Barcelona endurece la guerra contra Airbnb: «Vamos contra quien pone pisos sin licencia a disposición de los turistas»

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cargado duramente contra Airbnb, a quien ha acusado de haber “empeorado su actitud” en lo relativo a la “lucha contra la ilegalidad de los pisos turísticos que operan sin licencia”. Durante la mañana de este martes, el consistorio se ha reunido con los máximos responsables de la plataforma para abordar la situación. “No estamos satisfechos”, ha espetado el alcalde.

“Tienen comportamientos arcaicos y dilatorios”, ha acusado Collboni, en referencia a que, en base al actual acuerdo que tiene el Ayuntamiento con la plataforma, según el cual Airbnb se compromete a eliminar los pisos turísticos sin licencia que haya detectado el consistorio previa comunicación postal a la sede de la plataforma en Irlanda.

Este acuerdo funcionó bien hasta esta Semana Santa de este año. Ese mes, el Ayuntamiento realizó la comunicación como de costumbre, pero la plataforma no cerró esos anuncios de manera inmediata, tal como venían haciendo. “Tardaron dos meses y fue necesaria una denuncia pública para que empezaran a cumplir el acuerdo”, ha afeado la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet.

Por ello, en vista de esta “involución” el consistorio ha propuesto un nuevo acuerdo. El funcionamiento será el mismo, pero se basará en el decreto que entrará en vigor el 1 de julio en el conjunto del Estado que obliga a realizar un registro único y público para las licencias de pisos turísticos.

Este cambio coincide con una nueva normativa europea que coordinará el alquiler turístico en el conjunto del continente. Es la misma UE quien pide a los Estados miembro que usen un modelo de ventanilla única para poder coordinar la lucha contra los pisos ilegales y España es de los primeros que responde.

“El funcionamiento de común acuerdo es lo mejor para no acabar judicializando la relación”, ha apuntado Collboni, quien no descarta emprender las acciones “necesarias” en “los campos administrativos, civiles o incluso penales que contemple el marco normativo estatal y europeo” si Airbnb no cumple los requisitos del acuerdo. “Vamos contra quienes ponen pisos sin licencia a servicio de los turistas, pisos en los que deberían vivir ciudadanos”, ha insistido Collboni.

La amenaza de acciones legales lleva planeando sobre la relación de ambos actores desde hace años. La última fue cuando Airbnb se negó a retirar estos 800 pisos, pero finalmente no se llegó a materializar. La única represalia que ha habido hasta la fecha ha tomado forma de multas y sanciones. En este cambio, Barcelona fue pionera en 2016, cuando impuso una multa de 600.000 euros. Pero la multa fue recurrida por Airbnb y todavía no los ha cobrado.

Desde entonces, sólo ha habido otra multa, en 2018 y de 30.000 euros. “No queremos reuniones, queremos sanciones”, ha espetado Janet Sanz, líder de los Comuns en Barcelona, partido responsable de las sanciones que ha habido hasta la fecha. “El PSC nos hace perder el tiempo. Airbnb ha hablado claro: para ellos la vivienda es un negocio y sólo cumplirá la ley si hay sanciones”, ha dicho.

Airbnb se ve como “cabeza de turco”

Por su parte, Airbnb considera que el alcalde de Barcelona utiliza como “cabezas de turco” a la plataforma y al alquiler turístico. En un comunicado coincidiendo con la reunión que han mantenido con el consistorio, la empresa señala a los hoteles y a los operadores turísticos como “principales impulsores” del “turismo de masas”.

La empresa insiste que, durante la reunion, han ofrecido al Ayuntamiento su “apoyo” para que la regulación de Barcelona permita a los residentes ofrecer su casa “de manera ocasional” y afean que la normativa municipal es “arbitraria” y “draconiana”.

Insisten en la “contradicción” de que Collboni quiera endurecer las regulaciones sobre el alquiler turístico pero que, a la vez, “defienda la abertura de 5.000 habitaciones de hotel en la ciudad”.

El director general de Airbnb, Jaime Rodríguez, apunta a que las “extensivas restricciones impuestas sobre las viviendas de uso turístico han hecho poco para mitigar los problemas” y recuerda que, el año pasado, Catalunya recibió 8,5 millones de visitants de un solo día, así como 3,6 millones de pasajeros de cruceros y que, por tanto, no pernoctaron en la ciudad. “Sólo estas dos cifras ya superan los huéspedes que se alojaron a través de Airbnb en el mismo periodo”, ha remachado.

Igualmente, expone que el alquiler turístico “beneficia directamente a los ciudadanos y las familias locales” y que permiten alternativas de turismo asequibles mientras que el precio de los hoteles “se ha encarecido en un 33%”.

Sin pisos turísticos en 2028

En Barcelona hay unos 28.000 anuncios de pisos activos -20.000 de los cuales son de Airbnb-. Cada mes, entre altas y bajas, se cuentan unos 2.500 anuncios nuevos y, de entre ellos, se detectan entre 300 y 400 ofertas ilegales gracias a un equipo de técnicos y a un sistema de spider web que rastrea las plataformas y detecta que las irregularidades.

Se calcula que sobre el 4% de los anuncios disponibles son ilegales, según datos del Ayuntamiento, que se encuentra en plena batalla contra esta actividad. Tanto que solo hasta abril de 2025 realizó 3.200 inspecciones, incoado 633 expedientes, iniciado 213 sanciones e impuesto 330 órdenes de cese.

La capital catalana inició en 2017 una campaña contra las residencias turísticas ilegales. Fue una de las batallas insignia de Ada Colau y el actual alcalde Jaume Collboni le ha tomado el relevo. En estos ocho años, se han cerrado más de 15.000 anuncios y se han incoado más de 11.500 expedientes.

Desde el Ayuntamiento aseguran que la mayoría de plataformas reaccionan “rápido” y desactivan los pisos ilegales “en menos de 24 horas”. Booking es la que más se ha comprometido, llegando a crear un canal de comunicación directo con las administraciones para que puedan comunicar anuncios ilegales y hasta han contratado una persona que solo trabaja para Barcelona. Pero el peso de plataformas como Booking y sus 3.000 anuncios en Barcelona es nimio.

Por eso, cuando el Ayuntamiento inició su campaña contra las viviendas turísticas ilegales, en 2017, supo que debía intentar cooperar con la compañía americana. Así que un año después firmó dos convenios. Uno por el cual tenían acceso a los datos de la plataforma -aunque poco después se descubrió que no eran de utilidad ya que Airbnb no comprueba los datos de sus usuarios y muchos usan nombres y documentación falsa. El otro es el convenio actual, que comprometía a la empresa a cerrar los anuncios ilegales en un plazo de entre 5 y 10.

El acuerdo funcionó bien hasta hace poco, coincidiendo con que el Gobierno anunciara que abría un expediente sancionador contra la empresa precisamente por negarse a cerrar anuncios ilegales. Este gesto, unido al cambio de normativa respecto al registro único y al compromiso de acabar con los pisos turísticos en Barcelona de cara a 2028, es lo que el consistorio atribuye al “cambio de actitud de Airbnb”.

“El mensaje es claro: nadie está por encima de la ley ni de la voluntad democrática de una ciudad que ha decidido el modelo de turismo y de políticas de vivienda que defiende. Una empresa no nos va a decir cuál ha de ser nuestro modelo”, ha espetado Collboni.