Nueve de cada diez ciudadanos apoyan que las empresas de combustibles fósiles paguen impuestos por daños climáticos
Una encuesta en 13 países diferentes revela que el consenso en España supera la media global (81%) y considera insuficiente la acción del Gobierno frente al poder de las grandes compañías energéticas
Las grandes empresas de combustibles fósiles ganan millones apostando contra leyes de protección medioambiental
Consenso ciudadano: el que contamina debe pagar. Es lo que revela una encuesta internacional realizada por Greenpeace y Oxfam Internacional en 13 países diferentes según la cual el 89% de la población en España respalda la creación de impuestos para que las empresas de gas, petróleo y carbón paguen por los daños derivados del cambio climático, como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales.
Los datos españoles, además, superan la media global (81%) y la europea (77%), según el estudio demoscópico lo que refleja un acuerdo social poco habitual en cuestiones fiscales y ambientales.
El estudio, realizado entre mayo y junio de 2025 en 13 países entre los que, además de España, están incluidos Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Kenia, Italia, India, México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, con unas 1200 personas encuestadas en cada uno, muestra que la demanda de responsabilidad climática hacia las grandes empresas energéticas trasciende edades, niveles de ingresos y afiliaciones políticas. Incluso entre votantes de partidos tradicionalmente contrarios a subir impuestos, la mayoría se muestra a favor de estas medidas. De acuerdo con el informe, estos resultados son coherentes con otras encuestas que señalan que más del 80% de la población española demanda más políticas climáticas por parte de sus Gobiernos, también con un amplio consenso social.
Críticas a la influencia de las grandes empresas
La encuesta también pone de manifiesto la desconfianza ciudadana hacia el poder de las grandes empresas contaminantes y las grandes fortunas en la política. Un 67% de los encuestados en España considera que estas compañías y multimillonarios ejercen una influencia negativa en la política nacional, mientras que un 72% opina que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para limitar su poder.
Para Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, estos datos lanzan un mensaje claro: “La gente ya no se cree las mentiras de la industria de los combustibles fósiles. Ven la culpa de las grandes petroleras detrás de las tormentas, inundaciones, sequías e incendios que destruyen sus vidas, como la trágica DANA de Valencia, y quieren que estas empresas asuman su responsabilidad”, ha subrayado durante la presentación del estudio realizado por Dynata.
Otro de los resultados más destacados de la encuesta es que el 88% apoya que los ingresos generados por estos nuevos impuestos se destinen a compensar a las comunidades más afectadas por la crisis climática.
Por su parte, Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, ha acusado a estas corporaciones de lucrarse con la devastación climática. “Saben desde hace décadas el daño que sus productos contaminantes causan a la humanidad y su afán de lucro está destruyendo las vidas y medios de vida de millones de mujeres, hombres y niños, sobre todo en el Sur Global, que son quienes menos han contribuido a la crisis climática”. Asimismo, remarcaba la importancia de incorporar un nuevo impuesto a las, industrias contaminantes ya que podría proporcionar “apoyo inmediato y significativo a los países vulnerables al clima, e impulsar la inversión en energías renovables y una transición justa”.
Los resultados de este estudio han sido presentados durante las negociaciones de Bonn sobre Cambio Climático (SB62).
Llamamiento global
Junto a la encuesta, se ha presentado el Polluters Pay Pact, una alianza global de comunidades afectadas por desastres climáticos que exige a los gobiernos que las empresas de petróleo, gas y carbón paguen por los daños que causan mediante nuevos impuestos y sanciones. El pacto cuenta con el respaldo de más de 60 ONG y colectivos de todo el mundo, incluidos trabajadores de servicios de emergencia, sindicatos, alcaldes y demandantes judiciales en casos climáticos emblemáticos.
La campaña busca conseguir apoyo popular y llevar la demanda de “que los contaminadores paguen” a foros internacionales clave durante 2025, como la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla y la COP30 sobre cambio climático.
