Nuevo intento de desalojo en Las Sabinas, uno de los poblados chabolistas más antiguos de la Comunidad de Madrid

El poblado chabolista de Las Sabinas se encuentra entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos, a orillas del río Guadarrama, y su existencia se remonta a hace más de 25 años. Desde entonces, su población no ha dejado de crecer. Actualmente, en la zona gestionada por el Ayuntamiento de Arroyomolinos se ha puesto en marcha un plan de derribo de las infraviviendas y realojo de las familias. Por el momento, según informa el consistorio, se han demolido 31 chabolas –previo desalojo– y se ha ofrecido a sus ocupantes el acceso a apartamentos de alquiler social, con la intención de demolerlas todas.

Aunque desde Arroyomolinos aseguran que ya se han iniciado los trabajos de limpieza, basta con recorrer el camino de tierra que atraviesa el poblado para comprobar que aún permanecen montañas de basura y escombros acumulados tras los trabajos de demolición que concluyeron el pasado miércoles 11, en pleno parque regional, un espacio natural protegido por la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, la inquietud se extiende entre los vecinos, que denuncian no haber recibido información oficial sobre cuál será su futuro.

Tras el desalojo de algunos vecinos de la Cañada Real, a partir del año 2000 muchos se asentaron en Las Sabinas, lo que contribuyó al aumento de su población. No obstante, la zona conocida como Sabinas Sur (también llamada Ribera de San Pedro) comenzó a configurarse mucho antes, en la década de 1960. Su particularidad es la convivencia de viviendas legales —construidas antes de que el terreno fuera declarado Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y zona no urbanizable— con infraviviendas ilegales edificadas posteriormente.

María Ángeles, en la puerta de su domicilio.

María Ángeles vive desde hace más de 50 años en una casa de ladrillo rojo con una pequeña piscina, un huerto y sus propias gallinas. A su alrededor se levantan varias chabolas autoconstruidas. A pesar de abonar los impuestos correspondientes, no recibe ningún servicio municipal. La ausencia de recogida de basuras le obliga a desplazarse en coche hasta un contenedor, recorriendo un camino difícil y peligroso para incorporarse a la A-5 y recorrer unos siete kilómetros. Tampoco dispone de alcantarillado, ni calzadas asfaltadas, obtiene agua de su propio pozo y, desde 2019, tampoco recibe servicio de Correos.

Mari, otra vecina de una de las viviendas consideradas legales del poblado recuerda un episodio ocurrido en noviembre del pasado año, cuando su padre sufrió una urgencia médica. Tuvieron que llamar a una ambulancia, pero el acceso al poblado resulta tan complicado que el vehículo sanitario no pudo atravesar el estrecho sendero que lleva a su vivienda, y la familia se vio obligada a trasladarlo en su propio coche. Su sensación es la de estar “marginados”. “Nos han querido vender como una zona marginal de delincuencia y no es real. Una cosa es que los ayuntamientos y las administraciones nos tengan viviendo como nos tienen, y otra cosa es que seamos personas normales”, denuncia.

La zona, “peor que nunca”

Ahora mismo, Mari asegura que el paisaje está “peor que nunca”. El paseo habitual por el sendero de tierra ha cambiado. Más allá de la impactante imagen de la basura acumulada los saludos entre vecinos suenan todos parecidos. “¿Pero tú no te habías ido? Yo pensaba que te habían dado casa”, pregunta Mari a María Amparo.

Ella vive en una chabola rodeada de basura, escombros, muebles y colchones abandonados en medio del campo, y explica que no puede permitirse pagar un piso de alquiler social: “Sí, iban a dar casas. Pero 300 euros para pagar una habitación en un pueblo que quién sabe dónde me van a mandar. Yo llevo ya 20 años desde que compré esto, yo ahí vivo más o menos, no vivo de lujo, no tengo agua, no tengo luz, vivo. Lo que puedo”.

Una situación que comparten otros vecinos del asentamiento, quienes aseguran no haber recibido ninguna comunicación oficial sobre los derribos y los realojos. “Dicen que todo el mundo está avisado de todo, y nadie sabe de nada”, cuenta Mari.

Este periódico ha solicitado al Ayuntamiento de Arroyomolinos información sobre la situación de las viviendas legales e ilegales en Las Sabinas, el estado de los trabajos de limpieza tras los derribos, las medidas para evitar nuevas construcciones y el procedimiento de notificación a los vecinos afectados. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta.

Algunas de las acumulaciones de residuos son difíciles de explicar únicamente por los derribos. Raúl Navarrete, técnico forestal y miembro de Ecologistas En Acción, lleva años denunciando el abandono de esta zona verde protegida y asegura que algunos “autónomos y pequeñas empresas” lo utilizan como vertedero. Explica que la ubicación del poblado, al lado de la autovía A-5, propicia que se acerquen con sus furgonetas para tirar escombros, chatarra u otros residuos y ahorrarse las tasas de vertido en vertederos: “van allí, bajan, tiran y se van. A veces, incluso de noche”.

Basura en las orillas del río Guadarrama.

A menudo, los residuos acaban en el río, incluidos los techos de algunas de las chabolas, hechos de amianto (comúnmente conocido como uralita), un material contaminante y potencialmente cancerígeno. Ante la imposibilidad de tirar este material tóxico en cualquier parte, debe pasar unos estudios, lo cual ralentiza el proceso y hace que antes de hacer estos exámenes, la infravivienda vuelva a ser ocupada por otra familia. Raúl, de Ecologistas En Acción, muestra su preocupación sobre esta particularidad, y el Ayuntamiento todavía no responde sobre cómo procederá a este respecto.

Las complejidades de los realojos: un fracaso burocrático

La mayor demanda de los ecologistas y vecinos colindantes es el realojo de los habitantes de Las Sabinas. Tanto por salubridad, como por seguridad, como por legalidad, lo que pedimos es que se desaloje de una vez“, pide Raúl. Hasta el momento, la evidencia es que los realojos –el último de ellos, de 2023– no han sido efectivos para que desaparezcan las chabolas del Guadarrama.

En 2017, el exalcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, achacaba el crecimiento de la población a un “efecto llamada” que provocaban, precisamente, estos realojos. Ruipérez explicaba que, según él, algunas familias ocupaban las infraviviendas con el objetivo de que, seguidamente, las administraciones les proporcionasen un alquiler social. Sin embargo, los convenios de realojo tienen unas condiciones por las que no todos son candidatos a recibir un piso de alquiler social. Solo las familias que cumplan esos requisitos —como un mínimo de años de residencia y estar censados antes de una fecha determinada— pueden optar a una vivienda. Por esta razón, muchas familias han quedado fuera de los realojos en el pasado y permanecen en el poblado.

Según el último dato oficial recogido en el convenio de realojo entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid firmado en 2023, en todo el poblado viven 160 familias, pero no existen censos más recientes. Por lo tanto, el realojo no incluiría a quienes hayan llegado después.