El nuevo mapa del transporte: más de 1.400 municipios sin parada de autobús al primar la «viabilidad económica»

El nuevo mapa del transporte por carretera impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reorganiza el sistema actual y reduce de forma muy significativa el número de rutas: pasa de 1.912 a apenas 495. La medida se justifica en criterios de “eficiencia” y “viabilidad económica”, aunque las plataformas que representan la España Vaciada recuerdan que, en el caso del rural, los servicios no siempre son rentables. Mediante un sistema de concesiones, el plan busca, según el propio Ministerio, hacer más competitivo al transporte en autobús, con mejores tiempos de viaje y mejores tarifas, ya que se podría reducir un 20% el precio del billete.

No lo ven igual los vecinos de los 1.416 municipios de toda España que no podrán acceder a esa bajada de precio, puesto que desaparece la parada del autobús en su pueblo. El motivo es que la reorganización planteada prioriza las rutas entre grandes ciudades y corredores con más tráfico, lo que se traduce en 54 paradas menos en Teruel, 40 en Cuenca, 33 en Soria y 28 en Guadalajara.

Por el momento se conocen únicamente los planes del Corredor C12, que cubre la ruta Madrid–Valencia, con conexiones intermedias hacia Cuenca, Teruel, Castelló, Guadalajara, Gandia y Oliva, entre otros puntos. Estará compuesto por 22 rutas, frente a las 76 que hay ahora mismo. Con este plan, Teruel pierde 13 paradas y se queda solo con tres: la capital, Albentosa y Monreal del Campo. Lo mismo ocurre en Cuenca, que pierde diez. Esto se debe a que uno de los principios del nuevo mapa es eliminar los tráficos interautonómicos; es decir, los trayectos dentro de una sola comunidad. Por tanto, todas las paradas que no impliquen viajes entre comunidades tienden a desaparecer o a dejar de estar cubiertas por el Estado, al traspasar su mantenimiento a las comunidades autónomas.

El proyecto de ley de Movilidad Sostenible establece que los nuevos servicios “tienen origen y destino, preferentemente, en capitales de provincia o en poblaciones principales. Asimismo, las paradas intermedias se producen, con carácter general, en poblaciones principales del itinerario correspondiente, sin perjuicio de atender otras paradas cuando así lo justifique la demanda previsible o la conectividad con servicios públicos de transporte regular de viajeros de las comunidades autónomas”.

“Abandono institucional”

Las plataformas que representan a la España Vaciada, Teruel Existe, Soria ¡YA!, Cuenca Ahora y La Otra Guadalajara denunciaron este mapa el pasado viernes 23 de mayo en el Congreso de los Diputados, ya que consideran que supone “otro paso más en el abandono institucional de la España rural”.

Exigieron la retirada inmediata del nuevo mapa y la elaboración de un sistema de transporte público que responda a las necesidades reales del medio rural: con frecuencias adecuadas, cobertura territorial y garantías de cumplimiento. “La distancia no es el problema. El abandono sí”, expresó el portavoz soriano Ángel Ceña. Tomás Guitarte, de Teruel Existe, denunció que esta política beneficia a las grandes ciudades y castiga a las provincias interiores, a las que convierte en una zona en “muerte cerebral”. Ha advertido de que el nuevo mapa crea un “efecto túnel” como el del AVE, al conectar las capitales y dejar a los pueblos al margen.

El mapa actual y el nuevo mapa.

El Ministerio argumenta que una de sus premisas es que “ninguna persona pierda sus actuales oportunidades de viaje” al mismo tiempo que se ofertan “tiempos y precios más competitivos”. Para lograrlo, contempla que el Estado asuma los grandes flujos de transporte por autobús entre comunidades, mientras que las administraciones autonómicas se encargarían de las rutas internas, que son de su competencia, y que, a su vez, permitirán la interconexión con las líneas estatales. Para dar cumplimiento a este compromiso, el Gobierno de España articulará por primera vez ayudas a las comunidades autónomas: 40 millones de euros, 25 de ellos en subvenciones directas, para que las comunidades asuman los tráficos de su competencia, que actualmente se vienen prestando a través de concesiones estatales de largo recorrido.

Esta medida, sin embargo, sigue sin ser aceptada por los gobiernos regionales. El Ejecutivo de Aragón va a exigir que los 13 núcleos afectados por el anteproyecto del Corredor 12 “no se queden sin parada de la línea estatal”. Así lo ha expresado el director general de Transportes, David Sánchez: “Se pasa de un servicio en el que prima la atención a las diferentes poblaciones a otro que prioriza la cuenta de resultados de las empresas por encima del servicio público a los ciudadanos, lo que, en el fondo, penaliza a los territorios con importantes desequilibrios demográficos, como Aragón”.

Y es que, con la implantación del nuevo mapa concesional, el Ministerio traspasa esa responsabilidad a la comunidad autónoma. “Nos obliga a trasladar a los viajeros de los municipios que pierden el servicio a aquellos otros en que lo mantienen, todo ello sin una compensación adecuada”, critica.

El Ministerio argumenta que las rutas vigentes, con el “elevado número de paradas intermedias”, desincentivan el uso del autobús. Por eso, consideran que es imprescindible el acuerdo con las comunidades autónomas. En Aragón, el recorte en casi el 90% de los casos se trataría de paradas de uso mayoritariamente autonómico; es decir, aquellas que, según datos de 2019, tuvieron menos de un viajero interautonómico al día, o incluso de carácter absolutamente autonómico: las que no registraron ningún usuario que se desplazara a otra comunidad en todo el año. Por ello, el Gobierno de España considera que son competencia de las comunidades.

En caso de que la oposición de las comunidades se mantenga y no se materialice “la delegación de las competencias”, lo que supondría dejar sin servicio esas paradas, el Ministerio contempla en su anteproyecto “llevar a cabo las modificaciones oportunas para atender a las poblaciones afectadas”.

Críticas dentro del PSOE

Este plan impulsado por el Gobierno central también se está encontrado oposición dentro del propio PSOE. Ayuntamientos como el de Cuenca y Tarancón, ambos socialistas, han anunciado que presentarán alegaciones contra este mapa concesional. La Diputación conquense, también gobernada por el PSOE, lo rechaza de plano porque cree que supone un “golpe” a la lucha contra la despoblación y pide mantener “todas las paradas de autobús existentes como una herramienta para mantener vertebrado el territorio”.

El PSOE de Guadalajara también ha mostrado su oposición –y anuncia que hará lo mismo la Diputación Provincial gobernada por los socialistas– dado que supondrá “una reducción, en una cifra más que importante”, de las paradas de autobús existentes en el medio rural. “Supondría que muchos de nuestros pueblos pierdan su principal y, a veces, única forma de conectar con el resto del territorio”, ha destacado el secretario de Organización socialista, Rafael Esteban. En el análisis coincide con el presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo. “Nos enfrentamos a una política de transporte pensada desde un despacho, con visión urbana y de corto alcance. Una política que olvida que los pueblos no son una carga, sino parte esencial del país”, ha asegurado.

El PSOE aragonés, sin embargo, ha evitado criticar al Gobierno central. Los socialistas regionales, con la ministra y portavoz Pilar Alegría al frente, han expresado su apoyo a esta iniciativa estatal y han destacado que “no se eliminan paradas” y que “ningún viajero perderá oportunidades de viaje”, al destacar que habrá “tiempos de viaje competitivos y mejores precios”.

Alegaciones

El Gobierno de Aragón ya ha anunciado que va a plantear alegaciones al anteproyecto. El Ejecutivo de Jorge Azcón va a exigir que los núcleos afectados no se queden sin parada y, en el caso de que el Gobierno central no acceda a esta petición, planteará alternativas que “minimicen el daño” ocasionado a estos pueblos. Entre ellos, la implantación de paradas a demanda, con las que siempre que un usuario necesite el servicio tenga posibilidades de acceder a él.

Asimismo, el Ejecutivo aragonés reclamará que el contrato entre el Estado y las empresas concesionarias incluya obligaciones para el control de los horarios de prestación de los servicios. “Con ello conseguiríamos una adecuada coordinación de los horarios entre el sistema estatal y el autonómico para ganar eficacia en la prestación del servicio de cara a los ciudadanos”, apunta.

Aragón pide “una compensación económica satisfactoria y realista” con la que financiar estos servicios“. ”La cifra que ha trascendido es de 40 millones de euros al año en toda España durante cuatro ejercicios, lo que a todas luces resulta insuficiente“, expone el director general de Transportes autonómico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha planteado alegaciones que no ha hecho públicas. Fuentes de la Consejería de Fomento han explicado a elDiario.es que lo harán a través de una iniciativa parlamentaria que se presentará en las Cortes regionales, todavía sin fecha.

Entre esas alegaciones el Gobierno de Emiliano García-Page rechaza el argumento de “mayor eficiencia” esgrimido por Transportes. Fuentes de la Consejería de Fomento descartan que el objetivo pueda cumplirse, ya que, sostienen, “se está dando prioridad a un sistema basado en los trasbordos y los nodos, con la incomodidad de que eso supone”. En su opinión, los ahorros de tiempo previstos “no se materializarán por la necesidad de coordinación”.

Tampoco cree este departamento que vaya a mejorarse la conectividad. “No es posible en el momento en el que se eliminan paradas en la expedición”, señalan y además se “obliga” al viajero a coger otra expedición con una antelación suficiente para conectar en el nodo.

El Gobierno castellanomanchego estima que el coste del nuevo mapa concesional rondará los 13 millones de euros para todos los corredores que afectan a Castilla-La Mancha, no solo el C12, y que “el gasto público total, es decir, la suma de los costes que asumirá el Ministerio y la comunidad autónoma, va a se superior al actual, ya que se deben incrementar expediciones que serán necesarias para las conexiones de los nodos”.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ofreció la semana pasada una financiación extraordinaria por parte del Gobierno central a las comunidades autónomas de 40 millones de euros para que mejorar los servicios de autobuses de largo recorrido y también la comunicación entre los grandes núcleos de población. Además, Santano pedía a las comunidades autónomas que asuman sus competencias y den servicio entre los pueblos y ciudades de su territorio.

El Gobierno de García-Page no se niega pero pide compensación. “Nosotros solicitamos al Ministerio la financiación suficiente para asumir el servicio y prestar los tráficos”, ha replicado la Consejería de Fomento de Castilla–La Mancha, que reclama un cálculo de compensación que pueda aplicarse en contratos ya vigentes “para que jurídicamente tengan continuidad”.

Finalmente, reclaman detallar los horarios de las expediciones en el contrato a licitar para poder coordinar con la red castellanomanchega y dar servicio a los usuarios que deben conectarse al corredor en cuestión. “En el anteproyecto publicado no existen horarios, sólo el número de frecuencias”, advierten.