El constructor que denunció el caso FP declara que el gobierno de Madrid le encargó una decena de centros sin contrato

El constructor Gabriel Navarro ha declarado este miércoles como investigado ante el juzgado de instrucción que indaga el presunto caso de prevaricación en la construcción de centros de FP en Madrid durante el anterior gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Navarro, que fue quien dio la alarma a Educación del caso a la vista de que no le abonaban más de un millón de euros pendientes en facturas impagadas, ha señalado que el modus operandi fue siempre el mismo en la “decena” de centros de FP que ha construido para la Comunidad de Madrid, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Igual que pasó en el centro educativo sanitario de Ciudad Escolar –el edificio de 2,5 millones sin contrato que publicó elDiario.es y que fue el primero de una decena de casos– en el resto de encargos no hubo “licitación ni contrato”. El modus operandi era contratar a un empresario y hacer obras fraccionándolas en importes menores de 50.000 euros, que es la cantidad máxima para esquivar una licitación pública. De esta manera, la Consejería de Educación –entonces en manos de Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y de Rocío Albert, hoy consejera de Hacienda– evitaba sacar a concurso las obras, lo que obliga a un proceso público más largo y con una mesa independiente.

El empresario, que estuvo mandando cartas y burofaxes de aviso sobre las irregularidades e impagos a Educación en 2024–el consejero ya era Emilio Viciana, que puso en manos de Fiscalía el caso Ciudad Escolar tras ordenar una investigación interna– ha contado también en la sala que le pedían tres presupuestos desde tres empresas distintas, que eran todas suyas, de manera que así parecía que había una mínima competencia exigida en el marco de los contratos menores.

Además, a las preguntas enmarcadas en este caso –en el que se calculan obras irregulares por 8 millones de euros en una decena de institutos construidos por diversos empresarios– Navarro ha asegurado que le llamaban para hacer las obras por el boca a boca entre los directores de centros, que eran quienes aprobaban los presupuestos. Ha negado que fuera Alfonso Mateos, exsubdirector de FP al que señala Educación como urdidor, quien le proporcionaba los contratos, aunque sí ha admitido que fue su profesor y se conocían.

Mateos describió en su declaración ante la misma jueza que el sistema era utilizar dinero de gastos extraordinarios para pagar obras, algo ilegal, aunque se consideró “cabeza de turco” del caso FP, ya que él no tenía ninguna competencia sobre infraestructuras y tampoco sobre el procedimiento o presupuestos. Efectivamente, para que el dinero llegara hasta los directores y pudieran pagar las reformas, tenía que haber un informe de necesidad que tenía que tener diversas firmas, entre otras la del entonces consejero, Ossorio. Es la dirección de área territorial (DAT) la que revisa y aprueba los presupuestos de los centros y la que debía aprobar las obras y mandarlas licitar.

El constructor, que ha reclamado el cobro de 1,8 millones de Ciudad Escolar que no le han pagado, ha relatado también que en las obras de otro de los centros que construyó intervino un alto cargo de Educación, un director de área territorial, que medió para que le pagaran después de un problema con los abonos que había dejado la construcción varada a medias.

El caso FP está en fase de instrucción después de que Podemos interpusiera una denuncia en un juzgado. La Fiscalía estaba ya investigándolo después de la denuncia del actual equipo de Educación, que incluyó los numerosos centros desvelados por elDiario.es. El ministerio público calicó en un informe de “grosera y palmaria omisión” de los procedimientos el sistema por el que la Consejería de Ossorio aumentó el espacio y edificios dedicados a la FP de Madrid.