La Generalitat se escuda en la ley para no entregar las grabaciones de seguridad del Cecopi del día de la DANA que sí que usaron para eximir a Mazón

La Generalitat se escuda en la ley para no entregar las grabaciones de seguridad del Cecopi del día de la DANA que sí que usaron para eximir a Mazón

Compromís pide ante el Tribunal Superior de Justicia que el Ejecutivo autonómico aclare si ha borrado o no el contenido de las cámaras del Centro de Emergencias de l’Eliana después de que la conselleria niegue la solicitud de documentación

La Generalitat borra las cámaras del Palau del día de la DANA pero difunde las del centro de Emergencias que protegen a Mazón

El Gobierno valenciano no aclara si mantiene o no las grabaciones del circuito de videovigilancia del Centro de Emergencias de l’Eliana correspondientes al 29 de octubre, día en el que se celebró el gabinete de crisis que debía analizar las medidas de prevención y actuación ante la DANA que azotaba las comarcas valencianas. El Ejecutivo autonómico empleó una de las imágenes de esa jornada para ilustrar la llegada del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y defender que no había participado de los momentos más críticos del Cecopi porque entró cuando ya se había enviado el sistema de alerta a los teléfonos móviles de todos los ciudadanos de Valencia. Meses después, y pese a reiteradas solicitudes de documentación de la oposición, el Consell del PP no ha facilitado las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Ni siquiera termina de aclarar si se mantienen o no, al contrario que las del Palau de la Generalitat, que fueron borradas a los quince días.

En una respuesta parlamentaria remitida este 3 de junio, la conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama vuelve a denegar información sobre las cámaras del centro de coordinación de emergencias relativas a la fatídica jornada. Irónicamente, su departamento se remite a la ley de transparencia para no facilitar la documentación. Compromís solicitó la “copia literal y completa de cualquier informe relativo al borrado de la grabación de las cámaras del centro de emergencias de l’Eliana el día 29 de octubre de 2024”. La respuesta de la Generalitat dice: “No puede atenderse su petición de acuerdo a la ley 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en relación a la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y resto de la normativa concordante”. Y hasta ahí.

Previamente, los valencianistas reclamaron la “copia de la grabación de todas las cámaras de seguridad en zonas de acceso o salida al Centro de Emergencias de l’ Eliana el día 29 de octubre de 2024”, amparándose en el reglamento de la Cámara de peticiones de documentación, a lo que el Consell respondió: “La solicitud de documentación no hace referencia a datos, informes o documentos administrativos”. Y volvió a negarla.

La falta de respuesta evidencia el doble rasero del Ejecutivo valenciano, que sí utilizó una imagen de aquella jornada -concretamente, un pantallazo- para tratar de eximir a Mazón de responsabilidad o mando en la emergencia. En la respuesta que envió el Consell al requerimiento de la jueza que investiga la causa, difundida por la agencia Efe, se adjunta un fotograma del presidente entrando en el edificio a las 20.28 horas, cuando el mensaje ‘Es Alert’ ya se había enviado, con la finalidad de expresar que el presidente no había participado en la toma de decisiones. Se trata de un informe firmado por el coordinador de Prevención y Emergencias de la Generalitat basado en imágenes de las cámaras del sistema de seguridad del recinto de l’Eliana, que se difundió a finales de febrero, cuatro meses después de la DANA. El informe indica que el centro “dispone, dentro de las medidas de seguridad existentes, de un sistema de videovigilancia (CCTV) con diversas cámaras fijas y móviles, tanto en el exterior como en el interior de sus dependencias” y que consta de dos videograbadores donde se almacenan las imágenes en tiempo real, las 24 horas los 365 días.

El informe, elaborado por un responsable de Seguridad de la Agencia de Emergencias, está fechado el 18 de febrero, casi cuatro meses después de la DANA, lo que indica bien que se conservaron las imágenes, bien que se realizaron pantallazos de forma preventiva. La vigilancia del Centro de Coordinación de Emergencias corre a cargo de una empresa de seguridad privada y se rige por otra norma, al ser una infraestructura crítica. De hecho, el pasado enero el Consell aprobó un contrato de emergencia para “refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) situado en L’Eliana, con un importe de adjudicación de 6.070,02 (IVA incluido) a la empresa Med Seguridad SA”.

En cambio, las cámaras ubicadas en el Palau de la Generalitat vieron borrada la información tan solo 15 días después de la riada. Así lo apuntó el secretario autonómico de Transparencia en una respuesta parlamentaria al PSPV y lo recalcó poco después la vicepresidenta y portavoz del Consell, que remitió a un informe de la jefa de seguridad del Palau, a la que cargaron con esta responsabilidad. El texto, un documento de apenas un folio, recoge la legislación vigente en protección de datos y uso de videocámaras e informa de que “en estos momentos las videocámaras del Palau de la Generalitat conservan las imágenes un máximo de 15 días. Pasado este tiempo y salvo que hayan sido requeridas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la forma prevista por la Ley, estas se borran. El procedimiento de borrado se da por la superposición de nuevas grabaciones a las ya existentes”.

La ley prevé que se puedan entregar las grabaciones de forma voluntaria “cuando las mismas se encuentren relacionadas con hechos delictivos”. En la primera semana tras la DANA ya había diligencias judiciales abiertas para investigar las víctimas mortales y se cuestionaba la actuación de Mazón y su Consell al frente de la emergencia. En la nota de la responsable de seguridad no se indica si de manera preventiva se guardó algún dato relativo a esa información. La inspectora jefa, cesada recientemente en este cargo por una sentencia junto a otros tres mandos, está propuesta por la comisaria jefa de la Unidad para ser condecorada con la medalla al mérito policial.

Ante la negativa del Ejecutivo valenciano a facilitar las grabaciones o los informes relativos a su contenido, la coalición Compromís ha presentado un recurso contencioso en el Tribunal Superior de Justicia por vulneración del derecho a la información y a los derechos de los diputados.