultar a nadie, sino dejarle a hablar y escuchar. Eso es lo que nos falta. Quizá eso acaba llegando a los tribunales.

¿Cómo interpreta que el Gobierno nombre al fiscal general del Estado y la modificación prevista para alargar su mandato y que coincida con las legislaturas?

El Gobierno tiene que elegir al fiscal general porque lo pone la Constitución. Si no hay una reforma constitucional no hay otra cosa que hacer. La asociación a la que pertenezco, la Unión Progresista de Fiscales, defiende el fiscal parlamentario, elegido por el Parlamento. Pero eso es una petición, un deseo, una opinión. A partir de ahí la reforma que se ha hecho busca que solucionemos de una vez por todas que se critique al fiscal general por seguir órdenes del Gobierno. Al fiscal general, ni a este ni a los anteriores, no le llegan órdenes del Gobierno, ni mucho menos diarias. Otra cosa es que si la Constitución dice que el Gobierno le nombra, le interesa nombrar a una persona cualificada –como lo es el actual fiscal general– y más afín a sus planteamientos que en contra. Eso es de lógica. No le podemos pedir a nadie que vaya contra sí mismo. Pasar de cuatro a cinco años de mandato es una forma de dar independencia a esa figura y a la Fiscalía General. La intención seguramente es buena, otra cosa es que se consiga. Pero yo creo que los fiscales generales tienen capacidad de autonomía.

Ahora está en cuestión la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué opinión le merece el registro de su despacho o de su móvil?

Se pueden opinar dos cosas y las dos son acertadas. Si dentro de la instrucción el instructor creía que era necesario, pues había que hacerlo, lo que pasa es que parece ser que los frutos no han sido muy positivos en cuanto a lo que parecía que se esperaba encontrar. Por otro lado, creo que no hay nadie que pueda estar fuera de la ley, ni siquiera el rey, y, por tanto, que no pueda ser perseguido por la acción de la justicia. El fiscal general tampoco. Pero sí hay que tratar de guardar la alta importancia de la figura constitucional del fiscal general. A la mayoría de los fiscales nos pareció una medida demasiado fuerte. Insisto, con eso no quiero decir que fuera mal hecho o fuera ilegal y, si se tiene que decir en algún momento, lo dirá un tribunal superior.

Al hilo de esta cuestión, en el caso de los periodistas que también tienen protegido el secreto de sus fuentes informativas, hemos visto que a algunos compañeros se les han requerido sus teléfonos móviles. ¿Cómo interpreta usted esto?

Efectivamente, es una colisión con el derecho a la información muy complicada y muy compleja. En general, en cualquier instrucción penal existe el principio de proporcionalidad. Es decir, vamos viendo que hay casos en los que se adopta una prisión provisional o medidas restrictivas de derechos. Detrás de esa decisión siempre tiene que haber un delito, pero no cualquier delito. No podemos meter en prisión provisional, ni adoptar medidas restrictivas de derechos por un delito leve. Necesitamos que haya una proporcionalidad entre la necesidad y la importancia de ese delito que se está investigando y la restricción de un derecho fundamental. El investigar el contenido del teléfono de un periodista tiene que ser por una causa muy justificada y con una proporcionalidad muy trabajada. Es lo que tenemos que exigir en todas las instrucciones y en este caso concreto hay que buscar la proporcionalidad. No es pedir alguno que esté señalando la investigación con una preeminente intervención en un posible delito. Pedir tantos teléfonos resulta raro.

¿Deberían investigarse de oficio la publicación de las conversaciones personales de WhatsApp del presidente del Gobierno?

Puede ser una revelación de secretos. Ese delito no es tan grave como otros, pero tampoco es despreciable. Vuelvo a lo que decía antes sobre el fiscal general y la importancia de la figura constitucional: en el presidente del Gobierno más aún. Yo sé que esto está dentro de la lucha política. Evidentemente todos los sabemos. Lo que sí es verdad es que quizá debería investigarse y quizá de oficio, pero en eso me estoy metiendo en un ámbito que no es de mi competencia, es mi opinión personal.

Usted se ha mostrado partidario de que los fiscales asuman mayor protagonismo y dirijan la investigación de las causas penales. ¿Con qué finalidad?

Eso ocurre en todos los países occidentales. En España, que somos un país muy democrático y con un alto grado de derecho, son de las pocas estructuras que nos faltan por desarrollar en el siglo XXI, por decirlo así. En el año 1988 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia para modificar un procedimiento que existía en el ámbito penal que facultaba dictar sentencia a los jueces que habían instruido cuando se trataba de delitos no muy graves. Con mucho acierto, el Constitucional dijo: esto hay que separarlo, porque el estado de derecho exige que haya jueces que instruyan –nosotros pedimos que sean fiscales– y jueces que sentencien. Si la investigación o instrucción de los procedimientos se pasa a los fiscales, que también somos funcionarios públicos y tenemos igual preparación que los jueces, separamos aún más de la judicatura este proceso y la dejamos solo con lo que tiene que hacer, que es juzgar y hacer ejecutar las sentencias. Al final siempre es bueno que haya una separación. Cualquier persona que esté implicada en un trabajo tiene siempre un pensamiento íntimo particular que no es que sea malo, pero si nos puede hacer llegar a conclusiones no completamente imparciales. Siempre es una garantía más del estado de derecho.

Las últimas cifras dicen que en Cantabria desciende la criminalidad y ascienden los ciberdelitos. La Fiscalía de Cantabria tiene que ver muchos casos vinculados con pornografia, abusos a menores, violencia… ¿dejan huella en los profesionales que tienen que abordar estos contenidos?

Es así. Afortunadamente, no hay muchos casos en los tribunales de Cantabria de pederastia, de pornografía infantil, que es la peor. Pero los hay y evidentemente los dos compañeros que se ocupan especialmente de esta parte, me lo ha dicho personalmente el coordinador, son imágenes duras que no le gusta nada ver y trata de ver lo mínimo necesario para calificar el hecho, porque lo que no puede es calificar sin mirar. Es parte del trabajo. Pero estoy convencido de que un ciudadano normal lo vería horripilante y sufriría. Además, son asuntos muy complicados en los que puede estar implicada mucha gente, incluso organizaciones criminales.

Hay chicas en Cantabria que ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad y ya tienen medidas de protección. ¿Aumentan los casos de acoso escolar o de violencia de género entre menores?

Es un aumento relativo. En números no es muy cuantioso, afortunadamente es un aumento suave. Es un fenómeno en todo el país, parece que hay un aumento de la violencia en los delitos, no solo de violencia física sino moral, verbal, de humillar al contrario –o a la mujer en casos de violencia de género–. Soy de una generación a la que ya queda lejos la niñez, pero siempre pensamos que era una pelea más de nuestra época, y que lo lógico es ir mejorando, que cada vez ocurra menos. No parece que sea así del todo, hay como una segunda oleada, una revitalización de estas conductas. La violencia de género entre los menores no baja, como pensamos que debería ser por la educación, entre otros factores. No es como hace 40 años. Hay más denuncias y más conciencia, pero hay un porcentaje demasiado alto. Generacionalmente yo ya no entiendo que en generaciones jóvenes que han tenido otro tipo de educación, que han crecido en democracia, todavía haya demasiados casos.

Hace poco se hizo polémico el caso del video en el que agredían a un alumno en silla de ruedas en el IES Torres Quevedo de Santander. ¿Por qué la Fiscalía de Menores tardó en reaccionar y pedir que separasen a la víctima de clase para alejarla de sus presuntos agresores?

La denuncia es posterior, se puso después de hacerse público el caso. De hecho, ya se habían cumplido los días de sanción que les impuso Educación. Puede ser que hayamos sido lentos, pero necesitamos nuestros tiempos y la colaboración de las familias para intervenir en el procedimiento. Hay que llamarles. Creo que hubo demasiada confusión. El cauce habitual suele ser que se denuncie primero. Quizá Educación pensó que lo podría controlar mejor.

Desde algunas instituciones públicas se insiste reiteradamente en el aumento de los casos de ocupación de viviendas. ¿Visto desde el ámbito judicial hay motivos para la alarma?

En Cantabria no hay una especial preocupación numérica, ni cualitativa. Aunque esto no se le puede decir a la persona que ha tenido una ocupación porque dirá que, evidentemente, para ella ha sido muy importante. Quien tenga un caso concreto lo ha sufrido, lo pasa muy mal y a veces tiene unas secuelas con estrés postraumático. Ahora, no hay una alarma especial. Hay que ocuparse de todos los delitos y hay que tratar de devolver la propiedad al propietario en todos los casos. Es más urgente, o más importante, desde el punto de vista social, que se devuelva a aquellos que son particulares, que algunos casos hay. Pero los casos de ocupación de viviendas de particulares son muy pocos en Cantabria. Alguno más si sumamos los pisos de la Sareb o de algún banco. No digo que estos casos no hagan mal a la propiedad, pero se hace un mal directo que afecte a las personas. Por otro lado está el problema de la vivienda, que no justifica que alguien ocupe un inmueble, pero hay que mirar cada caso. Una familia con tres niños pequeños sin ninguna posibilidad está ocupando una casa –no digo que no haya que buscar una solución– pero se puede tolerar un poco más que otras circunstancias en las que a lo mejor simplemente entran en una casa a vivir por cuenta de los demás.

Cuando tomó posesión como fiscal jefe se mostró partidario de crear un equipo de fiscales anticorrupción para combatir a los abogados defensores “de alta calidad”. ¿A qué se refería?

Me explico. No se puede crear un grupo porque no se pueden traer más fiscales a Cantabria. Ojalá se pudiera. Quise decir que a mi juicio no existía ese grupo como yo consideraba que debía ser en una Fiscalía y que, dentro de las posibilidades que tenemos, orientar más al grupo hacia esos delitos. La razón era que no solo nos vamos a tener que enfrentar a abogados defensores de todo tipo, que los de aquí lo hacen fenomenal, incluidos los del turno de oficio, que están más preparados porque están más especializados. Es lo que ya se busca desde hace muchos años, que los fiscales nos especialicemos para poder dar respuesta en todos los casos, también en los que nos encontremos abogados especializados.