Sumar aumenta la presión para sacar adelante la semana de 37,5 horas

Movimiento de piezas en el tablero de la negociación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, eleva la presión contra la patronal y amenaza con usar la vía del decreto para endurecer el registro horario, una de las patas más relevantes que incluye la ley que ya está en el Congreso. La maniobra llega después de la intensa campaña que los empresarios han emprendido contra la tramitación de la medida estrella de Sumar.

Díaz ha destapado así una carta importante en la negociación de la ley que llegó hace menos de un mes al Congreso y que de momento encalla en el mismo punto que prácticamente todas las negociaciones importantes del Gobierno: Junts. Sus siete votos o un improbable apoyo del Partido Popular son esenciales para que el texto salga adelante y de momento, tanto en público como en privado, la formación de Carles Puigdemont no da señales de que vaya a apoyarla.

El movimiento, que adelantó este jueves El País, busca atraer a la patronal a una negociación que hasta ahora ha tratado de boicotear como forma de presionar al PP y sobre todo a Junts. Después de los guiños sobre el absentismo que Díaz lanzó a los empresarios, sin éxito, esta vez en Trabajo han optado por la vía dura: amenazan con sacar una pata muy importante de la reforma mediante decreto, sin necesidad de una negociación parlamentaria.

Registro horario, “la clave” escondida de la ley

El registro horario es, como señaló Díaz en una entrevista en La Sexta, la “clave” que explica la beligerancia de muchas empresas contra el proyecto de ley. Desde el inicio, el registro de jornada se ha situado como un elemento determinante en la negociación de la norma. Aunque la medida estrella es la reducción de la jornada máxima de trabajo de las 40 a las 37 horas y media a la semana (de media en el año), Trabajo incluyó también el refuerzo del control horario. El departamento de Díaz planteó cambios muy relevantes, como el acceso en remoto de la Inspección de Trabajo al registro y además propuso endurecer las sanciones por incumplirlo y por otros abusos, como las horas extra no pagadas.

En el diálogo social, como ocurre con toda legislación, los negociadores de la patronal y los sindicatos intentan conseguir algunos de sus objetivos cediendo en otros. En esta ocasión, los empresarios –en un contexto de pelea interna entre CEOE y Cepyme que dificultaba cualquier acuerdo con el Gobierno– se descolgaron de la negociación tras más de diez meses de conversaciones, dejando vía libre a Trabajo y los sindicatos para pactar la norma. Esa vía libre se plasmó en un acuerdo “muy ambicioso” en el registro de jornada, reconocían fuentes sindicales, que daban por hecho que este punto sería también una pieza de negociación que podía facilitar la tramitación parlamentaria de la norma.

Ya en el Congreso, ante la falta de apoyos y la complejidad para lograrlos por el boicot empresarial, el registro de jornada ha vuelto a situarse como protagonista. Yolanda Díaz ha advertido a los empresarios que tumbar la ley no les librará del endurecimiento en el registro de jornada. Al revés, les privaría de su oportunidad de negociarlo. Con el Estatuto de los Trabajadores en la mano, Díaz ha avisado a la patronal de que puede aprobar los cambios por decreto en el Consejo de Ministros, sin necesidad de pasar por el Parlamento, ya que argumentan que la reforma en realidad se puede plasmar en un reglamento.

En Trabajo explican que ya están trabajando en esta opción B y justifican su necesidad debido a varias sentencias que recogen la doctrina europea sobre el control horario, que exige que sea “objetivo, fiable y accesible” y que refleje los datos “de manera totalmente imparcial e indiscutible”. Algo que no ocurre en la actualidad, repiten en el equipo de Díaz, cuando se permite que el registro se haga incluso con lápiz y papel. “El registro no funciona”, ha destacado este jueves la vicepresidenta segunda, que ha advertido que hay trabajadores a los que “les hacen firmar el blanco”. Aunque las horas extra pagadas van en aumento, el fraude de trabajar gratis afecta todavía a más de 400.000 trabajadores.

Junts aún no ha presentado la enmienda a la totalidad anunciada

Díaz confía con este movimiento allanar la tramitación parlamentaria de una reforma que tiene en Junts el principal obstáculo. La formación de Puigdemont, de hecho, anunció hace meses que presentaría una enmienda a la totalidad, entre críticas a Trabajo por su negativa a negociar el texto antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros. Fuentes de los independentistas catalanes argumentaban en aquel momento que la única posibilidad de negociar el texto era empezar de cero: “Tábula rasa”.

“Difícilmente podremos dar apoyo”, decía hace pocos días el secretario general de Junts, Jordi Turull. Preguntado por el tema, afinaba algo más los términos de la negociación y pedía debatir sobre una bajada de impuestos a las pequeñas y medianas empresas o los “agravios” que, a su juicio, sufren los trabajadores catalanes. El mismo Turull escribió la semana pasada en este diario una tribuna en la que sentaba las condiciones para una negociación en la que de entrada acusaba al Gobierno y en concreto a Díaz de haber convertido las 37 horas y media “en una lema de campaña” y alertaba de las “serias consecuencias” que puede tener esta medida.

“Su impacto en sectores como el de servicios o el agroalimentario puede ser especialmente perjudicial para la ocupación y pone en riesgo el mantenimiento de muchísimas pequeñas y medianas empresas y Catalunya es un país de pymes”, advirtió Turull, que también criticó el incremento de los costes laborales sin que eso “repercuta en una mejora salarial”. Turull también reprochaba a la ministra de Trabajo haber impuesto una medida sin hacer uso del “diálogo y la concertación social”.

“Reclamamos volver al diálogo social y continuar negociando, que se les ayude a sentarse y que no se muevan hasta que no lleguen a un acuerdo”, pidió el dirigente de Junts, que como única puerta abierta a la negociación habló de abordar el “agravio” a las empresas catalanas. “Abramos este debate […] desde la perspectiva de su impacto sobre la actualización según el IPC catalán de los salarios y, por tanto, de las pensiones. Y abramos al mismo tiempo el debate sobre la desproporcionada presión fiscal que al mismo tiempo sufren las pequeñas y medianas empresas en Catalunya”, añadió.

Desde Sumar, en todo este tiempo han mostrado optimismo acerca de una medida central para el espacio político. Creen que el choque con Junts se puede resolver con diálogo y relativizan el anuncio de la enmienda a la totalidad como una forma de negociar. Es cierto que pese a las amenazas el grupo catalán todavía no ha registrado formalmente su enmienda. El plazo para hacerlo está abierto desde hace ya dos semanas.

Aunque en Trabajo repiten que no van a “desvelar” las negociaciones sobre la norma, la vicepresidenta segunda ha reconocido que están dispuestos “acompañar” a las compañías que tengan que reducir más su jornada, entre las que ha destacado “las pequeñas empresas en el conjunto del país y de Catalunya”. Este acompañamiento, seguramente en forma de ayudas (que ya ofreció Trabajo en la mesa de diálogo social), parece ser otra de las formas de aproximarse a las patronales y, además, de tener un gesto especial con Catalunya, donde las pymes tienen un peso importante en su tejido productivo.

Aunque la idea sigue siendo que la reducción de la jornada salga antes de que termine el año –esa fue la pelea por los tiempos que libraron con el PSOE en el seno del Gobierno–, la tramitación se extenderá seguramente durante el próximo periodo de sesiones, al son que marquen los tiempos de Junts en una negociación que va camino de ser al menos tan dura como lo fue la reforma laboral en la pasada legislatura.