La mayoría conservadora del Consejo Fiscal impone un informe crítico con la reforma de la Fiscalía
El órgano otorga por unanimidad amparo al fiscal anticorrupción José Grinda, señalado en los audios de Leire Díez
El Gobierno propone que el mandato del fiscal general no coincida con el suyo y blinda sus nombramientos
El Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, aprobó este viernes un informe crítico con la reforma del Estatuto de la Fiscalía promovida por el Gobierno. La mayoría conservadora del órgano impuso su criterio y dio su respaldo a un texto que hace una valoración crítica de la iniciativa que, entre otras medidas, establece que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno, que es el encargado de su elección, informan fuentes fiscales a elDiario.es.
Los seis representantes de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —que tienen mayoría en el órgano— lograron imponer sus tesis en el dictamen finalmente aprobado. Los representantes de estas asociaciones entienden que el anteproyecto concede unos “poderes exorbitantes” al fiscal general del Estado sin diseñar los contrapesos necesarios en el seno de la institución, informa Europa Press. Los dos representantes de la de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han anunciado que formularán votos particulares al discrepar de la posición de la mayoría.
Las asociaciones de tendencia conservadora que impusieron su mayoría están entre las convocantes del paro previsto para el próximo miércoles contra esta reforma y la que modifica el acceso a la carrera. La AF, mayoritaria en la carrera, cuestiona que la reforma suponga “concentración de poder” en la figura del fiscal general que el Gobierno defiende precisamente como una vía para blindar su independencia respecto al Poder Ejecutivo. También afirma que “se impone un modelo jerárquico extremo, sin contrapesos, contrario a los estándares del Consejo de Europa”.
La reforma también regula la relación del fiscal general con el Ejecutivo y prohíbe expresamente que el Gobierno central o los de las comunidades autónomas soliciten que el Ministerio Fiscal promueva cualquier tipo de actuación en procedimientos concretos. La nueva norma fija un régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la citada ley y que van desde estar casado con alguna de las partes o haber ocupado un puesto en el que haya tenido “conocimiento del objeto del litigio” y se haya podido formar una opinión “en detrimento de la debida imparcialidad”.
Amparo al fiscal José Grinda
El órgano también acordó por unanimidad conceder el amparo solicitado por el fiscal anticorrupción José Grinda tras el audio de la exconcejal socialista Leire Díez que revela que él era una de las personas sobre las que ella buscaba información para usarla en su contra. Linda es un veterano de la Fiscalía Anticorrupción que ejerce la acusación en el ‘caso del 3%’ de Convergència.
