Bruselas avanza en los cambios del sistema de ayudas de estado para aumentar las inversiones en vivienda

El precio de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los ciudadanos europeos obligando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a introducir el tema en su agenda. Como parte de la negociación de su reelección, la alemana se comprometió a llevar a cabo una reforma del sistema de ayudas de estado para permitir que los países puedan aumentar las inversiones en materia de vivienda. Y ahora el procedimiento echa a andar formalmente con la apertura de una consulta pública sobre el asunto para avanzar en el cambio del régimen dando mayor flexibilidad a los gobiernos.

El sector inmobiliario, las asociaciones, las autoridades públicas y los ciudadanos podrán pronunciarse sobre el asunto hasta el próximo 31 de julio. La intención de la Comisión Europea es dar una mayor flexibilidad a los estados miembros para que destinen dinero público a la vivienda asequible, que es un derecho básico de los ciudadanos. La UE impone restricciones a esas ayudas de estado a los sectores económicos para no perjudicar la competencia dentro del bloque comunitario.

Pero la crisis de la vivienda, cuyos precios están ahogando a la UE, ha obligado a la Comisión Europea a dar un mayor margen para que los gobiernos puedan dar más subsidios a ese sector.

“En toda Europa, demasiadas familias y jóvenes se están quedando sin una vivienda digna. No es solo un problema de vivienda: es una emergencia social. La revisión de hoy de las normas sobre ayudas estatales es una de las herramientas que estamos utilizando para ayudar a los estados miembros a actuar de forma más rápida e inteligente en materia de vivienda asequible. Y, sobre todo, queremos que estas normas funcionen en la vida real, por lo que las voces de las ciudades, las regiones y los ciudadanos son esenciales para darles forma”, señala la vicepresidenta Teresa Ribera, que es la responsable del marco de ayudas de estado al ostentar la cartera de Competencia.

La propuesta de flexibilizar las ayudas de estado partió de los socialdemócratas europeos como condición en la negociación con Von der Leyen el pasado verano. “La Comisión Europea tiene posibilidad de modificar las ayudas de Estado para posibilitar que los países puedan invertir en materia de vivienda social sin que eso compute en el déficit fiscal”, explicó entonces la jefa del grupo, Iratxe García.

A pesar de que en Bruselas sitúan la vivienda como una prioridad, por el momento se ha retrasado el plan de acción de vivienda asequible, que no verá la luz hasta 2026. En todo caso, la flexibilización de las ayudas de estado es la medida estrella de la Comisión Europea, cuyas competencias son muy limitadas en esa materia.

La crisis de vivienda preocupa especialmente al gobierno comunitario en el caso de España y lo ha introducido por primera vez en sus recomendaciones en el marco del paquete del semestre de primavera al considerar que puede pasar de ser un problema social a uno de índole económica lastrando el crecimiento.

“Aumentar la oferta de viviendas completando la reforma de la ley del suelo, reduciendo los plazos de tramitación de permisos, eliminando los cuellos de botella administrativos y abordando la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. Reforzar la oferta de viviendas sociales y asequibles”, señala Bruselas en sus recomendaciones.

La Comisión Europea centra, por tanto, parte de su evaluación en la necesidad de aumentar el parque de viviendas ante la falta de unas 600.000. Esa era una de las pretensiones de la ley del suelo que el Ministerio de Vivienda tuvo que retirar para evitar una derrota en el Congreso al no contar con el apoyo ni de sus socios ni del PP para sacar adelante. Pedro Sánchez pedirá a los presidentes autonómicos que se tripliquen los fondos destinados a vivienda. Pero Bruselas también pide reducir las trabas administrativas para fomentar la construcción al igual que para encontrar mano de obra ya que, según los cálculos recogidos por el gobierno comunitario, el 50% de los empleadores dicen no encontrar trabajadores.

La otra pata en la que se centra la Comisión Europea es la necesidad de que esa vivienda sea asequible. La gran preocupación es que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda y tampoco los grupos vulnerables, entre los que los técnicos comunitarios incluyen a las personas migrantes, en cuya fuerza laboral se sustenta parte del crecimiento de la economía española. Y sin ese colectivo, los datos macroeconómicos pueden empeorar, según fuentes comunitarias.