Contratos, nombramientos y ceses bajo sospecha: los polémicos movimientos en la cúpula del Puerto de Valencia

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, nombró a Mar Chao López como nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) el 19 de septiembre de 2023. Chao ejercía hasta ese momento como jefa de Desarrollo de Negocios de la APV en su segunda etapa en el organismo valenciano. Anteriormente, había ejercido como directora de Explotación de Puertos del Estado, como responsable de Transporte Multimodal en Inditex y como directora comercial y de Desarrollo de Negocio de la propia APV entre 2017 y 2021.

Nombrada principalmente para dar el último empujón a la aprobación de la polémica ampliación norte, lo que se rubricó oficialmente en el consejo de ministros del 19 de diciembre de 2023 con una inversión pública de 656 millones de euros, las decisiones que ha ido tomando desde entonces han generado enorme preocupación tanto en seno de la APV, como en sectores empresariales y hasta en diferentes organismos estatales. Sin embargo, tanto su nombramiento como en su caso el cese competen al Consell, que de momento no ha abordado la situación.

Y es que, una de sus primeras medidas ya fue toda una declaración de intenciones: Chao acabó con las ruedas de prensa que todos los meses ofrecían sus antecesores en el cargo (Aurelio Martínez primero y Joan Calabuig después) al término de cada reunión del consejo de administración del organismo, para dar explicaciones de los diferentes asuntos tratados. Tras esta maniobra, han venido un carrusel de contratos y nombramientos cuestionados por diferentes entidades y la gran pregunta que se hacen los diferentes organismos, administraciones y sectores relacionados con la Autoridad Portuaria es: “¿Qué está pasando en el Puerto de Valencia?”.

Requerimiento de la Comisión de los Mercados de la Competencia

Tal y como informó elDiario.es, la APV dejó sin efecto en diciembre del pasado año un contrato que adjudicó dos meses antes por importe de 160.930 euros (IVA incluido) a Andràs Abogados, asesoría ubicada en Barcelona. El objetivo era crear una suerte de departamento de recursos humanos externo al que ya tiene el organismo portuario.

Sin embargo, un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia remitido a la APV el pasado 22 de octubre, advirtió de que los pliegos licitados podían incurrir en una limitación del derecho a la pública concurrencia. Dicho de otra forma, que las condiciones estaban redactadas de una forma más que ventajosa para la empresa finalmente adjudicataria que, de hecho, fue la única en presentarse al procedimiento. El requerimiento de la Comisión era el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el juzgado contra la APV, por lo que finalmente desistió.

A juicio por el supuesto amaño de plazas

La APV se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 3 de julio por el supuesto amaño de un proceso selectivo por el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera, tras una denuncia del sindicato UGT. Y no es el único que tendrá lugar, puesto que, si no hay cambios, el 1 de octubre de 2026 habrá otra vista por el mismo motivo por la selección de Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras.

Como avanzó este diario, ambas fueron rescatadas del Consorcio Valencia 2007, ente público que gestionaba la Marina de València, hasta su liquidación. El resto de personal despedido acertó ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la Autoridad Portuaria los nombres de las dos adjudicatarias. También está judicializado el nombramiento de Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio. Aunque abandonó su puesto, la causa judicial sigue vigente.

Presuntas incompatibilidades en contratos adjudicados

Como avanzó esta redacción, la APV adjudicó un contrato de 225.000 euros por la gestión de los viajes a Europa Travel, empresa cuya consejera delegada es la vicepresidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Eva Blasco, amiga íntima de la presidenta de la APV, Mar Chao, quien se ausentó del consejo de administración que adjudicó el servicio por esta relación personal con Blasco. Sin embargo, acabó firmando el contrato el vicepresidente de la APV y jefe de la patronal CEV, Salvador Navarro. Pese a todo, según la APV, no se detectó “ninguna situación de conflicto de interés”.

Pero no es el único contrato adjudicado en situaciones cuanto menos llamativas. Tal y como avanzó The Objective y ha confirmado elDiario.es, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de enero del pasado año, puso de relieve una posible incompatibilidad al detectar que Federico Torres, jefe de Transición Energética de la APV, participó de forma directa en la adjudicación de un contrato de instalación de placas fotovoltaicas sobre el Muelle Príncipe Felipe adjudicado a la UTE Pavasal-Pavener a finales de 2022 por tres millones de euros. Torres compartía negocios con uno de los subcontratistas de la obra fiscalizada, Aris Nova SL, encargada de integrar el software de la instalación fotovoltaica.

El informe subraya que esta vinculación empresarial “comprometía el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones del afectado de la APV desde el inicio de la participación en el proyecto de dicha sociedad subcontratista”. Sin embargo, fuentes de la APV consultadas por elDiario.es aseguran que durante los meses de enero y febrero de 2024, se realizó la instrucción por parte de la Comisión Antifraude del Puerto, en aplicación de los procedimientos internos, y se concluyó que “el potencial conflicto identificado es indirecto y de carácter personal del responsable del contrato con uno de los subcontratistas” y que Torres alegó al respecto “desconocimiento de los subcontratistas que iban a intervenir en la obra” puesto que en el proceso de subcontratación no interviene la APV. Así, la Comisión Antifraude “no vio indicios de que este conflicto de interés indirecto supusiera una alteración del proceso de contratación”.

Cese ocultado al consejo de administración

Otro de los asuntos que ha generado malestar en el seno del consejo de administración es la falta de información clara respecto a los cambios que se han producido en la dirección de la obra de la ampliación norte. En concreto, sobre el cese de Marcelo Burgos como uno de los directores de la obra, junto a Manuela Grass y Fernando Sánchez Villena.

Preguntada por este asunto, la alcaldesa de València, María José Catalá, dijo públicamente la semana pasada que no tenía constancia de este cambio, como tampoco otros miembros del consejo consultados por este diario. Consultadas fuentes oficiales de la APV al respecto, han explicado que Burgos “no ha sido cesado”, puesto que “sigue cumpliendo sus funciones como Jefe de Gabinete Técnico de Presidencia, asistiendo en cuestiones técnicas relativas a la ejecución de infraestructuras y siendo el responsable de otros contratos de relevancia” relacionados con la integración ferroviaria de la futura terminal.

Además, han comentado que “en la sesión del Consejo del 13 de mayo se trató la actualización de la composición de la Dirección Facultativa de las obras de la ampliación norte que quedaría formada por la subdirectora de Infraestructuras, Manuela Grass, y el Jefe de Dominio Público, Fernando Sánchez Villena”, pero en ningún momento se hizo alusión a Marcelo Burgos. Otras fuentes consultadas por esta redacción aseguran que se trata de un cese de dirección facultativa de la obra y lo achacan a su negativa a firmar la primera certificación de la obra, certificaciones que requerían de la firma de los tres directores.