Una jueza investiga a TV3 por malversación en los sueldos de sus directivos
La magistrada admite a trámite la denuncia de Societat Civil Catalana y reclama todos los contratos y nóminas de alta dirección de 2021 y 2022
Una jueza investiga a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la empresa pública que integra a TV3 y Catalunya Ràdio, por prevaricación y malversación en los sueldos de sus directivos. La magistrada ha admitido a trámite la denuncia de la entidad contraria a la independencia Societat Civil Catalana (SCC) y ha requerido abundante documentación al ente audiovisual catalán público, rebautizado hace unos meses como 3Cat.
La denuncia de SCC se basa en un informe de la Sindicatura de Comptes, el ente fiscalizador del sector público catalán, que detectó irregularidades en los salarios y condiciones laborales tanto de los directivos como de los empleados de TV3 y Catalunya Ràdio en los años 2021 y 2022 (por ejemplo, la plantilla tenía un horario de 35 horas semanales “sin los requisitos legales necesarios para fijar esta jornada”).
Ahora estas irregularidades saltan a la vía penal por la denuncia de SCC. Del auto de la magistrada se desprende que antes de cualquier eventual imputación quiere estudiar a fondo los múltiples documentos del caso. La jueza ha requerido a la Sindicatura que aporte su informe completo, incluyendo los “papeles de trabajo” empleados en su labor de fiscalización.
El requerimiento judicial más relevante es a la CCMA: la magistrada reclama todos los contratos de dirección y resoluciones de nombramientos de directivos de los ejercicios 2021 y 2022; las “nóminas completas y desglose de las retribuciones percibidas”; así como los acuerdos del consejo de gobierno del ente que aprobaron las retribuciones.
También reclama la magistrada los “expedientes completos de selección y nombramiento” de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Sígfrid Gras y Jordi Borda, así como del director de la Fundació La Marató de TV3, Lluís Bernabé, y “cualquier otro cargo directivo designado” entre 2021 y 2022.
Sobre estos directivos, la jueza quiere saber las bases de la convocatoria por la que fueron elegidos, las actas de valoración, sus currículums y los “criterios de méritos” aplicados para su elección. Además, la jueza investiga si se permitió percibir “remuneraciones superiores al límite legal” de algún directivo.
