Bronca en el Parlamento andaluz al frenar la Cámara de Cuentas la fiscalización de contratos a dedo que investiga una jueza

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha “suspendido temporalmente” la fiscalización prevista de los contratos menores adjudicados a dedo por el Gobierno de Juan Manuel Moreno durante los ejercicios 2022 y 2023. La razón, arguyen desde el órgano que supervisa las cuentas públicas, es “evitar interferir” en la investigación judicial en curso por un posible delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos sanitarios, la causa en la que está personada la Junta como responsable civil subsidiaria, y que cuenta ya con un directivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputado.

El órgano de extracción parlamentaria defiende que su decisión no es “de ninguna manera algo excepcional” y recuerda que “en otras ocasiones y ante situaciones similares, se ha procedido de la misma manera”.

El reglamento de la Cámara no establece que deba suspender o aplazar los trabajos de control al Gobierno cuando la temática se solapa con un procedimiento judicial. Pero el Pleno que dirige este órgano entiende -“ante las dudas surgidas por una posible interferencia”- que es lo correcto, y que en el pasado se ha actuado con el mismo criterio, por ejemplo, para no interferir en campañas electorales. “La Cámara paraliza el envío de informes cuando se convoca un proceso electoral, precisamente para no interferir en su desarrollo”, advierten desde la institución.

Sin embargo, la decisión del Pleno de la Cámara de Cuentas de dejar en suspenso la fiscalización de los contratos menores de la Junta ha desatado una bronca política en el Parlamento, porque se adoptó con los votos de los miembros elegidos por PP y Vox -que conforman mayoría- y pese al rechazo del resto de integrantes designados por los grupos de izquierdas.

Los populares defienden que “nada de lo que hace la Cámara de Cuentas es sospechoso”, y afean a la oposición sus esfuerzos por interpretar cualquier decisión administrativa -ya sea en el SAS o en el órgano de extracción parlamentaria- como una suerte de “corrupción política”.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía denuncian el uso “torticero y partidista” de un órgano independiente cuya función principal es fiscalizar al Gobierno autonómico, y acusan a PP y Vox de aplazar sine die la elaboración del informe sobre la contratación menor en la Junta, un aspecto sobre el que los interventores del SAS ya han emitido más de una decena de informes censurando el abuso de contratos encadenados con la misma empresa y por el mismo servicio y prestación, en lo que supone un “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios para “concultar” la Ley de Contratos del Sector Público.

Los socialistas, además, señalan directamente al presidente de la Cámara de Cuentas, Alejandro Cardenete, que fue vicececonsejero de Turismo y, durante un breve periodo en 2022, consejero de Educación del primer Gobierno de Moreno y, en consecuencia, que estaría afectado por el informe de fiscalización de los contratos menores que se ha dejado en suspenso. El PSOE-A ha registrado una iniciativa para que el Parlamento repruebe a Cardenete en el Pleno de la próxima semana por “obstruir el control democrático”, aunque la mayoría absoluta popular previsiblemente la tumbará.

Procesos paralelos con fechas distintas

La causa abierta por una jueza de Cádiz investiga el troceamiento de contratos menores en el SAS en el ejercicio 2021, y el informe de control de la Cámara de Cuentas sobre dichos contratos abarcaría los dos ejercicios posteriores (2022 y 2023).

Sin embargo, desde el órgano fiscalizador argumentan que su trabajo puede empezar a analizar los contratos de 2022 y adentrarse, “justificadamente”, en el ejercicio inmediatamente anterior “si se constata una continuidad en el procedimiento”, como es habitual en sus informes.

Además, subrayan, la instrucción judicial está aún en una fase muy embrionaria -ahora sólo se centra en la contratación del SAS en Cádiz durante un año-, pero tanto Podemos como el PSOE, personados como acusación popular, plantean extender la denuncia a otras provincias, habida cuenta que los informes desfavorales de los interventores provinciales censuran el mismo procedimiento de contratación en todos los territorios -tildándolo de “fraude de ley”-, y ponen bajo sospecha 1.225 millones de euros, la totalidad del gasto en contratos menores en Andalucía.

El pasado 15 de mayo, la Cámara de Cuentas incluyó en el orden del día del Pleno la “aprobación, si procede, de las directrices técnicas del Informe sobre la contratación del Sector Público Autonómico: especial referencia a la contratación menor”.

El objetivo era supervisar una muestra de los contratos menores de la Junta en todos sus departamentos -no sólo el SAS-, unos trabajos que estaban calendarizados desde hacía año y medio, cuando el Pleno aprobó su Plan de Actuaciones para 2024, en diciembre de 2023.

Las primeras revisiones de expedientes identificaron “riesgos relevantes” en la contratación menor, según algunos miembros discrepantes de la Cámara, que acusan a Cardenete de “modificar el procedimiento de tramitación de los documentos, que hasta entonces no requerían aprobación expresa del Pleno”, para incluir este requisito obligatorio, en contra de la “práctica habitual y de lo dispuesto en la guía técnica” del organismo fiscalizador.

El Pleno del 15 de mayo aprobó por mayoría “posponer” la aprobación de dicho documento para que la fiscalización interna de los contratos menores no discurriera en paralelo a la investigación judicial. “La Cámara quiere mantener una posición neutral, para evitar interferir en su desarrollo. Una vez culmine este proceso se procederá a continuar con el desarrollo previsto del trabajo con todas las garantías necesarias”, aseguran fuentes del órgano fiscalizador, que prevé “retomar” el trabajo sobre la contratación menor de la Junta “una vez culmine” la investigación judicial.

La decisión de la Cámara de Cuentas ha avivado el enfrentamiento político en el Parlamento, donde la oposición de izquierdas acusa al PP de usar su mayoría absoluta en las instituciones para proteger a Moreno de las causas judiciales que salpican a su Gobierno. Los socialistas creen que ahora se ha “menoscabado la autonomía de los órganos de control externo” que fiscalizan al Ejecutivo andaluz, acusan a PP y Vox de “obstruir” su labor y su “independencia”.

Dos juzgados investigan actualmente la contratación a dedo del SAS. Un juez de Sevilla abrió diligencias por presunta prevaricación en los contratos de emergencia adjudicados a dedo entre 2020 y 2024, amparándose en el marco legal habilitado en la pandemia cuando ya estaba derogado. Hay tres gerentes del SAS imputados en esta causa, incluida la actual, Valle García.

En esta causa, el juez ha solicitado una cantidad ingente de documentación al Gobierno andaluz, además del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas a los contratos de emergencia de la Junta en 2020, que ya avanzaban algunas irregularidades en el ejercicio 2021.

Otra jueza de Cádiz investiga un posible caso de malversación en el fraccionamiento de contratos menores del SAS, y ha citado como imputado a un directivo de compras de la plataforma provincial en Cádiz.